El juez federal en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli frenó una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que obligaba a Papel Prensa a cobrar por su insumo el mismo precio tanto a los grandes clientes como a los pequeños diarios del interior. La medida –ahora bloqueada–- fue presentada por Amado Boudou, ministro de Economía, como una forma de evitar “la concentración en la oferta periodística”, en una clara referencia a La Nación y Clarín, los dos socios mayoritarios de Papel Prensa, donde el Estado tiene una participación de 27,46 por ciento. Los socios privados apelaron la decisión del Ejecutivo señalando la “inconstitucionalidad de la medida”, argumento que fue utilizado por Marinelli al dictar su resolución. El abogado patrocinante de Papel Prensa es Juan Carlos Cassagne, el mismo letrado de Martín Redrado. El próximo paso del Ejecutivo será la apelación.

El argumento que utilizó el juez federal para dictar la medida cautelar fue que Guillermo Moreno, secretario de Comercio interior, no tiene facultades para erigirse como autoridad de aplicación de la Ley de Abastecimiento. “Esta ley no faculta al Poder Ejecutivo a establecer un precio uniforme”, señaló Marinelli en su resolución. Además, el juez sostuvo que “no hay pruebas de desabastecimiento ni abuso de posición dominante”, como denunció Boudou, el pasado 6 de enero, durante una conferencia de prensa.

El ministro de Economía fue el responsable político de presentar esta medida –en el mismo día se informó sobre una multa para Telefónica S.A. y se anticipó el cronograma de desinversión para Telecom Italia–. “La integración vertical de las compañías editoras que son accionistas de Papel Prensa (Clarín y La Nación) y la concentración de la oferta no debe servir para desarrollar posiciones monopólicas. Papel Prensa podría haberse utilizado para cercenar la libertad de prensa, dado que la política de precios, asignación de papel y crédito y cobro habrían favorecido a algún medio en detrimento de otro”, señaló Boudou.

El Ejecutivo había realizado esta presentación ante numerosos editores periodísticos de diferentes provincias del país, nucleados en la organización Diarios y Periódicos Regionales de la República Argentina (Dypra). La entidad viene reclamando en distintos ámbitos oficiales que Papel Prensa les cobra el insumo entre un 50 y 100 por ciento más caro que lo que abonan los dos accionistas privados.

Como consecuencia de la resolución oficial, publicada en el Boletín Oficial el pasado 7 de enero, Papel Prensa recurrió a la Justicia para solicitar la “nulidad e inconstitucionalidad” de la medida. Además de la cautelar que se conoció ayer, Marinelli fijó en su fallo que “correspondería observar en la actualidad un criterio más bien restrictivo en la admisibilidad a la aplicación de la Ley de Abastecimiento, dado que con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, ya no sería admisible la subdelegación de competencias delegadas”.

Papel Prensa tiene como abogado patrocinante a Juan Carlos Cassagne, el mismo letrado administrativista que ocupa sus horas laborales en defender a Martín Redrado. Además de trabajar para el ex titular del Banco Central, Cassagne fue procesado en 2008 por defraudación al Estado por su participación, como director, en la firma Thales Spectrum. El letrado también ocupó un lugar en la extinta Aguas Argentinas.

El conflicto con Papel Prensa comenzó cuando Guillermo Moreno, secretario de Comercio interior, denunció ante el fuero Penal Económico irregularidades en las actas de la compañía, al mismo tiempo en que Boudou aseguró que los accionistas mayoritarios de la papelera favorecían a sus respectivas empresas.