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Hubo rostros de satisfacción y alivio entre los funcionarios. Desde el exterior se recibieron congratulaciones. La firma de la Carta de Intención con el FMI, tras casi un año de negociaciones, tropiezos y zancadillas, fue presentada como el alumbramiento de un nuevo país, como si el “okey” del Fondo representara la liberación de las fuerzas contenidas y dejara la recuperación económica a la vuelta de la esquina. Hay factores objetivos que, lejos de corroborar tales expectativas, indican precisamente lo contrario como perspectiva.
Si la firma de un acuerdo con el FMI es mostrado como el allanamiento del camino para el gobierno que viene, habría que demostrar en qué se le facilita la gestión al mandatario que surja de las urnas con este paso. Tal cual fue planteado por el propio organismo internacional, no son sólo los vencimientos de aquí hasta agosto lo que se posterga con el acuerdo sino, lo que es más importante, quedan para entonces las definiciones sobre las políticas estructurales que regirán la gestión del próximo gobierno. Es decir que, no bien asuma un nuevo inquilino en la Casa Rosada, el Fondo volverá a la carga sobre las reformas del Estado, del sector financiero, de las leyes laborales, del mercado de la salud, del sistema impositivo, etc. Lejos de haber cambiado su óptica, el FMI bajo la conducción de Horst Koehler y Anne Krueger está claramente apuntado a ratificar las mismas recetas de siempre, incluso con algún toque de mayor fundamentalismo que bajo la conducción anterior de Camdessus-Fischer. Los altos costos de soportar esa política no han sido asumidos por el Fondo como una responsabilidad propia.
La firma de un acuerdo de transición por el actual gobierno significa reconocerle al Fondo, de alguna manera, el derecho a plantear sus condicionamientos al próximo programa económico no bien asuman las nuevas autoridades. Entonces, en vez de un contrato social entre votantes y elegidos, el futuro gobierno estará condicionado a lo que resulte de la negociación con el FMI. Esta posibilidad no pasaría de ser una mera hipótesis si no fuera porque, en forma alarmante, ninguna voz entre los candidatos con aspiraciones se levantó en las últimas semanas para señalar una propuesta distinta en cuanto a la relación con los organismos internacionales. Es decir que, en perspectiva, son estos últimos los que aparecen una vez más marcando la cancha en la que se disputará el partido. En un plano más general, lo que puede advertirse tras la firma de la Carta de Intención y a un año de la salida de la convertibilidad, es que las cosas parecen acomodarse para volver a transitar por un camino fatalmente conocido. El default declarado por Rodríguez Sáa fue luego ratificado por Duhalde, y sin embargo no por ello parecen haber cambiado las reglas de juego en la relación con los acreedores internacionales ni mucho menos con respecto al capital financiero. De hecho, la fuga de capitales no se detuvo y el sector privado no financiero (empresas y particulares) mantuvo muy activa la práctica de realizar colocaciones en el exterior durante el último año. Las más recientes medidas de liberalización cambiaria demuestran que este camino del capital financiero contará con facilidades adicionales. Al gobierno le preocupa más sostener un precio del dólar alto que detener la fuga.
No serán muy distintas las conclusiones a las que se llegue al observar la forma en que se maneja la política monetaria. A pesar de las críticas –generalmente poco fundadas– de los organismos internacionales y sus adláteres internos, la circulación monetaria no sólo no creció sino que descendió en términos reales en el transcurso del año, pese a las compras de dólares del Banco Central. Los criterios monetaristas siguen imperando por encima de la proclamada intención de favorecer a los sectores productivos. El crédito sigue ausente en la economía argentina, mientras que la política de ingresos está lejos de favorecer una redistribución en favor de trabajadores-consumidores. En tales condiciones, la mentadarecuperación económica queda restringida a unos pocos sectores beneficiados por la variación cambiaria y con un muy escaso efecto “derrame” en favor de sectores sociales más bajos.
Cabría entonces plantearse si estas condiciones no aseguran una prolongación de la crisis y la reproducción de un modelo de exclusión y de fuerte concentración de los ingresos. No hay sector político dentro de la oferta electoral –y mucho menos el gobierno– que esté discutiendo la legitimidad de la apropiación en manos privadas del excedente de divisas que genera el comercio exterior, convirtiendo a los exportadores en una clase privilegiada mientras se sigue profundizando la crisis social.
A los exportadores –que cobran y se apropian de dólares caros– y a las grandes empresas con excedentes financieros –que fugan sin restricciones al exterior– se le agregan ahora, dentro del campo de los privilegiados, los acreedores externos. Tras la reprogramación de vencimientos con el Fondo y previa contratación de un asesor financiero, el gobierno está dispuesto a fijar las condiciones para la devolución de acreencias que más de un acreedor ya consideraba incobrable. La reanudación de los servicios de la deuda a organismos internacionales y a tenedores de bonos en divisas significará un achique adicional en las partidas presupuestarias disponibles: esto es seguir con el ajuste por otras vías.
La actual administración pretende justificar, por el carácter transitorio de su mandato, la falta de definiciones de fondo o la ausencia de soluciones a los graves problemas estructurales provocados por una década de convertibilidad monetaria y desguace del aparato productivo. Sin embargo, con su actitud –por lo que hace y lo que deja de hacer– va generando las condiciones para que el próximo gobierno enfrente las mismas limitaciones, a pesar de que exhiba una legitimidad de mayor calidad.
“El problema no nace en las condiciones que imponen desde afuera, sino en que los políticos y economistas argentinos tienen la misma concepción que la de los organismos”, suele comentar más de un analista. Y en alguna medida, el propio presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, pareció corroborarlo en las últimas horas, cuando afirmó que si no se arribó a un acuerdo de más largo plazo es porque los candidatos no se pusieron de acuerdo para ello. Es decir: un acuerdo de todos los sectores políticos no para enfrentar al Fondo, sino para acordar con el mismo. Duhalde desnudó sus propósitos cuando habló de más plazo pero no de un acuerdo distinto.
Sin la audacia de proponer un cambio en la distribución del ingreso, ni un modelo de desarrollo basado en parámetros diferentes que el de la valorización financiera o el enriquecimiento por acumular porciones de negocios que están en manos de otros, difícilmente Argentina abandone alguna vez la práctica perversa de estar permanentemente debatiendo solamente la postergación de la fecha de su ejecución. La salida de la convertibilidad fue un duro trago y, con razón, alguien podrá decir que fue un paso necesario. Lo cuestionable es la forma elegida, pero lo condenable es que después de haber dado el paso, se haya vuelto a los viejos criterios de resolución, al priorizar “la estabilidad financiera” por sobre cualquier otra variable. Salir del desastre provocado por Domingo Cavallo –en dos tiempos– significó dar un salto enorme y a un costo tremendo. Sería lamentable descubrir ahora que semejante envión nos terminó depositando –al menos, en términos sociales y de relaciones de poder– en el mismo lugar del principio.