El aumento de las jubilaciones entre marzo de 2009 y septiembre próximo llega al 107,9 por ciento.

Desde que comenzó a funcionar hace tres años, la ley de movilidad jubilatoria permitió un aumento del 107,9 por ciento en los haberes de 6,8 millones de personas. El incremento de las jubilaciones entre 2009 y 2011 se ubicó por encima de cualquier medición de inflación, ya sea el índice que produce el Indec o los datos que elaboran las consultoras privadas. Si se extiende el período de referencia desde 2003 hasta hoy, el aumento en las prestaciones también supera la evolución de los precios. Los cambios estructurales en el sistema previsional permitieron marcar un quiebre con respecto a la tendencia de deterioro del poder adquisitivo en el haber mínimo evidenciada desde 1976. A pesar de la evidente recuperación que experimentó la mínima, los jubilados todavía son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y las prestaciones permanecen en niveles bajos.

La automatización por ley de los aumentos jubilatorios, la extensión de la cobertura y la renacionalización del sistema permitieron por primera vez en 35 años que el haber mínimo medido en términos reales refleje una trayectoria positiva. Durante la última dictadura militar, el gobierno de Raúl Alfonsín y la década de la convertibilidad, la capacidad de compra de las jubilaciones estuvo en retroceso. A partir de 2003, la tendencia se revirtió y la variación real de las prestaciones volvió a mejorar su poder adquisitivo. Si se usa para las comparaciones el relevamiento de precios del IPC-7 Provincias –un promedio de la inflación de acuerdo con los relevamientos de las direcciones provinciales de esos distritos–, la tasa de crecimiento mensual promedio de la jubilación durante el período 2003–2011 llega a 1,03 por ciento. Con los datos del Indec, la cifra es superior: 1,6 por ciento mensual.

Sin embargo, la recuperación en la capacidad de compra del haber mínimo, la jubilación que percibe la mayoría de los beneficiarios, parte del nivel más bajo de la historia. El piso de las prestaciones estuvo congelado en 150 pesos durante diez años hasta que volvió a aumentar en julio de 2002. La revalorización integral del sistema desde 2003 permitió que el poder adquisitivo de la jubilación mínima tenga hoy un poder adquisitivo 17,6 por ciento superior al promedio observado durante 1984-1990 y 91,2 por ciento por encima del promedio de la convertibilidad. Los datos surgen de un informe elaborado por Carlos Cañete, miembro del Programa de Formación Popular en Economía (Profope). Aunque volvió a registrarse una tendencia creciente, el haber inicial actual todavía se encuentra 26,4 por ciento por debajo del promedio registrado entre 1971 y 1975, y es 7,7 por ciento inferior al promedio de 1976-1983.

La mejora relativa en el poder adquisitivo de los jubilados y las limitaciones de ese proceso evidencian la necesidad de profundizar las reformas del sistema de la seguridad social. En ese sentido, investigadores como Demián Panigo, del Ceil-Piette del Conicet, resaltan la importancia de buscar nuevos mecanismos de recaudación que permitan impulsar mayores aumentos en los haberes, más allá del nivel de crecimiento económico.

El docente de la Universidad de Moreno advierte que antes que establecer una relación directa entre el nivel de la jubilación mínima y el salario mínimo vital y móvil (SMVM) como hacía el proyecto aprobado por el Congreso el año pasado, que vetó CFK, el objetivo del sistema debe buscar garantizar la calidad de vida de la clase pasiva. La ley que no llegó a entrar en vigencia fijaba que la prestación mínima debía representar el 82 por ciento del SMVM. Sin embargo, ese mecanismo es engañoso: durante la convertibilidad, la relación entre ambas variables era del 75 por ciento, cinco puntos porcentuales por encima de los parámetros que se registran en la actualidad. Pero en los ’90 los dos pisos salariales estaban estancados y su poder adquisitivo era significativamente inferior.

Por eso, para profundizar los cambios estructurales y reducir la brecha distributiva entre los jubilados son necesarias fuentes de financiamiento adicionales. Analizar alternativas como la restitución del nivel de alícuotas de contribuciones patronales rebajadas por Domingo Cavallo o la creación de un impuesto a la renta financiera son algunos de los posibles abordajes que postulan los especialistas previsionales.

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