“Más allá del desenlace y de la sentencia respecto de los aquí imputados –dijo Rodolfo Yanzón durante la última jornada de su alegato–, cabe recordar lo que dijeron incluso alguno de ellos: aquí están sólo los que fueron encontrados porque hubo una decisión institucional tomada para dejar que la Justicia avanzara sobre los conocidos y encubriendo a todo el resto. Aquí participaron muchos, muchísimos que hoy siguen en funciones. Entonces lo que hay que explicar, acaso deba hacerlo la sociología, es cómo el Estado argentino tomó la decisión, porque lamentablemente la tomó durante décadas al preparar asesinos y torturadores como los que hoy están acá.”

El equipo jurídico de Kaos terminó su alegato histórico en el juicio por los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada. Yanzón y su colega Luz Palmas Zaldúa pidieron prisión absoluta y perpetua para 17 de los 18 acusados del juicio: entre ellos los jefes mediatos Oscar Antonio Montes y Manuel Jacinto García Tallada y los autores directos Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Ernesto Weber, Carlos Antonio Capdevilla, Adolfo Miguel Donda, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Néstor Omar Sabio, Pablo Eduardo García Velazco y Alberto González. Pidieron además 25 años de prisión para Juan Antonio Azic y que se extraiga el testimonio de Ramón Arosa, el jefe del Estado Mayor de la Armada durante la democracia que declaró como testigo durante el juicio, mencionó a los trabajadores esclavos de la ESMA como “colaboradores” y se refirió a la operación de infiltración en la Santa Cruz como una “operación exitosa”.

Durante el alegato arduo, largo, tremendo para los sobrevivientes que vieron nuevamente atar y desatarse las pruebas, Kaos criticó las dificultades para condenar a “todos” los responsables por la fragmentación de las causas; insistió en el encuadre de los hechos como delitos de lesa humanidad como una forma de no barrer la identidad política de las víctimas y enhebró prueba a prueba la responsabilidad de los capitostes de la ESMA.

En la sala permanecieron obligadamente sentados cada uno de los acusados. Un grupo de prisioneros a los que les pasó por el cuerpo el año y medio de juicio, a quienes Lilia Ferreyra, la mujer de Rodolfo Walsh, encontró algo vencidos. El Tigre Acosta, que no para de escribir en las audiencias, ahora lo hace con la espalda doblada en dos partes. Rolón revolea la cabeza desorbitada en el aire saludando cada tanto con las manos levantadas a la platea de fantasmas que lo sigue desde las butacas del piso de arriba, donde los camaradas de armas también toman nota, a lo mejor destinadas a nutrir los apuntes de lo que Yanzón llamó la todavía activa “comunidad informativa”. A Astiz, dijo Lilia, no le queda nada de ese aire de chico bien de Barrio Norte, el glamour desapareció reemplazado por el cuerpo gordo y una cabeza llena de canas que pivotea entre la lectura de un libro –el de Beatriz Sarlo pasa de mano en mano entre los camaradas del piso de arriba– y una revista de crucigramas.

El día

Kaos empezó el último día con la descripción de las últimas 84 víctimas del juicio. Entre ellas, Juan Carlos Anzorena, del grupo Villaflor; Ana María Testa, a cuyos padres Azic ofreció liberarla a cambio de unos campos de la familia; Graciela Alberti, la Negra de la Juventud Peronista que continúa desaparecida. Y la descripción dura y pura del secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh. Se dio por probado que al escritor, periodista y militante de Montoneros lo secuestraron el 25 de marzo de 1977 y lo trasladaron gravemente herido a la ESMA, donde fue asesinado. La unidad de tareas al otro día entró a su casa de San Vicente, la balearon e hicieron estallar una bomba. La casa fue saqueada y mucho de lo robado fue visto en la ESMA. Había efectos personales, periodísticos y literarios. Durante el alegato, los abogados volvieron al testimonio de Martín Grass cuando dijo: “Me van arrastrando, empujando por las escaleras, en el momento en que empiezo a subir, alcanzo a ver algo y veo pasar delante mío una camilla con el cuerpo desnudo en la parte de arriba, era Walsh, me parece ver disparos en el pecho, cierran la puerta de la enfermería, supongo que intentaron alguna reanimación”.

