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Producción: Tomás Lukin

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Aumentar los fondos

Por Nicolás Arceo y Mariana L. González *

Desde hace algunos meses se presentaron en el Congreso de la Nación varios proyectos de ley que plantean modificaciones, tanto al valor de la jubilación mínima como al mecanismo de actualización de los haberes (movilidad jubilatoria). A partir de estas iniciativas, llegaron a consensuarse algunos puntos básicos entre los distintos bloques opositores y la semana pasada la Comisión de Presupuesto del Senado emitió el dictamen necesario para habilitar su tratamiento. El punto más importante es el que propone que se fije el monto de la jubilación mínima en un valor equivalente al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

En la actualidad, el salario mínimo se ubica en 1500 pesos, de modo que si se aplicara esta propuesta la jubilación mínima ascendería a 1230 pesos. Ello representa un aumento de 335 pesos (37,4 por ciento) sobre el valor actual de la jubilación mínima, que es de 895 pesos. A su vez, también implicaría un aumento para los jubilados que actualmente cobran más de la mínima pero se ubican por debajo de los 1230 pesos.

Esta medida alcanzaría a unos 5 millones de jubilados y pensionados, ya que aproximadamente 4,2 millones están cobrando el haber mínimo y otros 800 mil reciben más que el mínimo pero menos de 1230 pesos. No resulta difícil calcular que dicho incremento requeriría de un flujo de fondos anual superior a los 20 mil millones de pesos para poder financiarlo. La cuestión acerca del financiamiento no es menor, aunque no es tomada en consideración en las propuestas presentadas por la oposición.

Entre las alternativas que se barajan aparecen los rendimientos que dan los activos que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Su uso, sin embargo, se enfrenta con varios problemas. Esos rendimientos provienen en buena medida de la valorización de los títulos y acciones que componen ese fondo; es decir, no se trata de fondos líquidos. Más aún, el 62 por ciento de la cartera del FGS se compone de títulos públicos. Por lo tanto, la venta de esos títulos y acciones –si efectivamente fuera realizable– tendría consecuencias negativas sobre el mercado financiero local. Además, si se utilizara la totalidad de los rendimientos del FGS se estaría impidiendo que el mismo se capitalice, de modo tal que se iría licuando su valor real con el correr del tiempo. Finalmente, hay que mencionar que las utilidades del FGS sólo cubrirían parcialmente el incremento, ya que se plantea un aumento del gasto de al menos 20 mil millones de pesos cuando éstos no alcanzaron los 8 mil millones de pesos en 2009.

Otra de las fuentes que desde algunos sectores se propone es el superávit corriente de la Anses, es decir, el sobrante de sus ingresos sobre sus gastos corrientes, más allá de los rendimientos del FGS. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para este año 2010 la Anses tendría un superávit estimado de 7500 millones de pesos, que estaría básicamente explicado por la contabilización como ingresos corrientes de los rendimientos del FGS. Es decir, el resto de los ingresos y las erogaciones brindarían un resultado equilibrado, lo que marcaría el fin del superávit que la Anses venía teniendo en los últimos años.

A partir de 2003, el sistema de seguridad social vio incrementados sus ingresos gracias al fuerte crecimiento del empleo registrado. En efecto, los aportantes al sistema pasaron de 5 millones en el primer trimestre de 2003 a casi 8,4 millones en el último trimestre del año pasado. Este proceso se vio robustecido a su vez por la recuperación que experimentaron las remuneraciones nominales durante este período. De este modo, se mantuvieron superávit en la Anses en todo este período, a pesar de que el número de beneficiarios se incrementó en casi 2 millones y las jubilaciones –en especial las mínimas– tuvieron una importante, aunque insuficiente, recomposición.

La ampliación del régimen de asignaciones familiares, así como el ajuste periódico de los haberes jubilatorios a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria implicarían una aguda disminución en el superávit del sistema previsional que, como se dijo, se estima que para este año obedezca íntegramente de las utilidades del FGS.

¿La inexistencia de un superávit significativo en la Anses significa que no deba o no pueda ser incrementada la jubilación mínima? En absoluto. Lo que marca es la necesidad de aumentar los fondos del sistema. En los años noventa, la reducción de las alícuotas de las contribuciones patronales supuso una significativa pérdida de recursos para el sistema de seguridad social, que sería equivalente, sólo en el año 2009, a una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos. Por lo tanto, un aumento de las alícuotas de las contribuciones patronales permitiría dotar de recursos genuinos al sistema para alcanzar un incremento en los haberes jubilatorios que sea sustentable en el tiempo. La restitución de las alícuotas de sus valores de inicios de los años noventa permitiría financiar casi en su totalidad el aumento en la jubilación mínima que supondría el atarla al 82 por ciento del salario mínimo.

* Investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina.

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Ignorancia o mala fe

Por Adrián González *

La oposición nucleada en el Grupo A se ha propuesto hacerle pagar al Gobierno el costo de sus propios desmanejos cuando, hace no muchos años, tuvieron a cargo la administración del país. El costo será fiscal si se accede a lo que plantea la avanzada opositora con más fundamentos electoralistas que técnicos en materia de seguridad social, o político si eventualmente el Gobierno decide vetar una medida destinada al aumento de las jubilaciones mínimas.

No es posible estar en desacuerdo con incrementar el monto de los haberes jubilatorios, mucho más si se trata de la prestación. Es un reclamo justo. Lo curioso es que quienes impulsan el proyecto son quienes contribuyeron a desfinanciar el sistema previsional a través de diferentes medidas por un lado, y quienes no hace mucho tiempo echaron mano al recorte de los haberes del 13 por el otro. Aquí es donde se advierte que la iniciativa opositora tiende más a impactar al Gobierno que a beneficiar a la clase pasiva.

Durante el año pasado, Anses obtuvo un superávit del orden de 3800 millones de pesos, bastante lejos de los 22.000 millones de pesos, que el Ministerio de Economía estima que sería necesario para subir la jubilación mínima hasta el 82 por ciento del salario mínimo.

Intencionalmente o por ignorancia aquellos que dicen que Anses cuenta con los recursos suficientes confunden los recursos provenientes de las ex AFJP con el flujo proveniente de la recaudación. En primer lugar, estos ahorros heredados del sistema de capitalización se encuentran dispersos en inversiones que las administraciones privadas hicieron a mansalva para obtener una renta de unos 12.000 millones de dólares. Convertir esas colocaciones en dinero no sólo llevaría años, sino que haría disminuir su valor en el mercado con la consiguiente pérdida de capital. Aún así, este ahorro serviría para abonar el ansiado 82 por ciento apenas por un período de 4 o 5 años.

En rigor, los 895 pesos de un haber jubilatorio mínimo resultan exiguos para atender las necesidades mínimas. Sin embargo, no puede dejar de observarse que desde 2003 a la fecha se produjo un aumento del orden del 500 por ciento medido en pesos y del 51 por ciento para aquellos que gustan medir todo en dólares. No es poca cosa.

Habrá que agregar también al haber gubernamental los casi 2,5 millones de personas que fueron incluidas en el sistema previsional que no contaban con los aportes suficientes por distintos motivos. La causa principal de esa insuficiencia se debía a su pertenencia al ejército de desocupados que dejaron los años noventa.

En Europa, a instancias del FMI y otros organismos internacionales, países como España y Francia debaten un aumento de la edad de retiro para dar sustentabilidad al sistema provisional en medio de una profunda crisis económica estructural. En nuestro país ya comenzaron a levantarse algunas voces neoliberales en ese sentido, que recaen nuevamente en un nuevo ajuste a la clase pasiva. Sus conclusiones los conducen a argumentar que para asegurar la sustentabilidad del sistema es necesario aumentar los impuestos o la edad jubilatoria, y optan por lo segundo. En efecto, Argentina aumentó la edad jubilatoria con la reforma previsional de 1994, pasando de 60 a 65 para los hombres y de 55 a 60 para las mujeres. La entonces ministra de Trabajo de la Alianza, Patricia Bullrich, implementó la suba para las mujeres hasta los 65 años a través de un decreto y por exigencia también del organismo multilateral. Decisión que luego fue anulada por la Justicia.

Una medida de esta naturaleza no sólo contribuiría a retrasar el goce del retiro, sino que afectaría la tasa de recambio generacional en la incorporación de jóvenes trabajadores al mercado laboral a quienes indudablemente habría que asistir con el seguro de desempleo. El síndrome de la frazada corta. Sin embargo, resulta interesante saber cuáles fueron las causas de la desfinanciación del sistema previsional. En este sentido habrá que revertir la reducción de los aportes patronales iniciada en 1994. Estas reducciones apuntaban a permitir la generación de trabajo registrado aunque finalmente sólo sirvieron para maximizar las ganancias empresarias. Mientras tanto, el desempleo ascendió al 23 por ciento en 2002, mientras que la latencia del trabajo no registrado pasó del 24 por ciento a más del 50 por ciento en plena crisis. Si el empleo informal se redujera a expresiones minoritarias –hoy se encuentra alrededor del 35 por ciento– se recaudarían unos 26.000 millones de pesos anuales en materia de aportes patronales, cifra que supera la estimación necesaria para poder aumentar al 82 por ciento del salario mínimo los haberes jubilatorios mínimos.

* Integrante Cemop.