El próximo 24 de agosto caducarán las facultades delegadas de aproximadamente 1900 leyes. Una de las estrategias que baraja el oficialismo es dejar caer esas facultades y conseguir un aval judicial para continuar aplicando las normativas que considere relevantes para su gestión, hasta tanto pueda llegar a un acuerdo con los demás bloques del Congreso. El Poder Ejecutivo envió a la Comisión Bicameral encargada de realizar el digesto de todas las normativas una lista con 365 leyes consideradas relevantes para su gestión. Por su parte, el grupo de juristas de la Bicameral elaboró un compendio de aproximadamente 270 normas. Sin embargo, para la oposición sólo deberían prorrogarse –como mucho– 40 leyes. Entre los temas más polémicos están todos los aranceles del código aduanero, la potestad de cobrar retenciones, los impuestos internos, la ampliación del presupuesto, la financiación de obras y la ley de abastecimiento, entre otras.

Por su parte, la oposición no sólo apuntará a modificar el régimen de las retenciones –el tema de mayor conflictividad política– y el código aduanero, sino que buscará dejar sin efecto algunas decisiones administrativas y resoluciones emitidas por el Ejecutivo durante el último año, que a criterio de la oposición deberían haber pasado por la Comisión Bicameral. Un caso podría ser la última suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, facultad delegada en el Ejecutivo y subdelegada en el Ministerio de Economía.

“Hay un clima muy raro, nadie habla con nadie. En este marco no se puede negociar”, afirmó a Página/12 una alta fuente de la conducción del FpV. Este estado de situación tiene que ver con la estrategia del conglomerado opositor de avanzar con la baja total de retenciones para la mayoría de los cultivos, sin discusión previa. “Una hipótesis, a modo de ensayo y error, es que el próximo 24 de agosto se caigan las facultades delegadas y que la Justicia avale algunas de ellas hasta tanto el Congreso se expida”, indicó a este diario otra fuente del FpV.

Tanto el oficialismo como la oposición están analizando los efectos jurídicos del día después al 24 de agosto. Por un lado, unos afirman que pasada esa fecha caerían las facultades delegadas pero sus efectos seguirían vigentes. Es decir, el Gobierno podría continuar con el cobro de retenciones pero no podría modificar alícuotas ni establecer nuevos gravámenes.

La otra mitad de la biblioteca considera que pasado el plazo, las leyes con facultades delegadas dejarían de tener validez. “Ello significa que todas las normas preexistentes a la reforma constitucional que conceden facultades delegas como así también aquellas normas dictadas sobre la base de tales autorizaciones carecerán de vigencia”, afirmaron los legisladores opositores en su informe técnico elaborado para la comisión Bicameral.

Las leyes que están bajo estudio son de dos tipos: las delegadas en el Poder Ejecutivo y por lo tanto ejercidas por la presidencia de la Nación y el jefe de Gabinete, y otras que son subdelegadas. Estas son aplicadas por diferentes organismos públicos, como la AFIP, la Oncca, el Ministerio de Economía, etc. La distinción no es menor. Cuando el año pasado se prorrogaron las 1900 leyes, se incluyó un artículo donde se obligó al Ejecutivo a enviar a la Bicameral todas las iniciativas comprendidas en las facultades subdelegadas. La consecuencia fue que este año ya ingresaron al Congreso una serie de DNU sobre temas arancelarios del Mercosur, los cuales deberán ser investigados y revisados por los legisladores.

Además de poner el foco en las retenciones, la oposición apuntará a las leyes con facultades subdelegadas, como por ejemplo el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que debería publicarse en el Boletín Oficial con dos resoluciones. El cobro de este impuesto es una facultad delegada en el Ejecutivo y subdelegada en el Ministerio de Economía.

Según indicaron fuentes de la oposición a este diario, el famoso Grupo A pondrá la lupa sobre una serie de resoluciones y decisiones administrativas que deberían haber pasado por la Bicameral durante el último año. “Hay muchas facultades subdelegadas que no pasaron por el Congreso tal como se estableció el año pasado. Buscaremos que esas leyes dejen de tener efecto luego del 24 de agosto”, indicaron varios referentes de la oposición a este diario.

Sin embargo, los bloques opositores saben que dejar al Ejecutivo sin ninguna facultad delegada es una medida inviable, aunque desde lo discursivo muestren posiciones de máxima. “Ningún gobierno puede gobernar sin facultades”, reconocieron desde la Coalición Cívica la semana pasada, durante uno de los encuentros del Grupo A. “Vamos a delegar lo que esté acorde a la Constitución”, manifestó Paula Bertol (PRO) en su informe a la Bicameral. “La mayoría de la oposición juega con las chicanas políticas. Los sectores que creen que pueden ser gobierno, como los radicales, no están tan seguros de ir por todo”, concluyó a este diario una alta fuente del oficialismo.