En enero de 2004, el entonces presidente brasileño Lula da Silva creó el Ministerio de De-sarrollo Social y Combate al Hambre con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y promover la inclusión de los sectores más postergados. Márcia Lopes ocupó un lugar clave dentro de esa estructura, primero como secretaria de Asistencia Social, luego como secretaria ejecutiva y finalmente como ministra, cargo que ocupó de marzo a diciembre de 2010. La semana pasada visitó Buenos Aires invitada por Cippec para participar del ciclo “Diálogos de Protección Social”, y conversó con Página/12 sobre el papel central que jugó el plan Bolsa Familia para reducir la pobreza y ampliar los derechos ciudadanos, las resistencias que encontraron al momento de ponerlo en marcha y el consenso que se fue generando en torno de la iniciativa cuando se empezaron a ver los primeros resultados.

–Lula estableció Hambre Cero como una directriz central de la política pública, porque siempre repetía que no habría desarrollo económico y social en Brasil mientras hubiese hambre. El programa Bolsa Familia fue clave dentro de esa estrategia. Lo presentó en octubre de 2003 para integrar los planes de transferencia de ingresos que ya existían. En ese momento se le brindaba cobertura a 5 millones de familias, inmediatamente se llegó a 11 millones y luego se lo siguió ampliando. El programa permitió perfeccionar un registro único de beneficiarios que también sirvió para implementar otro tipo de planes. Se realizó un gran esfuerzo para localizar a las familias más necesitadas entre las comunidades indígenas, los quilombos donde se reúnen los negros, las zonas rurales y los municipios de frontera. Se pudo precisar dónde estaban, cómo vivían y en qué condiciones se encontraban las mujeres, sus hijos, los jóvenes y los adultos mayores. Fue fundamental para impulsar un nuevo proceso de planificación de las políticas públicas en todas las áreas. Hoy ese padrón incluye a 20 millones de familias, 13 millones reciben el Bolsa Familia y el resto otro tipo de planes.

–Los niños de las familias beneficiadas con el plan deben ir al colegio y cumplir con una asistencia del 85 por ciento, pero es importante aclarar que este tipo de condicionalidades no fueron pensadas para excluir sino para proteger más. Varios municipios no tenían colegios suficientes para todos los chicos y la condicionalidad sirvió para mejorar la infraestructura escolar.

–No tengo ahora el dato exacto de cuántos niños se han ido incorporando, pero le puedo decir que estas familias están integradas por unos 30 millones de chicos, y en la actualidad más del 90 por ciento asiste al colegio. Además, la deserción escolar disminuyó mucho. Se buscó garantizar una política de seguridad alimentaria y nutricional, pero también de educación, salud, cultura y deporte. El Estado federal y los gobiernos estaduales y municipales se comprometieron con una nueva forma de gestión pública para responder a las necesidades básicas de esta población. La articulación entre las distintas dependencias aumentó y eso permitió mejorar la eficiencia. Se logró articular una política de seguridad alimentaria e incluso institucionalizarla a través de una ley, siempre bajo el precepto de que no puede haber desarrollo mientras haya hambre.

–Las familias tienen un beneficio básico y luego suman un ingreso extra por niño hasta un máximo de tres hijos. Además, si tienen adolescentes de entre 15 y 17 años, reciben otro aporte adicional por cada uno para estimularlo a permanecer en la escuela.

–Son recursos del Tesoro nacional. Durante el último año de su gobierno, Fernando Henrique Cardoso había destinado 6 mil millones de reales para los programas que coordinaba el Ministerio de Desarrollo Social. En 2003, Lula elevó esa cifra a 8 mil y el año pasado terminó destinando 40 mil millones de reales. Ese es sólo el presupuesto de Desarrollo Social, que coordina Bolsa Familia, las áreas de seguridad alimentaria, agricultura familiar y comedores populares, entre otros programas.

–El 95 por ciento de las beneficiadas son mujeres.

–Cuando no hay una mujer en el hogar, ya sea porque murió o porque luego de la separación fue el hombre quien quedó a cargo de los chicos.

–Efectivamente; si gana más, puede calificar para otro programa, pero no para el Bolsa Familia.

–Ningún estudio de los que hemos hecho muestra eso. El 77 por ciento de las familias trabaja en el mercado formal o informal. En la mayoría de los casos, el subsidio es sólo un complemento. Además, los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS) acompañan a las familias, y las ayudan a capacitarse y a desarrollar actividades productivas.

–Son casos aislados. Hay un estímulo para que las familias trabajen. Dos millones de familias ya dejaron el Bolsa Familia porque incrementaron sus ingresos al transformarse en productores rurales o artesanos.

–El programa recibe críticas de sectores conservadores que criminalizan a los pobres, en especial de los dueños de las haciendas que basan su producción en el trabajo esclavo y/o infantil, pero la mayoría de los empresarios no critica. En Brasil funciona un Consejo de Desarrollo Económico y Social, que está integrado por las cámaras empresarias más importantes, y allí se observa un apoyo al programa. Durante la última campaña electoral, hasta los partidos de derecha habían declarado que en caso de ganar iban a mantener el programa Bolsa Familia.

–Claro, porque tiene un efecto positivo sobre la economía. En Brasil hay 300 grandes municipios, pero el resto son pequeñas localidades sin industrias, donde la trasferencia de ingresos que lleva adelante el Estado permite reactivar el comercio a partir de un mayor consumo.

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