La Secretaria de Comercio Interior aplicó la Ley de Lealtad Comercial contra dos consultoras y las sancionó con multas de 500 mil pesos a cada una. Las empresas Estudio Bein & Asociados y Finsoport, que difunden todos los meses sus propios índices de precios con variaciones significativamente superiores a las cifras oficiales, fueron acusadas de “inducir a error, engaño o confusión, respecto del precio y condiciones de comercialización de bienes”. La decisión de Comercio Interior se basa en lo que considera una violación al artículo 9 de aquella ley, donde se prohíbe la realización de publicidades o propagandas engañosas. Las empresas tienen diez días para pagar la multa, pero ambas consultoras confirmaron que seguirán los caminos administrativos correspondientes para apelar la sanción.

A comienzos de febrero la dirección de Lealtad Comercial envió a un grupo de consultoras un cuestionario con 19 preguntas donde solicitaba información referida a la metodología utilizada para la elaboración de sus índices de precios. El disparador de las preguntas sobre el alcance geográfico de las encuestas, los puntos de venta donde se relevan los precios, los bienes y servicios contemplados y el mecanismo utilizado cuando esos productos exhiben un comportamiento estacional fue una denuncia realizada por la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central (Comafru). Desde allí argumentan que la publicación de los indicadores de precios genera incertidumbre entre los consumidores y retrae la demanda. Precisamente, Comercio Interior consideró que “la difusión de las proyecciones de inflación da como resultado la generación de un estado de incertidumbre y confusión”.

La consultora que dirige Miguel Bein respondió en tiempo y forma las consultas y por eso sería una de las primeras empresas en ser multada. Finsoport, firma que conduce el ex viceministro de Economía de Eduardo Duhalde Jorge Todesca, recibió la sanción porque decidió no contestar la consulta.

La disposición 115 de la Dirección Nacional de Comercio Interior, con fecha 1º de marzo y dada a conocer ayer por la secretaría que conduce Guillermo Moreno, apela a un informe elaborado por el Indec sobre las respuestas brindadas por el Estudio Bein para multarlo. Según sostiene la dispocisión, “el Indec ha determinado que la metodología aplicada por la sumariada adolece de severas falencias metodológicas” y concluye que “es continente de infinidad de inconsistencias y falencias que tornan completamente inválido el IPC que elaboran”.

El texto incluye algunos extractos del análisis de las 19 respuestas realizado por los técnicos del Indec, donde el organismo cuestiona y refuta las técnicas utilizadas a partir de los estándares que utiliza para sus índices. Allí, el instituto estadístico sostiene que el índice carece de “representatividad geográfica”, cuestiona lo que considera una escasa cantidad de precios utilizados y advierte que “resulta claro que sólo relevan precios de alimentos y bebidas en menos de 20 supermercados”.

Antes de conocerse la sanción, los responsables del Estudio Bein señalaban que “ninguna consultora tiene la capacidad para elaborar un índice de la magnitud y confiabilidad del Indec que, luego de perder su credibilidad, alentó el surgimiento de este tipo de mediciones alternativas”. La disposición 115 advierte que la empresa reconoce en sus respuestas esas limitaciones, “pero más allá de ello, y siendo consciente de lo inexacto de los resultados de sus mediciones, ligeramente procede a su difusión, sin ningún tipo de advertencia o salvedad al respecto”. Desde el Estudio Bein indicaron que la compañía pone a disposición de sus clientes la metodología utilizada para medir mes a mes la variación de precios. Ayer, el director técnico del Instituto señaló: “Ofrecimos oportunamente colaboración técnica a las consultoras, pero se negaron”. Bein es un economista con una visión positiva en términos generales de la política económica, aunque advierte por la pérdida de credibilidad del Indec.

Con respecto a Finsoport, la disposición 116 señala que “la sumariada optó por recorrer el camino de la elusión, la dilación y el ocultamiento, incumpliendo abiertamente con las obligaciones que la normativa aplicable pone en su cabeza”. Según consideró semanas atrás Todesca, “nosotros no vendemos los informes al público, son contratos privados. No tenemos por qué construir un IPC de acuerdo a ninguna metodología en particular”. Fiel, Melconian, Estudio Broda y Ecolatina son otras consultoras que recibieron el cuestionario del Indec y posiblemente recibirán la misma sanción en las próximas semanas.