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Producción: Tomás Lukin

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Una deuda pendiente

Por Germán Quaranta *

El sector agropecuario de nuestro país se distingue por los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo que se reflejan en los bajos salarios, la inestabilidad laboral, el predominio del trabajo no registrado y los altos índices de accidentes de trabajo. Los empleos que escapan, en alguna medida a estas condiciones, corresponden a un conjunto restringido de ocupaciones como los operadores de maquinaria agrícola o los trabajadores permanentes con algún nivel de calificación, situaciones mayormente presentes en la región pampeana.

En los últimos años, el sector experimentó el crecimiento del trabajo registrado, debido fundamentalmente al blanqueo de ocupaciones existentes. Igualmente, el crecimiento del empleo registrado en el sector entre los años 2003-2008 (36 por ciento) fue sensiblemente inferior al del conjunto de la economía (58 por ciento). Si consideramos los 329 mil puestos de trabajo registrados en 2009 y los comparamos con el –al menos– millón de asalariados ocupados en el sector, nos acercamos a la magnitud del empleo no registrado en el agro, que por lo menos afecta al 70 por ciento de estos trabajadores. La remuneración promedio mensual de bolsillo del empleo registrado en el sector se ubica levemente por encima del salario mínimo vital y móvil, alcanzando los 1640 pesos, un 60 por ciento inferior al promedio general de la economía. Este panorama, inclusive, se agrava en producciones específicas en las cuales las remuneraciones son todavía inferiores a ese promedio, como –por ejemplo– las presentes en los cultivos industriales con un valor de 1200 pesos. Como se puede observar, la limitada formalización del empleo agropecuario no implicó necesariamente su desprecarización, ya que éstas igualmente conservan condiciones de inestabilidad, bajos ingresos y deficitarias condiciones de trabajo.

Estas condiciones se generan en un escenario caracterizado por los menores niveles de protección laboral y social que disponen los asalariados agrícolas en comparación con el resto los trabajadores. Esta situación desemboca en la tradicional restricción de la condición de ciudadanía de estos asalariados, limitando sus derechos y generando un status de ciudadano de segunda. La implementación de la Asignación Universal por Hijo y la reforma del Régimen Nacional del Trabajo Agrario (Ley 22.248), sancionado por la última dictadura militar, son medidas que favorecen la corrección del doble estándar de protección social y laboral que afecta a los asalariados del agro.

En esta dirección, los lineamientos del proyecto de reforma del Régimen Nacional de Trabajo agrario del Poder Ejecutivo se orientan a mejorar las condiciones de contratación y de trabajo de la actividad, acercando los derechos de los trabajadores a los vigentes en la Ley General de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, la incorporación de la modalidad de contrato de trabajo permanente discontinuo al conjunto de las actividades agropecuarias junto a las modificaciones establecidas en la jornada de trabajo, estableciendo las 8 horas diarias y las 44 semanales, que implica el pago de horas extras, mejora las condiciones de contratación del trabajo transitorio. Estas medidas ayudan a desprecarizar las ocupaciones al mejorar las remuneraciones de estos trabajadores y limitar la flexibilidad de contratación ejercida por las empresas.

Otra medida orientada a mejorar las ocupaciones de los trabajadores temporarios corresponde a la implementación de un servicio de empleo en el marco de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral, con el fin de contrarrestar el empleo no registrado y favorecer el vínculo entre la oferta y la demanda laboral. Se prevén medidas destinadas a proteger a los trabajadores contratados por diferentes intermediarios que operan en la actividad y avanzar en la desprecarización de la subcontratación. Para favorecer la regularización del empleo se establecen incentivos a los empleadores, reduciendo por un período determinado, los aportes patronales.

Otro aspecto es la eliminación de las restricciones al derecho a huelga presentes en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Y la incorporación de un capítulo específico referido a la formación profesional de los trabajadores, reflejando los cambios acontecidos en el mundo del trabajo del agro traducidos en crecientes requerimientos de competencias y calificaciones laborales.

La implementación de una nueva ley de trabajo agrario, que equipare los derechos laborales de los trabajadores agrícolas con el conjunto de los trabajadores, es una deuda de nuestra sociedad y democracia que es necesario saldar. Dos cuestiones parecen centrales para su éxito: una redacción y reglamentación que sea capaz de responder a la heterogeneidad del sector y una aplicación que cuente con un adecuado respaldo de fiscalización y policía de trabajo.

* Investigador del Conicet-Area Emlpeo y Desarrollo Rural, CEILPiette/Conicet.

