La candidata para el Tribunal Superior de Justicia porteño de Mauricio Macri, Daniela Bruna Ugolini, está nuevamente en problemas. Fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por haber emitido un dictamen como fiscal de Cámara a favor de los abogados católicos que querían anular un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El problema es que no existía un fallo de primera instancia que les permitiera apelar ni eran parte en el expediente. Ugolini está acusada de mal desempeño por Damián Bernath, uno de los maridos de ese casamiento. Por lo mismo, la camarista Mabel Daniele también presentó una denuncia contra el presidente de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Esteban Centanaro.

Luego de que la jueza Elena Liberatori fallara a favor del casamiento entre Damián Bernath y Jorge Salazar, la Corporación de Abogados Católicos se presentó como un regimiento para apelar la medida. Tenían, sin embargo, un pequeño inconveniente: no eran parte del proceso. La única figura que podría caberles es la de acompañar a una de las partes, pero ni la fiscalía ni el feliz matrimonio habían apelado. Los católicos no podían apelar si las partes no lo habían hecho. La jueza les preguntó a las dos partes si aceptaban la intromisión de los católicos en el expediente y ambas respondieron que no. Luego le solicitó a la Corporación que explicaran a qué parte estaban acompañando, algo que no contestaron.

En cambio, sin que la magistrada resolviera la cuestión, los abogados católicos se fueron “en queja” a la Cámara de Apelaciones. Lo cual ya es llamativo, porque no se puede recurrir a una instancia superior si no hay un fallo que apelar. Aunque esto parezca de sentido común, Centanaro, el presidente de la Cámara, intentó hacer lugar al pedido de los abogados católicos. Su colega, la camarista Mabel Daniele, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por sustraerle el expediente y no permitirle pronunciarse. Para esa maniobra judicial contó con la inestimable ayuda de Ugolini.

La cruz y la toga

En Tribunales se sabe que Centanaro y la fiscal suelen actuar en tándem. El 30 de abril, Centanaro le corrió vista a Ugolini para que “se pronuncie exclusivamente respecto de la competencia”. Ugolini le devolvió una respuesta ambigua: “Sobre la cuestión planteada he tenido la oportunidad de expedirme en un caso análogo al presente, que en copia íntegra se acompaña y a cuyos argumentos me remito por razones de brevedad”, escribió la fiscal de Cámara. Como remitía un dictamen en el que desistía de la apelación, los abogados defensores interpretaron que Ugolini no avalaba la iniciativa de Centanaro. Lo mismo pensó la camarista Daniele, que pidió que el expediente volviera a primera instancia.

Pero no. Centanaro volvió a solicitarle a Ugolini que “manifieste si el dictamen sólo se refiere a la cuestión de la competencia”, es decir, si el tribunal estaba habilitado para fallar. En una torsión de lo que había dicho, Ugolini aseguró que sí, que ella se refería “exclusivamente a la competencia como fue requerido”.

De esta forma, Ugolini, en lugar de desistir de la demanda –como había hecho en primera instancia la fiscal María del Carmen Giocco–, avaló una jugada de Centanaro, que busca declarar la incompetencia del fuero contencioso administrativo y enviar todo el expediente al fuero civil de la Nación, donde Centanaro mantiene una relación más que cercana con los jueces Félix de Igarzábal y Martha Gómez Alsina, contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ambos jueces están, además, denunciados ante el Consejo de la Magistratura nacional por anular fallos de otro fuero, como si fueran una instancia superior.

En la denuncia que presentó ante el Consejo de la Magistratura porteño, la abogada Florencia Kravetz, que representa al marido Daniel Bernath, señaló que “se ha configurado mal desempeño por parte de la doctora Daniela Ugolini” y que esto ocurrió en un “procedimiento de alzada que en nada se condice con la normativa que lo regula”. Advirtió que Ugolini contradijo su posición anterior en otros fallos, que siguieron la línea dictada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de no apelar esos amparos. “En lugar de cumplir con las obligaciones que la ley le impone, cumple con las órdenes del presidente del Tribunal, violentando la autonomía que le es propia”, estimó la abogada, quien recordó que los fiscales no pueden recibir órdenes del juez, por lo que esto “solo ya configura mal desempeño”. También consideró que la candidata de Macri para el TSJ incumplió su obligación de defender la autonomía de la ciudad y que esquivó llamativamente su responsabilidad de pronunciarse sobre si desistía o no de la apelación.

En tanto, la jueza Liberatori declaró la caducidad del expediente: ya no quedaba nada que resolver y los abogados católicos lo dejaron abandonado para seguir su santa cruzada en segunda instancia. Esto dejó a Ugolini y Centanaro en una situación más que precaria: se siguen pronunciando sobre una causa cerrada. “La inactividad procesal que configura uno de los presupuestos de la caducidad significa la paralización del trámite judicial en forma continuada”, indicó Liberatori, quien no dejó de observar en su fallo que la estrategia de los abogados católicos tenía “el inequívoco objetivo de encontrar jueces que coincidan con sus preferencias ideológicas”.