La administración macrista no se privó de criminalizar la protesta, por el contrario, puso los recursos del Estado porteño en el armado de una causa emblemática. Hoy comienzan a ser juzgados los dirigentes universitarios procesados por participar, hace dos años, de una manifestación contra los despidos de obreros de la multinacional alimentaria Kraft. A pesar del pedido de la fiscalía para que Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe sean encarcelados, los jóvenes llegan en libertad al juicio que comienza a las 10. Pero desde las 8 habrá una manifestación en Avenida de Mayo y Tacuarí convocada por organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos y políticas para exigir su absolución.

“Estamos bastante preocupados por esta política del macrismo, que está a punto de sacar a sus 140 agentes de la policía antipiquetes a la calle, y creemos que este juicio va a marcar un antes y un después en la criminalización de las protestas callejeras, porque se trata de la juventud apoyando a los trabajadores, no fue cualquier corte, aquella manifestación se dio después de la represión y los despidos en Kraft”, dijo Calcagno, ex presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), imputada junto a Del Corro, ex secretario general de ese centro, y a Oribe, actual secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, por solidarizarse con los obreros de la ex Terrabusi, en septiembre de 2009. “La causa es un escándalo, son 600 fojas de espionaje a las organizaciones a las que pertenecemos, realizado por policías sin identificación que hicieron trabajos de inteligencia prohibidos por la legislación, con filmaciones de la Federal y la Metropolitana, datos y fotos de nuestros familiares, su filiación política, por iniciativa de los fiscales (Aníbal) Brunet y (Martín) Lapadú que pidieron que pase al fuero penal, pero como no lo lograron solicitaron nuestro arresto”, explicó la dirigente y estudiante, a punto de recibirse de socióloga.

La Cámara de Apelaciones no aceptó ese planteo de los fiscales, sin embargo emitió un fallo en el que determinó que los cortes de calle afectan a los transportes públicos y privados, y por lo tanto son un delito y no una contravención. “Se está instalando una política de persecución judicial y muerte contra la protesta social, como lo vimos en el Indoamericano, en Formosa o en Jujuy”, expresó Oribe. En tanto, Del Corro señaló que “esta causa es parte de los más de 5 mil procesados por luchar que hay en todo el país, es un ataque claramente político porque no es casual que los trabajadores y miembros de la comisión interna de Kraft, como Javier Hermosilla, Lorena Gentile y Oscar Coria, también estén enjuiciados y con embargos de miles de pesos”.

Importantes personalidades, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se pronunciaron en apoyo a los estudiantes que serán representados en el juicio por Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Luis Bonomi. Y en apoyo a los estudiantes acudirían hoy las diputadas María José Lubertino y Victoria Donda, el decano de Ciencias Sociales (UBA) Sergio Caletti, y la nieta recuperada Victoria Moyano, además de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires).