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La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso ayer que a partir del 1º de septiembre las calificadoras de riesgo deberán publicar los manuales de procedimiento y las metodologías con las que evalúan los valores negociables en el país. Los documentos estarán disponibles en las páginas electrónicas de las agencias y en la web del organismo. La iniciativa responde a los lineamientos planteados por el gobierno nacional en los sucesivos encuentros del G20. “El objetivo es transparentar al público inversor los criterios utilizados por estas agencias de rating en la Argentina”, explicó a Página/12 el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli. La disposición tiene escasos antecedentes a nivel mundial y, entre las principales Bolsas de la región, sólo la de Perú publica de manera abierta este tipo de información.

Las calificadoras acumulan un creciente descrédito por su tarea. Esto quedó nuevamente en evidencia en la última crisis internacional. Ahora también fueron puestas en tela de juicio por los países centrales, descontentos por la degradación en las notas de sus deudas soberanas. El caso más emblemático es la rebaja que otorgó Standard and Poor’s a los bonos estadounidenses (ver aparte). A pesar de ello, los inversores continúan utilizando los diagnósticos de este oligopolio de empresas –S&P, Fitch y Moody’s– para tomar decisiones. Por ese motivo, la posibilidad de conocer la metodología, aun cuando está demostrada su falta de rigurosidad, permitirá al inversor formarse un criterio más acabado con respecto a un activo negociable.

Con ese criterio, la CNV obligará a las agencias a que hagan públicos sus estudios. Hasta el momento sólo se podía acceder a las notas y a los dictámenes, aunque no el detalle de los manuales de procedimiento y la metodología utilizada. De hecho, las calificaciones deben basarse en procedimientos previamente descriptos por estas sociedades en los manuales presentados oportunamente ante la CNV. “Esa información era de carácter restringido. El objetivo es que con esta medida se pueda transparentar el proceso completo de calificación”, sostuvo Vanoli, quien, no obstante, se mostró escéptico en la forma en que funcionan las agencias de rating.

El antecedente más cercano se encuentra en la ley de reforma financiera, impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la que se obliga a la Securities and Exchange Commission a difundir las “calificaciones iniciales, sus actualizaciones, la metodología utilizada y la información de respaldo”. Por su parte, la Unión Europea reglamentó en 2009 que las agencias “harán públicos los métodos, los modelos y las hipótesis fundamentales que utilicen para sus actividades de calificación”. En la Argentina, S&P dispone en su página local de un resumen de la metodología, Fitch requiere de registración previa para acceder a este contenido y Moody’s directamente no lo publica.

La medida permitirá a partir de septiembre un seguimiento del público de lo actuado por este tipo de agencias, al menos hasta que prospere la iniciativa de la CNV para generar un mecanismo de calificaciones testigo. En 2008, el organismo presentó un proyecto de decreto de reforma del régimen en que operan estas consultoras. El objetivo es que sean supervisadas por universidades públicas con financiamiento estatal y sus resultados serían de libre acceso para los inversores. La idea fue elevada a Economía y todavía no hubo avances. No obstante, organismos públicos como la Anses utilizan las calificaciones de las universidades.