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Producción: Tomás Lukin

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Protección social

Por Fernando Groisman *

El pasado 1º de noviembre se cumplió un año desde la sanción del Decreto 1602/09, que dio origen a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde su puesta en marcha se ha inaugurado una nueva etapa en la política social nacional. A partir de entonces el Estado ha asumido el compromiso de garantizar un ingreso monetario a todos aquellos hogares con niños en los que los adultos carecen de un empleo formal. La medida vino a equiparar la situación con los hijos de los trabajadores formales –aquellos registrados en la seguridad social– que ya eran beneficiarios de un sistema contributivo de asignaciones familiares.

La Asignación Universal por Hijo ha establecido un nuevo valor de referencia, más elevado que los vigentes en los diversos planes y programas preexistentes, para las prestaciones sociales destinadas a asistir a aquellos hogares de menores recursos. En ello radica también su preeminencia en la nueva generación de políticas sociales que han surgido en el marco de la expansión económica de los últimos años. El nuevo piso de protección social que instauró la AUH ha derivado en una progresiva confluencia hacia este programa de aquellos beneficiarios de otros planes sociales. Así, no debería extrañar que su rol como eje articulador de la política social tienda a fortalecerse en el futuro a través, por ejemplo, de la inclusión de otros hogares de escasos recursos que hoy estarían excluidos del beneficio: familias con empleos precarios sin hijos o que abandonaron la escolarización.

La elevada cobertura de beneficiarios que alcanzó la AUH con más de 3,5 millones de niños y el esfuerzo presupuestario que significa en torno de 10 mil millones de pesos al año, son indicadores directos tanto de la envergadura de la iniciativa cuanto del esfuerzo fiscal que implica su sostenimiento.

Una condición inherente a la efectividad de las políticas de transferencia de ingresos a la población más vulnerable es que el monto de la asignación no reduzca su poder de compra. La actualización del mismo tiende a garantizar menor volatilidad en el consumo de los hogares. En línea con ello el decreto 1388/10 fijó un incremento de 180 pesos a 220 pesos por hijo a partir de septiembre del corriente año.

El conjunto de los diversos aspectos recién mencionados –amplia cobertura, actualización periódica del monto de la transferencia, posibles ampliaciones a hogares pobres que no son corrientemente beneficiarios– contribuyen a que la financiación de la AUH se ubique regularmente en el centro del debate. Los recursos destinados a ella provienen esencialmente de los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino. Si bien no se observan dificultades en el corto plazo sobre este mecanismo de financiación no debe perderse de vista que el dispositivo más idóneo para asegurar la sustentabilidad fiscal de la AUH es el aumento del empleo formal. El acrecentamiento de estos puestos de trabajo tiene el doble efecto de aumentar los recursos a la seguridad social y reducir la cantidad de beneficiarios de la AUH.

A pesar del fuerte incremento que se ha producido en la registración laboral en los últimos años todavía persisten en esa condición uno de cada tres trabajadores asalariados. Una proporción no despreciable de estos empleos se dan en el servicio doméstico, en la construcción y en los pequeños comercios. Pero el fenómeno también alcanza al resto de la actividad económica y a los establecimientos de mayor tamaño. Cabe enfatizar que los puestos de trabajo no registrados –excluyendo al servicio doméstico que se desarrolla en los hogares– se reparten en partes iguales en los establecimientos económicos que tienen hasta cinco ocupados y en los de más de esa cantidad. Ello obliga a doblar los esfuerzos por aumentar la registración del trabajo. En definitiva, la AUH dependerá para su consolidación como estrategia de protección social para los más pobres del aumento del empleo formal.

* Investigador Conicet-UBA.

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La hora de los trabajadores

Por Sandra Guimenez *

Días atrás asistimos a un suceso muy lamentable como fue el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, el cual se produjo en el marco de una protesta sindical en la que trabajadores tercerizados de la línea Roca reclamaban el pase a planta permanente. El asesinato de este joven es un hecho además de triste absolutamente condenable, e invita a una reflexión sobre las condiciones de trabajo a que están sujetos miles de trabajadores en Argentina. Llama la atención que los medios masivos de comunicación y gran parte del espectro político centraran el repudio al asesinato haciendo foco únicamente en cuestionar la práctica de la burocracia sindical, que sin lugar a dudas es abominable. El origen de este hecho tan triste no es otra cosa que el carácter de las condiciones laborales existentes.

Las transformaciones estructurales de signo neoliberal a lo largo de la década del noventa apuntaron a modificar la relación empleado-empleador. Entre los argumentos a que se echó mano para llevar adelante el paquete de reformas, se destacaba la necesidad de adecuar el marco regulatorio laboral al nuevo contexto macroeconómico que imponía un escenario internacional caracterizado por la vigencia de un patrón de acumulación basado en la valorización financiera. Se decía que era necesario garantizar el libre juego entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, para eficientizar los recursos y para transformar al país en un sitio atractivo a la inversión de capital. Esa inversión vendría a solucionar los crecientes problemas de empleo y desocupación que afectaba a una porción muy considerable de trabajadores. En ese contexto, se impulsó y alentó la flexibilización laboral y se introdujeron modificaciones que permitieron la incorporación de nuevas formas de contratación (como pasantías, becas, horas cátedra, contratos de locación de servicios).

Esas formas de vinculación laboral siguen existiendo, están ampliamente extendidas tanto en el sector privado como en el público, e implican notorios grados de desigualdad entre los trabajadores que se hallan en puestos permanentes y en blanco frente a quienes permanecen contratados bajo algunas de esas modalidades flexibles. Ese tipo de contrataciones acarrean diversas cuestiones: el trabajador no tiene certeza ni seguridad acerca de la extensión del lazo laboral, ya que la continuidad del mismo queda sujeto al arbitrio del empleador que adecua las contrataciones a la evolución de sus negocios. Además, los trabajadores se ven obligados a asumir como un gasto de su responsabilidad tanto el aporte jubilatorio como el acceso a la salud. Asimismo, quedan excluidos de los aumentos salariales que obtienen los sindicatos del sector respectivo (ya que en general éstos sólo representan a quienes conforman los planteles permanentes). La sumatoria de estos aspectos resulta en grandes brechas de desigualdad al interior del conjunto de los trabajadores.

Introducir modificaciones que avancen en reducir estos niveles de desigualdad implica avanzar sobre las ganancias de los empresarios/empleadores, y por ello creemos que los grandes medios de comunicación y algunos políticos eligieron centrarse en denostar la práctica sindical e invisibilizar la discusión sobre la calidad del trabajo y la (des)igualdad. Más aún, en esta coyuntura en que se pretende introducir la bienvenida discusión sobre la participación obrera en las ganancias.

Desde 2003 en adelante se han puesto en acción diversas políticas que apuntan a ganar igualdad, y es lógico que en los primeros años se priorizaran el crecimiento económico y la creación del empleo, ya que un contingente muy importante de trabajadores se hallaba fuera del mercado de trabajo. Actualmente se atraviesa una indudable mejor situación económica, social y laboral, por lo que parece un momento propicio para desandar las condiciones laborales que impuso el neoliberalismo. Hablar de condiciones laborales es hablar de la forma que rige la contratación, pero también del salario, del derecho a la salud, del derecho a aportar para una vejez mejor.

* Socióloga y magister en Políticas Sociales, UBA-Docente de la Carrera de Sociología UBA-Investigadora del Instituto Gino Germani-UBA.