Parte del dinero que Mauricio Macri consiguió en el mercado internacional para la ampliación de la red de subterráneos porteños ahora podría ser usado para otras obras: la Legislatura tratará hoy un proyecto del Ejecutivo que destina 150 de los 475 millones de dólares obtenidos por el Bono Tango a la construcción de 25 pasos bajo nivel y la ampliación del Puente Pacífico. La modificación se originó, según fuentes del Ejecutivo porteño, en las demoras para licitar las obras de subte y la necesidad de no tener tanto dinero ocioso. Desde la oposición se cuestiona el proyecto, primero porque “es una inversión que prioriza el transporte privado por sobre el transporte público” y, en segundo lugar, porque las obras van a ser gestionadas por AUSA, la empresa del Estado porteño a la que la Auditoría le reprocha falta de transparencia en el manejo de fondos.

El crédito de 475 millones de dólares había sido obtenido a fines de marzo por la gestión PRO mediante la colocación internacional de su Bono Tango, a devolver en cinco años, con una tasa anual del 12,5 por ciento, considerada elevada por la oposición. De ese dinero, unos 300 millones de dólares estaban destinados a la continuación de las obras de subterráneos, para ese entonces paralizadas, y la iniciación de tramos nuevos para extender la red. El resto estaba previsto para el Fondo de Infraestructura Social (Foiso), que involucra obras de infraestructura de salud, saneamiento y vivienda.

El dinero se obtuvo, pero los pliegos para las licitaciones de las obras del subte no estaban y, al parecer –comentan en los despachos de Bolívar 1–, tampoco van a ver la luz antes de 2011. A todo esto, el dinero por el que se paga una tasa nada despreciable está en poder del Banco Ciudad, que lo invirtió en letras del Banco Central (Lebac), que pagan una tasa del 12 al 13 por ciento anual, según fuentes del Ministerio de Hacienda porteño.

La redacción de esos pliegos es responsabilidad de Subterráneos de Buenos Aires, la empresa estatal a cargo de Juan Pablo Piccardo, y el Ministerio de Desarrollo Urbano, al mando de Daniel Chain. Justamente de ese ministro surgió la propuesta de realizar las obras para “mejorar la conectividad”, consistentes en la ampliación del Puente Pacífico y la concreción de 25 pasos bajo nivel en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, en los cruces ferroviarios de las calles Warnes, Crisólogo Larralde, Manuela Pedraza, Monroe, Mosconi, Donado, Holmberg, Olazábal, Cuenca y Chivilcoy, ente otras.

Según los fundamentos del proyecto, las obras permitirán “una sustancial mejora en el flujo vehicular, disminuyendo tiempos de recorrido, aumento de cantidad de vehículos que pueden cruzar en un tiempo determinado y mejora en las comunicaciones viales”. La asignación de fondos a AUSA, dice el proyecto, es “transitoria”, en carácter de préstamo, con vencimiento el 30 de marzo de 2014.

Desde la oposición salieron a cuestionar la iniciativa argumentando que el endeudamiento se autorizó para la ejecución de una obra de transporte público y “termina usándose para favorecer el transporte privado”, dijo a Página/12 el diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social. También cuestionó la intervención de AUSA que, según lo previsto, realizará la obra por el sistema de subcontratación: “AUSA es un agujero negro, no rinde cuentas de sus gastos y beneficios y hasta la Auditoría de la ciudad la cuestionó por no poder acceder a sus balances”, cuestionó Hourest.