Ni anulación, ni derogación. Una comisión de la alianza gobernante uruguaya Frente Amplio (FA) elaboró un proyecto de ley “interpretativa” y no de anulación o derogación de la Ley de Caducidad, una amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Desde el gobierno de centroizquierda de José Mujica señalaron que es en respuesta a la demanda que presentó Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, usando como principal argumento la vigencia de la Ley de Caducidad.

La posición de consenso recomienda presentar un proyecto de ley interpretativo del artículo 72 de la Constitución, por el cual se determinará que si esa norma contradice los convenios internacionales, serán éstos los que deberán aplicarse. El artículo 72 establece: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros, que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

El futuro proyecto incluirá los conceptos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Salbasagaray, así como el reconocimiento de que los tratados internacionales de derechos humanos deben incorporarse a la Carta Magna.

El diputado frenteamplista Felipe Michelini es hijo de Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976 en el marco de la Operación Cóndor, un plan represivo pergeñado por las dictaduras del Cono Sur. Michelini, quien forma parte de la comisión del FA por el Nuevo Espacio, explicó a Página/12 los alcances de la iniciativa. “La ley que se va a dictar va a contemplar la decisión de la Corte Suprema de considerar inconstitucional la Ley de Caducidad para un caso. La norma es incompatible con los tratados internacionales, la Constitución Nacional y obstaculiza las investigaciones. Si un juez entiende que la legislación contradice las leyes del Derecho internacional, deberán aplicarse directamente estas últimas. En la práctica, la ley va a quedar sin efecto, tal como lo exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.”

Se le pregunta al diputado por qué descartaron promover la anulación o derogación de la ley. “La ley fue objeto de dos referéndum en 1989 y en 2009. No se trata de ver qué verbo se usa: anular, derogar, interpretar. Se trata de que la ley no sea un obstáculo para hacer justicia. Es la solución legal que pide el canciller (Luis) Almagro en respuesta a la demanda de la familia Gelman”, señaló Michelini.

Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentó una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y asesinato de su madre, María Claudia García, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El principal argumento que usó fue la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Es por esto que el objetivo del oficialismo es aprobar dicha ley interpretativa antes del mes de octubre, cuando se aguarda el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaría condenando a Uruguay por mantener una ley que viola la normativa internacional. El texto que procura aprobar el FA permitirá que quien se sienta afectado podrá reclamar por los delitos cometidos, “recupera el derecho que hasta ahora no pudo ejercer”. En tal caso podrá pedir la intervención del Poder Judicial, o ser la propia Justicia la que actúe. Según las fuentes consultadas, hoy se reúne la comisión y se espera un acuerdo definitivo.

Dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP) –que es mayoritario y al que pertenece Mujica– no es partidario de anular la ley. El dirigente Jorge Meroni aclaró que su sector no está de acuerdo con la anulación, argumentando que la democracia directa (los plebiscitos) está por encima de la democracia representativa (Parlamento). “Ya dos veces la ciudadanía se expidió y no se alcanzó la anulación. Aun así, nuestro sector político acatará lo que resuelva la mayoría del FA”, dijo al diario La República.

La Ley de Caducidad fue promulgada en 1986 en el primer gobierno post-dictadura de Julio Sanguinetti. La norma fue ratificada en dos consultas populares, la última en octubre del año pasado, realizada en simultáneo con las elecciones presidenciales.

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