El Senado convertirá hoy en ley el nuevo régimen penal para evitar y sancionar las maniobras de lavado de dinero. La iniciativa, enviada al Congreso por el Ejecutivo, incorpora un nuevo capítulo dentro del Código Penal, a partir del cual el lavado será considerado un delito autónomo. La sanción de este proyecto forma parte de las medidas que debe adoptar el Gobierno para evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo compuesto por 24 países que fija pautas sobre cómo atacar este delito. La ley establece también un nuevo mecanismo para elegir a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), actualmente a cargo de José Sbatella.

La oposición acompañará al oficialismo en este tema para esquivar las sanciones del GAFI, pero la peronista federal Sonia Escudero impulsará al mismo tiempo una ley correctiva que sería votada en la misma sesión. Este proyecto pasaría a Diputados para su sanción definitiva.

Ayer se reunió la Comisión de Justicia de la Cámara alta, a cargo de Escudero, para emitir el dictamen del proyecto antilavado, que será tratado hoy en el recinto. La iniciativa será aprobada tal cual llegó de la Cámara de Diputados. El Gobierno tiene la necesidad de mostrar la sanción definitiva de este proyecto ante las autoridades del GAFI, que se reunirán nuevamente en julio, y evitar así algún tipo de penalización por parte del organismo internacional. “Por lo pronto, quien no pueda explicar el origen de sus fondos, deberá responder ante la Justicia. No habrá más ambigüedades”, había manifestado Sbatella en una entrevista con Página/12.

“La reforma más importante que el Senado votará mañana (por hoy) es la tipificación del lavado como delito autónomo, tema que hoy no está penado en el país”, manifestó Escudero. Con la normativa vigente, si se descubría que una persona había incurrido en alguna acción de lavado de activos como parte de un delito, como el narcotráfico, se lo investigaba por este último. Con el nuevo régimen, el Estado podrá perseguir las causas de lavado independientemente si subyacen a algún otro delito. Es decir, no habrá que probar que es un narcotraficante para condenarlo, sino que bastará con acreditar el lavado de activos.

Por otro lado, el proyecto del Ejecutivo pretendía que la UIF tuviera la capacidad de ser querellante en las causas que investigaba. Sin embargo, durante el tratamiento en Diputados la oposición logró modificar este punto, por considerarlo una especie de “carta blanca” para perseguir opositores. Por eso, las denuncias penales deberán cursarse a través del fiscal general de la Nación.

En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que podrán ser “reprimidos con prisión de 3 a 10 años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, aquellos que cometieran los ilícitos penados por este régimen”. También quedan comprendidas las operaciones que adquieran apariencia de un origen ilícito, pero que se descubra lo contrario, cuando superen los 300.000 pesos.

En paralelo, el Senado también tratará una ley correctiva, impulsada por Escudero y los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, donde se modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF. Se incorpora a los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, en el caso de que tengan clientes que realicen operaciones relacionadas con la compraventa de inmuebles, la administración de dinero, cuentas bancarias y compañías.

Por otro lado, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen para establecer modificaciones al Régimen Penal Tributario, una de las normativas solicitadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias. Con esta iniciativa se establecen penas más severas para aquellos que cometan delitos contra el fisco.