Jueves, 10 de febrero de 2011 | Hoy
ECONOMíA › MULTAS Y COMPENSACIONES POR 90 MILLONES DE PESOS
Las distribuidores eléctricas deberán compensar a 120 mil usuarios damnificados por los cortes de luz en diciembre pasado por más de 82 millones de pesos. Además, pagarán multas.
Las empresas de distribución eléctrica Edesur, Edenor y Edelap deberán pagar casi 90 millones de pesos en concepto de multas y resarcimientos económicos a los 120 mil usuarios damnificados por los cortes de luz ocurridos en diciembre del año pasado. Así lo estableció el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, juntamente con el Ente Regulador (ENRE) y las asociaciones de consumidores que forman parte del órgano de control. Las distintas resoluciones del ENRE serán publicadas hoy en el Boletín Oficial y deberán aplicarse a partir de la emisión de las próximas facturas de las compañías.
Los resarcimientos económicos irán desde 180 pesos hasta 450 pesos, según la duración de los cortes en cada domicilio. El ministro De Vido señaló durante una conferencia de prensa que las tres distribuidoras habían violado los términos de sus contratos de concesión al no tener capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de energía.
Luego de un trabajo de auditoría, el ENRE definió los montos a pagar y la metodología que deberán aplicar las concesionarias del servicio eléctrico para resarcir a los usuarios por los cortes del año pasado. En cuanto a las multas, Edesur deberá afrontar un pago de 5.084.795 pesos, Edenor deberá pagar 1.124.371 pesos, mientras que Edelap afrontará una sanción de 138.246 pesos.
Sin embargo, la mayor erogación será para cubrir los daños causados a los usuarios que sufrieron los cortes de luz. De acuerdo con lo anunciado ayer, los que padecieron cortes de entre 12 y 24 horas tendrán un resarcimiento de 180 pesos, quienes tuvieron interrupciones del servicio entre 24 y 48, la devolución será de 350 pesos, y por más de 48 horas, el resarcimiento será de 450 pesos. Estas sumas deberán acreditarse en la próxima factura que emitan las distribuidoras.
El Ministerio de Planificación calcula que los que recibirán una compensación por la caída del servicio serán 120 mil usuarios –y no 300.000 como se dijo en un primer momento–, de un total de cinco millones de clientes. Con esta base de damnificados, Edesur deberá pagar 59,3 millones de pesos, en el caso de Edenor serán 21,2 millones y para Edelap los cargos llegan a 1,8 millón de pesos. En total, las compañías deberán afrontar cargos por casi 90 millones de pesos.
“Estas medidas fueron adoptadas luego de la evaluación y las conclusiones que demostraron que las acciones adoptadas por dichas empresas no resultaron suficientes para atender adecuadamente la demanda en las condiciones de calidad necesaria y debida, cuando la producción era más que suficiente. Esta fue una situación de incumplimiento de contratos”, sostuvo De Vido durante la conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Energía, Daniel Cameron; el subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, y el presidente del ENRE, Mario Casas.
Las empresas de distribución eléctrica deberán acreditar en sus próximas facturas el pago correspondiente a cada damnificado, con una mención explícita a las resoluciones del ENRE. Por otro lado, el Gobierno aclaró que en el caso de que los usuarios consideren que el resarcimiento “no es satisfactorio, podrán hacer un reclamo ante las oficinas de la distribuidora, las que deberán atender los casos particulares”, indicó De Vido. A su vez, los damnificados podrán recurrir al defensor del Pueblo, y si también lo consideran pertinente, “queda abierta la vía judicial”, aclaró el funcionario.
“Es el primer caso en que una empresa de servicios públicos y el ENRE aceptan que se pague una indemnización. Es un antecedente positivo”, indicó Viviana Epis, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Esta organización, junto con Adelco, Cruzada Cívica, CEC, Deuco, Procurar, Ludeco, Padec, y Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos participaron del proceso de auditoría y armado de la metodología para aplicar los resarcimientos económicos.
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