Desde Mar del Plata

Dos testigos de identidad reservada declararán hoy ante el fiscal general de esta ciudad, Daniel Adler, en el marco de la causa abierta por la denuncia de la organización La Alameda por la explotación sexual de mujeres que permanecen en situación de encierro y esclavitud en 92 prostíbulos que funcionan en Mar del Plata. Así lo confirmó a Página/12 el abogado Mario Fernando Ganora, que representa a la organización denunciante y que se reunió ayer con el fiscal marplatense. Como ya lo adelantó este diario, los casos de trata de personas no son nuevos en esta ciudad, donde la Justicia abrió, desde 2007, un total de 45 causas que siguen en trámite y en las cuales hay 15 personas procesadas, diez de ellas detenidas con prisión preventiva.

Los testigos que declararán hoy son los que hicieron una investigación, con cámara oculta, en la cual varias mujeres sometidas a explotación sexual relatan que mientras algunas son obligadas a cumplir 13 o 14 horas diarias de trabajo en los lugares de citas, otras virtualmente están las 24 horas del día a disposición de los proxenetas. Esas chicas, en su mayoría extranjeras que son traídas desde Paraguay, República Dominicana y otros países, viven en los prostíbulos y muchas veces, en sus horas de descanso, son obligadas a levantarse y atender a los clientes, según testimonios recogidos en los videos realizados.

Ganora resaltó que los prostíbulos –se estima que en Mar del Plata habría cerca de 400– están en manos de “organizaciones de tipo criminal que se sienten tan poderosas que se atreven a torcerle el brazo al Estado”. El abogado comparó estos casos con los de los talleres clandestinos de explotación laboral de extranjeros que fueron denunciados también por La Alameda. Ganora sostuvo que estas organizaciones, con su accionar, ponen en evidencia que el poder político “no tiene fuerza” y que la policía “está muchas veces involucrada” en los hechos que se investigan.

Al hacer una evaluación de lo que está ocurriendo en la materia, en el país y en el mundo, Ganora recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló que en materia de explotación sexual y laboral se está volviendo a situaciones similares a hechos que sucedían antes de la década del cincuenta. Ganora subrayó que “la explotación sexual de la mujer sigue, a pesar de que se ha modificado esa ética tradicional que separaba a las mujeres entre las que estaban destinadas a la reproducción y aquellas que eran instrumentos de placer. Se pensó que la emancipación femenina iba a terminar con este flagelo, pero ahora apareció un nuevo modelo de sexualidad masculina que busca el placer en la mercantilización, para luego no asumir ningún tipo de responsabilidad”.

El problema, según Ganora, se complica en cuanto a sus posibles soluciones porque “hay una evidente participación policial en estos delitos, mientras que hay poca decisión de la Justicia y no hay una decisión política real que apunte a ponerle fin a la trata de personas. Hay que tomar medidas políticas reales, porque no basta con modificar el Código Penal o con adherir a convenios internacionales”.

En el año 2002, el juez federal Pedro Hooft investigó y proceso a más de una decena de policías involucrados en casos de extorsión a prostitutas e incluso en los asesinatos de tres mujeres dedicadas a esa profesión. Los juicios terminaron con condenas leves acordadas entre la fiscalía y las defensas, en juicios abreviados. Desde 2007 se abrieron 45 causas en las que hay diez detenidos y cinco procesados en libertad por delitos relacionados con la prostitución y con la Ley de Migraciones. Diez de los involucrados son hombres y cinco mujeres que, en la mayoría de los casos, comenzaron como explotadas y luego pasaron a trabajar como encargadas de los prostíbulos.

Entre los detenidos hay un policía, René Obdulio Villagra, que regenteaba una casa de citas junto con su mujer, que también está presa. Al principio ambos estaban en diferentes dependencias policiales, hasta que se comprobó que sus compañeros los dejaban salir de sus celdas para que fueran a la casa en la que vivían. Por eso fueron llevados a cárceles comunes, en donde hoy esperan ser sometidos a juicio oral. Hoy a las 10 de la mañana, organizaciones locales y de otros lugares del país se concentrarán frente al edificio de la Fiscalía General, en Viamonte y Colón, para reclamar que se investiguen a fondo los delitos que fueron denunciados.