Fernando Diez tiene problemas para conciliar el sueño, pero no sólo por su bebé de cuatro meses. Desde hace quince años trabaja en el sector carrocería de la empresa Volkswagen, hace dos que fue electo delegado del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), y desde el 25 de febrero la empresa le impide el ingreso a la planta de Pacheco. Lo acusan de haber provocado “pérdidas de producción”. Diez obtuvo en la Justicia una medida cautelar en su favor para ingresar a su puesto de trabajo pero, según dijo a Página/12, la automotriz la desconoce, así como paga su salario de manera irregular, al punto de que se sostiene con los fondos de una colecta que hicieron sus compañeros. Desde Volkswagen aseguraron que se decidió “accionar judicialmente” para desaforar a Diez y que, mientras tanto, se le solicitó que no concurra a la planta.

De 35 años, casado y con un hijo, Diez es parte del cuerpo de 70 delegados de la filial local de la automotriz alemana. “El 24 de febrero, Día del Mecánico, la empresa saludó a sus empleados y 24 horas más tarde me prohibieron entrar a la planta con el argumento de que por mal desempeño en la línea tuvieron una pérdida de producción, y por generar un supuesto mal ambiente de trabajo con el supervisor”, relató. Al poco tiempo lo llamaron para ofrecerle un acuerdo económico, que no aceptó. El 11 de marzo la acusación le llegó escrita en un telegrama por lo cual acudió a la Justicia laboral, y con sus abogados presentó un pedido de medida cautelar que fue resuelta a su favor. Acompañado de un escribano, tampoco logró volver a pasar el portón de entrada. “Me convocaron a una reunión en el Ministerio de Trabajo, de la que no hubo acta, y en la cual la empresa volvió a ofrecerme dinero, que yo volví a rechazar”, recordó. A partir del 8 de abril, fecha en que la empresa fue notificada de la cautelar, la multa diaria es de 300 pesos por incumplimiento de la orden judicial.

Mientras, los compañeros de Diez hicieron una colecta para que pueda mantenerse, porque está cobrando su salario de manera irregular, según aseguró. Además, elaboraron un petitorio en el que sostienen que “Diez eligió defenderse ante la Justicia de las acusaciones que se le imputan porque son falsas y premeditadas para perjudicar a un delegado ejemplar, que recibió en más de una oportunidad ofrecimientos económicos para deponer las obligaciones que democráticamente le encomendamos, y que rechazó en forma inmediata”, y que “este hecho demuestra la integridad de nuestro delegado”. A principios de mes fueron despedidos tres trabajadores por haber firmado ese petitorio. La misma solicitud circula en Internet a partir del apoyo que empezó a recibir Diez de organizaciones como el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y también de diputadas nacionales como Fernanda Gil Lozano y Victoria Donda.

Una fuente de Volkswagen Argentina dijo a Página/12 que “por cuestiones estrictamente laborales, la empresa dispuso accionar judicialmente para lograr el desafuero del señor Diez, y mientras esa instancia se desarrolla se le solicitó que deje de asistir a la planta, pero con el goce de su salario, situación que está en conocimiento del Smata”. En la primera audiencia de conciliación no hubo ningún avance entre las partes.