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El proceso de aumentos de precios en alimentos y bebidas no encierra muchos misterios. El factor relevante es la elevada concentración de la producción y comercialización. También tiene influencia importante que los principales bienes de exportación integran la canasta de alimentos de la población. Por esos motivos, en la economía local las tensiones en precios tienen una característica estructural, como también las disputas con grupos económicos cuando se intenta una política de control de precios y con el complejo agroexportador por la intervención en la formación de precios internos vía retenciones. Las subas periódicas de esos productos básicos del hogar derivan en la existencia de inflación en el debate público. Para abordarlo se requiere entonces un diagnóstico apropiado para avanzar con rigurosidad analítica. Se sabe que la inflación es un tema muy estudiado en la literatura económica mundial y que en Argentina existen varios masters graduados por la extensa historia de inestabilidad. También existen coincidencias en que el dogmatismo de una única causa y receta no facilita la comprensión de ese fenómeno económico. Pero esa complejidad no habilita a especialistas de la ortodoxia y de la heterodoxia cómoda en el conservadurismo a ocultar aspectos esenciales del actual ciclo de aumentos de precios. Uno de ellos es su fuerte componente estructural. Si no se precisan las fuentes de las subas se corre el riesgo de aplicar medidas equivocadas, con elevada probabilidad de generar un mayor daño que el pretendido evitar. En esa línea se inscriben las propuestas de ajuste fiscal y de moderación en la política de ingresos. Esas iniciativas tienen el vicio de plantear un escenario construido en el deseo, con supuestos que revelan anteojeras ideológicas y, por lo tanto, con recomendaciones que no atacan el fondo de la cuestión. Hoy, la economía no registra subas generalizadas que se constituirían en un firme proceso inflacionario. El problema principal se encuentra en los precios de alimentos y bebidas.

Por eso resulta peculiar que se instale como condición indispensable para encarar esa cuestión resolver el conflicto en el Indec. Como posición política es entendible, pero carece de elementos consistentes para comprender la presente etapa de alza de precios. Esa idea deposita una exagerada ponderación en la formación de expectativas sociales, que por cierto tiene relevancia en términos generales, pero que es marginal en este caso. La pérdida de credibilidad de la información estadística oficial es una profunda debilidad para diseñar una política económica. Pero de ahí a considerar que la crisis del Indec es el motor del alza de precios y que una eventual resolución lo frenaría es una observación un tanto pretenciosa, dejando abierto un inmenso bache técnico. En esos especialistas existe una exagerada convicción acerca de que si se superara la situación en el Instituto, el Indice de Precios al Consumidor se desaceleraría porque mejorarían las expectativas. Esta concepción encierra la idea de que las expectativas de los agentes económicos, a las que considera “racionales”, son el ordenador de la economía, corriente de pensamiento que ya ha demostrado su fragilidad.

Si el Indec fuese la llave maestra para controlar un proceso de alza de precios en alimentos y bebidas, la experiencia argentina realizaría una vez más una contribución original al estudio académico de la inflación. Como no es así, los especialistas obsesionados con el destino del Instituto no terminan de explicar por qué suben esos precios. Señalan que el gasto sube mucho, que la demanda presiona sobre los precios, que la inestabilidad política afecta el funcionamiento de la economía. En realidad, son todos conceptos políticos, a los que los economistas del establishment se han habituado frente al arduo desafío de emprender el estudio del actual proceso económico.

Las ideas predominantes en la ortodoxia y en cierta heterodoxia son conceptos que desembocan en lugares comunes conservadores, que quedarían al descubierto si se los interpelara en el debate público. Sostienen que el aumento sostenido de la demanda está presionando sobre los precios, sendero que termina apuntando a la existencia de la Asignación Universal por Hijo, a los aumentos en las jubilaciones y a los reclamos de mejoras salariales. Aquí es donde debería aparecer el interrogante para esclarecer conceptos. Esos mismos expertos aseguran que la situación social es dramática, con niveles de pobreza del 40 por ciento, como dibujó el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, con un relevamiento telefónico que no alcanzó los 400 casos, para facilitar el discurso de la cúpula política de la Iglesia. También afirman, sin más elementos que su propio anhelo de que la realidad se acomode a su gusto, que la desocupación y subocupación es más elevada que la difundida oficialmente. Aseguran, además, que la informalidad laboral sigue siendo considerable. Después de describir ese conmovedor cuadro social y laboral, sentencian que los reclamos salariales impulsan la inflación. Para desafiar ese análisis contradictorio, con ese escenario calamitoso, ¿dónde está la demanda que presiona sobre los precios? Es evidente la inconsistencia de ese grupo de economistas. Hay algo que no encaja en ese análisis.

Más sencillo sería admitir que la situación social ha mejorado y que aún falta bastante para alcanzar umbrales de dignidad para amplios sectores de la sociedad. Y, a la vez, que en ese trayecto de mejora se exterioriza una intensa puja distributiva con grupos concentrados de la economía que pretenden preservar tasas de ganancias extraordinarias vía aumentos de precios en lugar de invertir para ampliar la frontera de producción. Esto es lo que ignoran esos economistas enmascarados en un saber técnico que se revela profundamente político. Ocultan así el papel del poder económico.

La indudable crisis del Indec distrae esa discusión. El corazón del problema de precios se encuentra hoy en el capítulo Alimentos y Bebidas. El resto de los ajustes, que inquietan a cierta clase media, no mueven en forma sustancial el Indice de Precios al Consumidor, además de que otros precios tienen variaciones poco significativas, como las tarifas de los servicios públicos. Una investigación realizada hace cuatro años por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que resultaría oportuna su actualización, brinda un material relevante para el estudio de mercados claves de la canasta del hogar. Unos pocos ejemplos son contundentes:

- 2 empresas concentran el 89 por ciento de las ventas de pan lactal en el país.

- 2 empresas, el 84 por ciento de las gaseosas y colas.

- 2 empresas, el 77 por ciento de la leche chocolatada.

- 2 empresas, el 78 por ciento de las galletitas saladas.

- 3 empresas, el 100 por ciento de las ventas de cervezas.

La concentración y las grandes compañías forman parte del desarrollo del capital en todo el mundo. No es una característica exclusiva de la economía argentina, pero sí lo es su escasa regulación y la existencia de un desarticulado marco institucional de negociación con empresas que ejercen posición dominante. Si esas compañías operan en espacios estratégicos, el Estado no debería estar ausente. En todos los países existen esos mercados concentrados. La diferencia es que el Estado negocia con firmeza con esos grupos. Créditos a tasas subsidiadas, diferimientos impositivos, promoción industrial, política de fomento para ganar mercados externos, entre otras iniciativas de fomento, deberían estar en la mesa de negociación con esos grupos. El punto de partida sería plantear el compromiso de garantizar el abastecimiento interno por precio y cantidad o, en caso contrario, la pérdida de esos beneficios. Esta estrategia es lo que hacen otros países, con previsible conflicto, para transitar el camino de la estabilidad en los sensibles precios de alimentos y bebidas.

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