Desde que el Gobierno implementó la Asignación Universal por Hijo (AUH), sectores de centroizquierda criticaron la iniciativa por considerarla insuficiente. Afirman que las restricciones al acceso que figuran en el decreto son “discriminatorias” y reclaman una “verdadera” universalidad. Un estudio reciente sobre el impacto de la AUH, elaborado por el Centro de Estudios distributivos, laborales y sociales (Cedlas) de la Universidad de La Plata, organismo que está lejos de ser considerado oficialista, coincide en que sería preferible promulgar un sistema más abarcativo, pero aclara que en la práctica es probable que casi la totalidad de la población menor quede cubierta por el beneficio actual, ya que es imposible controlar el cumplimiento de muchas de las exigencias prescriptas. Por ese motivo, el texto advierte que si se avanzara con un proyecto que no contemplara excluidos “las consecuencias en términos de alcance y universalización de la cobertura no van a ser significativamente diferentes de las derivadas del sistema recientemente promulgado”.

Los investigadores Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, autores de la investigación, llegan a esa conclusión luego de analizar el impacto que pueden tener las restricciones actuales. Por ejemplo, el decreto 1602/09 que creó la AUH excluye de ese beneficio a los hijos de trabajadores informales que perciben una remuneración superior al salario mínimo, pero en el texto se tilda a esa exigencia de “impracticable”. “Es probable que exista cierta autoexclusión de los informales con ingresos muy altos, pero difícilmente los trabajadores informales con ingresos medios –superiores al salario mínimo– decidan autoexcluirse o puedan ser detectados por las autoridades”, afirman Gasparini y Cruces. La norma también margina del beneficio a los jóvenes menores de 18 años que están emancipados o trabajan en empleos informales, aunque es prácticamente imposible para el Estado detectar esos casos.

También hubo quejas porque sólo reciben el beneficio los chicos que tienen DNI, pero el informe relativiza la seriedad de esa objeción porque el dinero que otorga el Estado es un fuerte incentivo para que los indocumentados regularicen su situación. Quedaría por flexibilizar la barrera para los chicos que van a escuelas privadas y para los hijos de monotributivas, pero se aclara que son cuestiones menores.

Luego de relativizar el carácter discriminador de la AUH, los investigadores estiman la cobertura del programa sobre la base de distintos supuestos que les permiten construir escenarios simulados. En el escenario 1, que calcula los beneficiarios excluyendo a los que no cumplen con los requisitos previstos en el decreto 1602/09, los chicos cubiertos por la AUH llegarían a 2,5 millones. Sin embargo, Gasparini y Cruces aseguran que “ese no es un escenario realista, dada la incapacidad práctica del sector público de verificar los ingresos de los informales”.

Por ese motivo, consideran que lo más probable es que se cumpla el escenario 2, donde todas las familias de desocupados o trabajadores informales son cubiertas por el programa. Ello elevaría el número de beneficiarios a 4,8 millones, casi el 75 por ciento de los niños pobres, mientras que el resto de los niños pobres son hijos de trabajadores registrados y estarían cubierto por el sistema de asignación formal. Si se contabiliza a los beneficiarios de la AUH en cantidad de familias, serían 2,4 millones, una cobertura 20 por ciento superior a la del pico del programa Jefes de Hogar en 2002/2003.

Estas proyecciones posicionan a la AUH como uno de los programas más significativos de la región. De hecho, su presupuesto es equivalente al uno por ciento del PIB, mientras que Bolsa Familia de Brasil tiene un presupuesto de 0,13 por ciento del PIB, Familias en Acción de Colombia de 0,12 y Oportunidades de México de 0,32 por ciento del PIB.

En el informe se calcula también el impacto de la AUH sobre los índices de pobreza, utilizando las líneas extrema y moderada oficiales de 2006, extrapoladas a 2009 a partir de un promedio de tasas de inflación reportadas por investigadores privados, dados los problemas de confiabilidad del IPC oficial. En el escenario 1, de aplicación estricta del decreto, la pobreza extrema caería de 6,9 a 3,2 por ciento y la moderada de 23,2 a 21,1 por ciento, mientras que en el escenario 2, donde las asignaciones se universalizan a todos los desocupados e informales, la pobreza extrema caería a 2,8 y la moderada a 19 por ciento. La reducción de la desigualdad también sería considerable. En el escenario 2, la brecha proporcional de ingresos entre el decil 10 y el 1 se reduciría desde 23,7 a 16,5, mientras que la participación del decil más pobre en el ingreso nacional crecería de 1,4 a 2 por ciento.

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