El juez federal Norberto Oyarbide habilitó la feria judicial para investigar la denuncia que hizo Martín Redrado a raíz de que el domingo la policía le impidió ingresar al edificio del Banco Central, en el microcentro porteño. La presentación, según precisó su abogado Gregorio Badeni, está planteada contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el vicepresidente de la entidad monetaria, Miguel Pesce. El fiscal Luis Comparatore pedirá hoy una batería de medidas preliminares para evaluar si hay elementos como para impulsar la causa. El Gobierno, a su vez, contraatacó con una nueva denuncia propia contra el ex Golden Boy.

“El presidente del Banco Central sigo siendo yo”, insistió Redrado. En declaraciones al diario Clarín, también había amenazado con revelar las “listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares”. Sus advertencias, de todos modos, se convirtieron en la base de una nueva denuncia del Gobierno en su contra por “posible encubrimiento”. Fernández dijo que “como todo funcionario público” tenía “la obligación de denunciar un hecho de esas características” por tratarse, todo indicaría, de un posible delito. La propia Cristina Kirchner anunció que instruyó al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, para que hiciera una presentación judicial para que se determine si no se ejercieron “los controles necesarios sobre la compra de dólares”. Zannini recurrió ayer a la tarde a la Procuración General de la Nación, que hoy llevará el tema a tribunales (ver nota principal).

Oyarbide dijo que va a analizar “si los acontecimientos” señalados por Redrado “revisten la gravedad suficiente como para darle prioridad” a su denuncia contra el Gobierno. Por lo pronto, el magistrado le dio intervención al fiscal Comparatore, quien hoy pedirá, según anticiparon fuentes judiciales, por lo menos dos documentos básicos: el acta que se supone que se labró cuando Redrado quiso ingresar al BCRA el domingo y el fallo de la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo –integrada por las juezas Clara Do Pico y Marta Herrera– que modificó la medida cautelar que lo había repuesto en la presidencia del Central. El fallo del viernes último, a la vez, le advertía al Poder Ejecutivo que no puede nombrar todavía a un nuevo titular definitivo. Tendrá que esperar que se expida la comisión bicameral que comenzará hoy a tratar el decreto de necesidad y urgencia que desplazó al funcionario.

Redrado interpreta que la resolución de las camaristas no lo saca del cargo. El Gobierno sostiene que lo deja afuera al suspender y reemplazar la medida cautelar anterior dictada por la jueza María José Sarmiento, que lo había beneficiado. La teoría del abogado de Redrado, Gregorio Badeni, es que su cliente puede seguir ejerciendo la presidencia del BCRA porque la decisión de la Cámara “no está firme”. “El Poder Ejecutivo quiere, ilegalmente, impedir el ingreso del presidente a una institución autárquica”, argumentó el constitucionalista. Badeni responsabilizó a Pesce y Fernández. “Nos dijeron que esa orden había sido impartida por Pesce y que la acataban (la policía) porque venía de sus mandos superiores, el jefe de Gabinete”, detalló.

Si la denuncia de Redrado avanza, será precisamente Oyarbide quien deberá definir si estaba en su derecho o no de pretender entrar a la sede de la entidad monetaria. Si la comisión bicameral marcha a paso acelerado, tal vez el desenlace político llegue antes que cualquier conclusión de la justicia penal. El juez Oyarbide tiene otras denuncias vinculadas con el conflicto alrededor del BCRA y el uso de las reservas. Una es la que hizo el Gobierno a través del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, donde acusan a Redrado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, precisamente por no haber liberado los fondos para el pago de la deuda. Para el Ejecutivo, tuvo una actitud reticente. En otra, a la inversa, la Presidenta es la cuestionada por un abogado particular, por haber echado a Redrado a través de un decreto de necesidad y urgencia. Su Señoría habilitó la feria en todos los casos, pero las fiscalías se limitaron a pedir medidas previas a decidir si impulsan la apertura de una investigación propiamente dicha. La realidad es que en tribunales todo se va acomodando a lo que va pasando en la arena política. Es evidente que nadie se va a arriesgar a tomar ninguna decisión drástica si finalmente toda la discusión quedará saldada por el Congreso.