La Justicia comenzó a destapar una trama que incluye coimas y tráfico de influencias en el área de inspecciones y habilitaciones de boliches, en el gobierno porteño. El jueves pasado, efectivos de la Policía Federal allanaron los domicilios de tres personas que habrían actuado como gestores e intermediarios para lograr, merced a sus contactos con importantes funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control, habilitaciones de locales bailables o simples franquicias para que esos comercios puedan trabajar sin ser “molestados” por inspectores. Uno de los imputados sería la pareja de una funcionaria de esa área. El otro es el marido de la ex mediática Samantha Farjat, una de las celebridades del caso Coppola. A ambos se les concedió la eximición de prisión a cambio de una caución de 250 mil pesos sobre los bienes de cada uno. Entre los casos de extorsión que se investigan, uno afectaría a un importante empresario periodístico (ver recuadro).

La imputación a los dos gestores es el resultado de una serie de escuchas telefónicas entre distintos interlocutores, entre los que se incluye la directora de Fiscalización y Verificaciones, Vanesa Berkowsky. Los diálogos constan de gestiones, entre ellas, una por la que se negocia, previo pago de una importante suma en dólares, la habilitación del festival de música electrónica Creamfields, a realizarse en noviembre de este año, y un permiso para la habilitación del circo Servian en un predio de la Ciudad. Uno de los imputados, además admite haber sido quien gestionó la habilitación de Beara, el boliche donde murieron dos chicas del público al derrumbarse un entrepiso.

La causa se inició a partir de las denuncias de numerosos dueños de boliches nocturnos ante el proceder de los inspectores del organismo de control. Según revelaron a Página/12 fuentes vinculadas a la causa, los testimonios de los comerciantes coinciden en que el acoso mediante inspecciones sólo podía ser frenado mediante la suscripción de los comerciantes a un “sistema de avisos”, a través del cual, previo pago de un canon mensual, puede saberse qué día se haría la inspección en su local, o bien, directamente, evitar la molesta visita de los funcionarios. A esas denuncias se agregó la que formularon la actriz y vedette Nazarena Vélez y su marido, Fabián Rodríguez, por la presunta extorsión que sufrieron durante el trámite de habilitación de un teatro, el Multiespacio Los Angeles, ubicado en un local de la calle Corrientes al 1700, en el mismo lugar donde funcionó el cine del mismo nombre. Vélez y Rodríguez pidieron la intervención de sus propios teléfonos, medida que fue aceptada por el juez a cargo de la causa, Juan Ramos Padilla.

Como resultado de las escuchas aparecieron vinculados a las presuntas maniobras de cobros irregulares Leandro Camani –esposo de Samantha Farjat–, su socio Federico Garaglia, Matías Pantarotto –quien además fue abogado defensor de los dueños de Beara– y Vanesa Berkowsky, cuyos teléfonos celulares también fueron intervenidos judicialmente.

Camani registra un rosario de denuncias y reproches por su participación como organizador de eventos. Muchas de ellas han quedado registradas en la página de Facebook “A mí también me cagó Camani y Cía!”, generada en 2009.

En uno de los diálogos registrados, Camani le ofrece al marido de Nazarena hacerle la habilitación del teatro en un breve tiempo y puso como ejemplo de eficacia su trabajo para la habilitación de Beara. Ese boliche, que tenía permiso para funcionar como bar pero en los hechos era una discoteca o pub, fue escenario de una tragedia cuando se derrumbó un entrepiso, como consecuencia de fallas en la construcción, con un saldo de dos muertos.

La sola mención de Beara en las escuchas dio pie al juez Ramos Padilla para pedir que esa causa se adjunte a la que está instruyendo. Es que en la investigación de esa tragedia aparecieron muchos de los nombres que hoy figuran en esta causa. Por ejemplo, el de Vanesa Berkowsky, que en una audiencia en la Legislatura porteña reveló que había advertido al entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, que no debía aprobar el trámite de Beara. Es que el boliche registraba numerosas sanciones por funcionar como disco sin habilitación. Farrell renunció al cargo dos meses después del derrumbe, pero Mauricio Macri le dio trabajo en la Procuración General de la Ciudad. El propio Farrell anuncia en su página de la red Linked In que trabaja como abogado para el Gobierno de la Ciudad desde enero de este año.

