La Corte Suprema recibirá el próximo miércoles al titular de la Anses, Diego Bossio, quien presentará los argumentos del Gobierno contra un eventual fallo que generalice los efectos de los casos Badaro y Eliff. El funcionario había pedido la audiencia a principios del mes pasado, cuando presentó un voluminoso informe, de más de 300 páginas, explicando por qué una resolución como aquélla pondría en “riesgo institucional” al sistema de jubilaciones.

Página/12 adelantó el contenido de aquel documento, que básicamente postula que el costo fiscal de extender las actualizaciones de haberes a todos los jubilados en igual condición que Badaro y Eliff pondría al organismo en situación de déficit estructural. En la reunión de la próxima semana, los ministros de la Corte están interesados en conocer en detalle cuál sería ese impacto macroeconómico.

El caso que llegó al máximo tribunal es una demanda que inició hace dos años la Defensoría del Pueblo de la Nación para lograr la universalización de los fallos Badaro y Eliff. Fueron sentencias que obligaron al Estado a recomponer los haberes de esos jubilados, pero que sentaron jurisprudencia y motivaron que otros miles de jubilados –más de 300 mil– iniciaran sus respectivas demandas para lograr los mismos beneficios. La Defensoría pretende resolver la cuestión con una acción colectiva que alcance a todos.