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“Están demasiado endeudados con el Banco Nación y con Impositiva como para poder resistir el apriete del Gobierno”, explicó a Página/12 un experto muy vinculado a las cooperativas agropecuarias. Interpretaba de esta manera el pronunciamiento que ayer emitió Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), criticando duramente el lock-out iniciado el lunes por 26 entidades de la cadena agroalimentaria para paralizar, por toda esta semana, el comercio de cereales y oleaginosas. El desmarque de Coninagro, que descalificó la acción por inútil e inoportuna, no mellará la medida de fuerza, pero es un logro político para el duhaldismo, que consigue romper el frente rural.
En la entidad que preside Mario Raitieri tienen decisivo peso ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y SanCor, gran usina láctea que está atravesando circunstancias muy difíciles. Aunque Raitieri tiene un perfil combativo, le ata las manos la vulnerabilidad financiera de los principales miembros de la confederación. Esta cuenta con los colonos como fuerza de choque, pero depende económicamente de las organizaciones comerciales, como los grandes acopiadores, a los que perturba seriamente la paralización del mercado.
Como admitiendo este malestar, un comunicado lanzado ayer por Coninagro rechaza “la falta de comercialización como medio de protesta”. Hay que recordar que este lock-out, mal llamado “paro”, no afecta por ejemplo las tareas tranqueras adentro. “Estamos decididos a confrontar con el Gobierno, (pero) utilizando métodos que no dañen patrimonialmente a nuestras empresas”, puntualiza Coninagro, que además descarta la posibilidad de unir bajo un único paraguas a todo el sector: “No coincidimos con institucionalizar la cadena agroalimentaria –indica–. Son muchos los intereses encontrados para poder coincidir en los objetivos”.
Con este paréntesis en las operaciones comerciales el agro protesta contra la política tributaria oficial hacia el sector, rebelándose contra las retenciones a nivel máximo (20 por ciento), la negativa a reimplantar el ajuste de los balances por inflación (que evitaría gravar beneficios ficticios) y la alícuota de 10,5 por ciento en el IVA aplicado a las ventas de productos del campo, pero manteniendo la del 21 por ciento para sus compras de insumos o equipos. Esto, según el campo, lo lleva a pagar más IVA que el que cobra, resultando en un crédito fiscal, o acreencia contra la AFIP, que ésta sencillamente no cancela. Ideas alternativas, como la posibilidad de usar el crédito fiscal para saldar deudas con la banca pública, nunca fueron admitidas.
La segunda de las reivindicaciones tiene sin cuidado a las cooperativas, porque ellas, al igual que las fundaciones, están exentas del impuesto a las Ganancias, dado que, se supone, no persiguen fines de lucro. Sin embargo, desde hace años rondan proyectos para abolir esa prerrogativa y tratar a las cooperativas igual que a las anónimas o a las SRL. Por tanto, aunque cuestionen duramente la política fiscal “confiscatoria”, prefieren no tirar demasiado de la cuerda.