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Trabajo esclavo

Por Ariel Lieutier *

Es un hecho conocido y aceptado por todos que en las relaciones de trabajo de la industria de indumentaria lo que prima es la informalidad. No obstante, dentro del gran paraguas de la informalidad se esconden situaciones que implican condiciones de trabajo mucho peores que la mera falta de registración. Efectivamente, en los talleres clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano se explotan migrantes, imponiéndoles condiciones de trabajo que rozan con la esclavitud.

En estos talleres, los trabajadores (los que en no pocas ocasiones han sido víctimas de trata de personas) deben laborar jornadas interminables, con bajísimos salarios, en condiciones de hacinamiento y ausencia de los mínimos requisitos de seguridad e higiene. A esto se le suma que, muchas veces, a los trabajadores se los somete a tratos brutales, se les retienen los documentos y no pueden salir libremente del taller, el que en ocasiones sirve también de vivienda. A partir de relevamientos realizados por distintas organizaciones de encargados de talleres, se ha estimado que sólo en la Ciudad de Buenos Aires habría cerca de 30.000 trabajadores en talleres clandestinos.

Las empresas formales del sector, incluso algunas de las que venden sus productos en los centros comerciales más elegantes de la ciudad, contratan a estos talleres como una forma de bajar sus costos. Los casos de Kosiuko y Cheeky, o más recientemente la denuncia que la organización social La Alameda realizó contra Awada (cuya dueña es la actual pareja del jefe de Gobierno, Mauricio Macri), son sólo algunos de los hechos más conocidos. Así, las empresas formales lucran con este sistema de producción, que ellas mismas fomentan, garantizándose la afluencia de prendas en tiempo y forma, a bajo costo; sin miramientos sobre lo que ello implica para los miles de trabajadores sometidos al trabajo esclavo.

Sin embargo, además de profundas consecuencias, materiales y subjetivas, que el trabajo esclavo supone para sus víctimas, la clandestinidad y la informalidad impactan también sobre el pequeño porcentaje de “afortunados” que realizan sus labores en blanco (diversos estudios, entre ellos el elaborado por el Profecyt y la UIA en el 2008, señalan que menos del 30 por ciento de los trabajadores del sector se encontrarían registrados).

La imposición de la clandestinidad y la informalidad como alternativa de producción, máxime con la masividad que se presenta en esta industria, deja en inferioridad de condiciones a los trabajadores que se desempeñan en el segmento formal a la hora de demandar mejores condiciones de trabajo; ya que en estas circunstancias aparece con fuerza la amenaza latente de que, ante presiones sindicales, las empresas podrían optar por la informalidad. Como resultado de ello, los salarios básicos del sector son de los más bajos de la actividad industrial, y apenas superan el salario mínimo vital y móvil, llegando para las categorías de costureros a un valor que oscila entre los 1500 y 1700 pesos por mes. Por otra parte, cabe señalar que en las negociaciones colectivas de los últimos años los trabajadores de la indumentaria han quedado rezagados frente a los de otros sectores, y es de esperar que esta brecha se continúe ampliando en el futuro.

La informalidad y la clandestinidad han contribuido a mantener bajos los salarios del sector: a raíz del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, las máquinas de coser trabajan contrarreloj para proveer al mercado de las prendas alusivas. Aquellos hinchas, que quieran y puedan, deberán abonar unos 299 pesos por cada camiseta oficial de la Selección Argentina. Ahora bien, los trabajadores en blanco que la confeccionan, reciben por cada camiseta apenas 4,65 pesos, es decir el 1,55 por ciento del valor de venta.

Entonces, si un costurero en blanco que trabaja para una de las marcas más importantes del mundo quisiera comprar una camiseta, debería trabajar casi una semana completa para poder acceder a ello. Esto demuestra no sólo los bajos salarios de los trabajadores formales y la asimetría existente entre el valor que generan y sus remuneraciones, sino que también permite dar cuenta de cuánto peor son las condiciones de aquellos que trabajan en un taller clandestino.

La ausencia de estrategia por parte de las organizaciones sindicales para combatir la informalidad ha tenido un alto costo para los trabajadores de los talleres clandestinos, pero también para los obreros registrados. La informalidad, la clandestinidad y el trabajo esclavo no sólo constituyen una alternativa de producción barata para las marcas de indumentaria, sino que desempeñan un rol análogo al del ejército industrial de reserva, manteniendo a raya las pretensiones obreras.

* Economista de la UBA-Coordinador del área de Trabajo y Empleo de la SID- Capítulo Buenos Aires.