La reunión del Consejo del Salario fue postergada ayer nuevamente por 24 horas, mientras las verdaderas negociaciones “siguen por afuera, y hasta que no haya acuerdo, no se sentarán”, precisó ayer una fuente de una de las entidades participantes, en relación con la actitud del Gobierno, la CGT y la UIA. La reunión de la comisión técnica, que había sido convocada a un horario más temprano para que volcara sus conclusiones al plenario del consejo, también se vio frustrada. Ni siquiera la CGT mandó a sus representantes, a la espera de los resultados de las reuniones o contactos paralelos que mantenían sus máximos dirigentes con representantes patronales y del Gobierno.

La comisión técnica del salario mínimo inició su sesión prácticamente con la exclusiva presencia de los representantes de la CTA y la UIA. La central sindical no reconocida formalmente (sin personería gremial concedida aún) fijó su posición, sosteniendo que, tanto en función del promedio de los mínimos de los salarios básicos de convenio como proporcionalmente con los salarios promedio de la economía, correspondería fijar el salario mínimo en el orden de los 2200 a 2340 pesos. La presentación patronal, de la que el titular del Departamento Legal de la UIA, Daniel Funes de Rioja, fue la cara visible, decidió no fijar posición formalmente. El Ministerio de Trabajo dispuso, en consecuencia, pasar a cuarto intermedio hasta hoy a las 15.

En cambio, el plenario del Consejo ni siquiera llegó a constituirse. Al no haber dictamen o conclusiones elevado formalmente por la comisión técnica, se resolvió postergar su convocatoria para hoy a las 17. Pero eso, exclusivamente desde lo formal. En términos más políticos, fuentes de la cartera laboral informaron que “continúan las negociaciones informales con ambas partes, por lo cual se acordó una nueva postergación”.

El ministerio aspiraba a llegar al plenario del consejo con una posición unificada, pero la búsqueda del consenso no logró su objetivo. “Las diferencias entre las propuestas obligó a abrir un cuarto intermedio, que las mismas partes solicitaron; el ministro (Carlos Tomada) evaluó la situación y, de común acuerdo, se decidió la postergación”, indicó una fuente oficial.

No quedó explicitado, sin embargo, cuáles son las entidades que participaron del acuerdo, ya que un comunicado emitido por la CTA pone clara distancia del mismo y responsabiliza al sector empresario por el fracaso. “Evidentemente, la suspensión de la reunión se debe a la intransigencia de los empresarios, que no están dispuestos a mejorar las condiciones de la clase trabajadora, gracias a la cual obtienen sus ganancias”, según señaló Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la CTA.

La postura de la CTA, con respecto al salario mínimo, es diametralmente opuesta a la planteada por Funes de Rioja. Este último había manifestado, el sábado último, que “el salario mínimo en Argentina no está atrasado, sino adelantado”, tomando en cuenta su evolución desde 2003 y su relación con respecto a otros países de la región. Por otra parte, opinó que su aumento no incide en los salarios en negro y que, por el contrario, subirlo significaría “agrandar la brecha” con los trabajadores en blanco.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, le respondió ayer. Antes de la fallida reunión en el Ministerio de Trabajo, había anticipado el monto de salario mínimo que pediría la central y reclamó “discutir otros temas relevantes, como el fantasma del salario mínimo vital de 1500 pesos en el sector rural, en el que ningún trabajador cobra esa cifra” y denunció que “en provincias del noreste y el noroeste hay una violación permanente de empresarios rurales y urbanos” en relación con el salario mínimo por ley. “Si no garantizamos que se cumpla, estamos haciendo una ficción”, concluyó.

Hoy se volverá intentar juntar a las representaciones obreras y patronales a una misma mesa con la parte oficial, para definir el salario mínimo para los próximos doce meses. Según los trascendidos, la UIA junto a otras cámaras empresarias (construcción, sector rural) sostienen la postura de no mover el piso salarial de 1500 pesos. La CGT demandaría un ajuste a 2000 pesos. La CTA, como fue dicho, reclama arriba de 2200, pero no participa en esa “mesa chica” que, por afuera del consejo, está tratando de definir el número. El gobierno nacional apunta a cerrar un acuerdo en torno de los 1800/1850 pesos (entre 20 y 23 por ciento de aumento), dejando abierta la posibilidad de que se otorgue fraccionado (aumento inicial inmediato, por ejemplo a 1650 pesos, y el otro escalón en tres meses). Pese a la postura hasta ahora inflexible de la UIA, hay confianza en la cartera laboral en llegar a una solución. Y hoy mismo. ¿Podrán?