Kaos acusó a los represores por los delitos de privación ilegal agravada; tormentos agravados por la participación de funcionarios públicos y la condición de militantes políticos de las víctimas; homicidios en el caso de las víctimas de la Santa Cruz cuyos cuerpos fueron identificados y por Walsh; y también en su caso los acusaron por robo agravado.

Antes de enumerar cargos, culpas y responsabilidades, la querella se detuvo en la discusión entre delitos de lesa humanidad y genocidio. “Las víctimas en el ciento por ciento de los casos eran perseguidos políticos”, dijo Yanzón. “Y eso indica claramente que el encuadre debe hacerse con la noción internacional de crimen de lesa humanidad descartando la aplicación de la Convención de Genocidio, porque justamente excluyó en ese momento la noción de grupo político”. Para Kaos esa línea –discutida y replanteada de mil maneras por otras organizaciones– permitiría echar por tierra con lo que “Emilio Crensel menciona como la permanente despolitización que padecieron las víctimas, que continuó en el Juicio a las Juntas y que nosotros no queremos que siga”.

Entre los acusados de la ESMA hay dos autores mediatos –los que se llaman nombres detrás del autor– y autores directos, miembros de la unidad de tareas. “No nos interesa si fue tal o fue cual el que llevó a cabo una tarea, sino que todos llevaban adelante el hecho: eso permitió el plan. Y eso también les permitió a esos hombres de atrás llevar adelante lo que ordenaron para que ese plan de exterminio tuviera éxito como lamentablemente lo tuvo”, dijo Yanzón.

En el detalle de imputaciones, recordó a Acosta como el jefe del sector Inteligencia, miembro de la Unidad de Tareas 332, pero responsable ejecutivo de la ESMA: “No sólo era jefe de Inteligencia sino que era jefe general de los tres sectores –recordó–: logístico, de operaciones e inteligencia”. En los legajos es reconocido por su capacidad excepcional dentro de la Armada, un reconocimiento con honores que se repitió durante tres años en los que su jefe directo –Jacinto Chamorro– ponderó su ‘valentía en combate’, su ‘imaginación y una singular presencia de ánimo’. Acosta era quien les decía a sus hombres ‘tenemos que poner todos los deditos acá: aquí todos tenemos que hacer todo’. El jefe real, el dueño de la vida o de la muerte, el que decía que ahí adentro no tenía límites, el que gritaba adentro de la ESMA: ‘Ultimo turno para los fusilamientos’. Está probado, dijo la querella, ‘que tuvo el máximo poder en los hechos coordinaba absolutamente toda la actividad delictiva del Grupo de Tareas 332’”.

De Astiz, alias el Cuervo, Gustavo Niño, Alberto Escudero, quedó probado su rol de inteligencia, de activo y asiduo participante de las operaciones clandestinas de la patota. Como varios de los imputados, en su descargo habló de “terrorismo”, de “guerra”, de “enemigo interno”. “A esta altura sabemos –dijo Palmas Zaldúa– que el único terrorismo que hubo fue el terrorismo de Estado del cual Astiz formó parte”. La muñeca con vestido de una monja que le llevó de regalo a una secuestrada y su oferta para que lo dejen “teclear” a Walsh porque querían agarrarlo con vida fueron algunos de los puntos del juicio ponderados.

“¿Yo me pregunto cuál es la función de estas condenas?”, se preguntó Yanzón casi al final del alegato. “Porque no podemos hablar de rehabilitación social de estos señores que llegaron a ir al Congreso a reivindicar todos los crímenes para ascender de grado, por eso uno solo es el sentido que vemos, por lo menos uno fundamental, la reparación de las víctimas”.