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A pesar de que ayer no se publicó en el Boletín Oficial, como estaba previsto, el decreto de necesidad y urgencia que habilita al gobierno a disponer aumentos en las tarifas de servicios públicos “a cuenta de futuras renegociaciones”, fuentes oficiales aseguraron que el gobierno “ya cuenta con las herramientas legales” para adoptar tales medidas, aunque por el momento no se ha definido la oportunidad. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, se refirió ayer al tema, recordando que más allá de la oposición de las entidades de consumidores, “llevamos un año sin incrementos” en los servicios públicos. El funcionario subrayó que “todavía no se decidió ningún aumento”, mientras que otras fuentes ratificaron que el decreto que autoriza su aplicación, eludiendo las limitaciones de la Ley de Emergencia Económica de 2002, ya fue firmado por el presidente de la Nación. Las mismas fuentes oficiales admitieron que en los despachos de la Casa Rosada se admite que el decreto aludido será “fácilmente cuestionable” en la Justicia, a la que recurrirán la Defensora del Pueblo de la Ciudad y las asociaciones de usuarios. “Simplemente, cumplimos con un gesto de buena voluntad hacia los países de la Unión Europea”, confió la fuente. Precisamente ayer el vicecanciller, Martín Redrado, informó que la Comisión Europea había calificado como “un gesto positivo” el decreto firmado por Eduardo Duhalde referido al marco tarifario de los servicios públicos.