El derrumbe de Villa Urquiza se suma a una larga lista de hechos similares ocurridos en los últimos tres años, que acompañan de manera dramática el llamado boom de la construcción y los negocios inmobiliarios. En este caso, los que tendrán que responder son la empresa Desarrolladora Mendoza S.A. y el director de la obra, el ingeniero civil Guillermo Heyaca Varela, pero también los inspectores porteños que habrían recibido una denuncia del gremio de la construcción sobre falta de seguridad en la obra. De acuerdo con la información oficial, la empresa tenía permiso de obra y había pasado sin sanciones tres inspecciones originadas en al menos dos denuncias. Una de ellas, de la Unión Obrera de la Construcción, en junio último, aseguraba que faltaba “afianzar partes inestables” de la construcción y “apuntalar los muros medianeros”.

Todos los expertos estiman que el derrumbe se produjo por la falta de submuración de la medianera, un refuerzo que debe hacerse antes de la excavación. “Muchas empresas creen que, cuando la construcción vecina es baja, la pared va a soportar la excavación. Entonces no apuntalan la medianera, como una manera de agilizar la obra”, dijo a Página/12 el arquitecto Atilio Alimena, defensor adjunto del Pueblo porteño. Semejantes transgresiones empresarias y la consiguiente seguidilla de hechos que pueden derivar en tragedias probablemente obliguen a replantear el sistema de control de las obras en construcción.

El tema ya estaba en discusión en el gobierno porteño, donde está siendo cuestionada la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de Raúl Ríos, y la Dirección de Control y Fiscalización de Obras, cuyo titular es José Angel Báez, que depende de aquélla. Ríos es, además, vocal en la comisión directiva de Boca Juniors. Las denuncias de vecinos de Villa Pueyrredón –-un barrio vecino a Villa Urquiza– de que se siguen construyendo edificios de altura pese a los nuevos límites impuestos a las obras y a las clausuras pusieron a esa agencia en la mira.

Ayer, la Agencia Gubernamental de Control informó que la obra que habría originado el derrumbe “tenía un permiso otorgado en 2008 por la Dirección de Registro de Obras y Catastro, y una inspección realizada en mayo de este año, ante una denuncia por ruidos molestos, cuando todavía no se había abierto la excavación”, informó una fuente de esa dependencia. Más tarde, el secretario general del gobierno porteño, Marcos Peña, precisó que “el 8 de junio se hizo una inspección por falta de cartel de obra, y el 17 de junio y el 13 de julio otras dos por denuncias de la Uocra a la Dirección de Seguridad del Trabajo: en ese momento la demolición estaba terminada pero no había excavación”, dijo el funcionario a Página/12.

En abril de este año, una excavación produjo el derrumbe de una medianera en una casa de la calle José Mármol, en Boedo. En marzo de 2007 se habían registrado otros dos episodios, en Pedro Goyena y Thorne y en Castro Barros al 1600. Y en abril de 2006 un obrero falleció en una obra de Franklin al 1000. La sucesión de hechos, a esta altura, podría ser un indicio de mala praxis empresaria que merecería la atención de las autoridades.

“Los derrumbes que se producen durante la excavación se originan en la imprevisión, ya que no está realizado el trabajo de submuración: se deben construir pilotes sobre la medianera, hasta una profundidad igual a la que se va a excavar y luego unirlos con vigas, para recién empezar la remoción de la tierra”, explicó a Página/12 el arquitecto Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA.

Según Sorín, “la reglamentación de la verificación de obra prevé cuatro inspecciones, la primera de las cuales se hace recién cuando los cimientos están terminados”. Esas inspecciones están a cargo de verificadores de obras, arquitectos o ingenieros, a partir de un convenio con el gobierno de la ciudad.

Al respecto, los vecinos de Protocomuna Caballito –una organización que viene denunciando desde hace años la construcción indiscriminada de torres y las falencias en los controles– advirtieron: “Hace más de tres años que insistimos en la necesidad de sumar una nueva inspección a las actuales en el momento de realizar el pozo de la obra, el momento más dramático y potencialmente peligroso para terceros y los propios obreros, sin tener ningún tipo de repercusión desde el gobierno de la ciudad, que se muestra desbordado y complaciente con los constructores”.

La diputada Silvina Pedreira, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, presentó un pedido para que el Ejecutivo informe “si se han hecho inspecciones en el lugar, si se cumplió con la submuración correspondiente y qué medidas se van a adoptar a partir de esta situación”. La defensora adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz, anunció que también pedirá informes para saber si en el gobierno se hicieron eco de las denuncias vecinales que advertían sobre “la construcción presurosa y compulsiva de la obra y la posibilidad cierta de un derrumbe”.