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La Justicia suspendió el aumento de tarifas de servicios públicos para los usuarios de todo el país, al hacer lugar a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación contra el decreto que autorizó las subas para la electricidad y el gas. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, confirmó que el Gobierno apelará los fallos y advirtió que si no se establece un nuevo cuadro tarifario el sistema puede colapsar. La misma advertencia fue hecha por la Asociación de Generadores de Electricidad.
El fallo de la jueza Susana Córdoba se conoció poco antes de que el Gobierno formalizara su apelación al fallo emitido el martes último por el juez Ernesto Marinelli, que suspendía los incrementos sólo para los usuarios de la ciudad de Buenos Aires y después de que el Ministerio de Economía anunciara que elaborará una iniciativa para que las subas tengan aval parlamentario dentro de la Ley de Emergencia (ver aparte).
La jueza en lo contencioso administrativo hizo lugar a un recurso presentado el 4 de diciembre último por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, contra el decreto 2437/02, que autorizó a las empresas concesionarias de electricidad y gas a aplicar aumentos promedio de entre el 7 y el 9 por ciento para los usuarios residenciales.
En ese recurso, Mondino había considerado “irrazonable e ilegal” el aumento establecido por el decreto presidencial, al que calificó como “violatorio” de la Constitución Nacional. Ahora, con el dictamen de la jueza, las subas permitidas por el decreto se frenarán temporariamente y el Gobierno tendrá 48 horas para presentar su apelación.
Según explicó el defensor del Pueblo adjunto, Jorge Cermesoni, las empresas de servicios públicos no podrán incrementar sus tarifas durante el tiempo que se mantenga la suspensión dictada por la Justicia, y las facturas de este mes deberán regirse por los cuadros tarifarios previos al decreto que autorizó las subas.
Cermesoni agregó que el fallo “abarca a todos los usuarios de gas y electricidad”. “Por ahora quedan suspendidos los aumentos y después esto entrará en la etapa de apelaciones, que quedará en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, dijo el funcionario. “Estamos muy contentos, porque los fundamentos del pedido eran importantes y se basaban en la ilegitimidad del decreto por no haber sido planteado a raíz de una audiencia pública”, agregó.
Por su parte, Atanasof confirmó que serán apelados los fallos en primera instancia, “pero sepamos que esto”, dijo en alusión a la decisión judicial que frenó los reajustes, “traba todo, no sólo los aumentos mínimos que fijó el Gobierno, sino que también se ha trabado de alguna manera la negociación que se lleva adelante con los contratos globalmente”. El jefe de Gabinete señaló que “las decisiones que se toman hoy” en materia de tarifas, “tienen consecuencias también en el futuro”. “En esta materia –aseguró–, nosotros actuamos con la responsabilidad del caso, y si no se discute el cuadro tarifario y un plan de inversiones el sistema puede tener dificultades, puede colapsar en el futuro.” Advirtió entonces que “no sólo lo dicen las empresas, también hay una preocupación por parte de los trabajadores ocupados en empresas de servicios públicos, y esto debe tenerse en cuenta”.
En tanto, la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica advirtió que en el mediano plazo el país sufrirá una crisis energética si no se ajustan las tarifas y no se restablecen reglas claras en los contratos de ese servicio. “Llevamos once meses sin respuestas y en estas condiciones no se pueden pagar los gastos en mantenimiento, los seguros ni las deudas”, subrayó el presidente de la asociación, Enrique Badaracco. Señaló que la situación del sector “es insostenible” en vista de la “baja rentabilidad” de las empresas, que mantienen suspendidas sus inversiones.
“No hay nuevos planes para aumentar la potencia energética instalada y esto acarreará problemas en el suministro y una crisis en el mediano plazo”, puntualizó. Badaracco destacó que las empresas están de acuerdo en que el ajuste de las tarifas debe excluir a la población empobrecida porla crisis económica y se lamentó de que se haya instalado “un falso conflicto de intereses” con los consumidores del servicio. “Con los precios de Argentina no hay forma de sostener a las empresas, que afrontan deudas en dólares y deben pagar en la misma moneda y al contado la compra de repuestos para sus equipos”, se quejó.