Otro nombre que aparece en las dos causas es el de Norberto Cassano, jefe del departamento de Esparcimiento, que depende de Habilitaciones, imputado por la fiscalía como uno de los responsables de la habilitación a Beara. Su voz no aparece en las escuchas judiciales pero sí su nombre en una conversación entre Vanesa Berkowsky y Federico Garaglia, en la que éste le reclama que Cassano le está demorando una habilitación, en la que él actúa como gestor y ella promete interceder para que agilice el trámite.

En otro diálogo sin desperdicios, una mujer –que para los investigadores es Bercowsky, quien habría actuado como autoridad electoral en los comicios porteños del 10 de julio– admite, como al pasar: “Me tuve que afanar un sello (electoral). No, lo mío es de terror”.

En otra escucha, el abogado Pantarotto le cuenta a Camani que Jorge Becco, quien es presiente de la Cámara de Empresarios de Discotecas, “tiene guardados unos mails que tenía Vanesa (Berkowsky), cuando todo empezó y la ponen de directora, donde decían andá a clausurar este lugar o este otro, éste no que es amigo, Un día se fue de boca conmigo y me dijo ‘a mí no me pueden tocar el culo porque los hago reventar’”. “Aparte, Becco es el cuñado de (Amadeo) Genta, el titular del gremio municipal”, reveló.

Federico Garaglia, en otro diálogo con su socio Leandro Camani, considera que “es mucho diez mil dólares para dos lugares, capaz que habría que cobrar menos y agarrar más (...), tampoco es que le va a subir la capacidad (de público) una guarangada”.

Respecto de la habilitación de Creamfields, Leandro Camani le menciona a Garaglia que para organizar el festival en Parque Sarmiento, por el lugar “es posible que pidan 50, pero dejale treinta a uno... si están acostumbrados a pagarles coimas a todos lados. El permiso, si está todo incluido en eso, hay que pagar el 25 para acá”.

En otra conversación, Federico Garaglia le dice a Vanesa Berkowsky que necesita un lugar de 100 metros por 150 “para meter el circo Servian”. Le pidió que debía ser un predio del Gobierno de la Ciudad, que “salga dos mangos, como para hacer un convenio dándole forma de onda cultural, un invento”. Berkowsky le sugiere Costa Salguero, pero Garaglia lo rechaza de plano: “Cosas privadas son cien mil pesos por mes, quiero un lugar que me salga cinco o diez”. “Dejame ver, te averiguo”, le responde la funcionaria.

En base a estas conversaciones, que son sólo una parte de las que figuran en el expediente, y cuando aún falta desgrabar y transcribir otras escuchas, el juez Ramos Padilla ordenó el allanamiento de oficinas de la Agencia Gubernamental de Control, los domicilios de Camani y de Garaglia, una tercera vivienda ubicada en la calle Vera, en Caballito, y de los boliches Jacko’s, Honduras y Loka, ante la sospecha de que participaron de los arreglos.

En los allanamientos se secuestró abundante documentación: el legajo de Vanesa Berkowsky pero también los de Martín Farrell y Javier Ibáñez, el titular de la AGC, actas de inspección y carpetas de habilitaciones en trámite. También se incautaron computadoras y dos automóviles de alta gama, un Porsche Cayenne y un BMW 323, cuya propiedad se atribuye a Camani y a Garaglia, respectivamente, que no tendrían sus papeles de compra en orden.

Para los investigadores, tanto la documentación secuestrada como las personas involucradas hasta ahora constituyen apenas una parte de una amplia red delictiva que podría involucrar a funcionarios. “Es la punta del iceberg”, se entusiasman.