El 27 de abril de 1976, como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, el teniente Alejandro Duret recibió a Carlos Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron constancia de entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto el 24 de marzo cuando detuvo a su esposo y al que identificó luego como Duret, acusación que confirmó durante un careo en 1985. El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo hicieron propios los argumentos del defensor y absolvieron al militar. Ayer, ante una sala colmada por familiares y amigos de víctimas de la dictadura de Las Flores pero también por militares retirados y por la apologista del genocidio Cecilia Pando, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal tomaron nota de las pruebas y argumentos de las partes. Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda tienen ahora veinte días, bien para anular el fallo y condenar a Duret, bien para confirmar la absolución que represores y cómplices celebraron hace dos años como el comienzo del fin del proceso de justicia por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo, treinta hombres al mando de Duret detuvieron a su padre. El militar admitió en los ’80 que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció la información que ordenaba las capturas. La del padre era por “su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista”. “De Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. “Al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el 24 de marzo –agregó–, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores.”

Labolita visitó a su madre el 25 de abril. Media hora después lo detuvo la policía. En la comisaría dejaron constancia de que estaba “a disposición del área militar 125”. Dos días después se lo entregaron a dos uniformados en el cuartel de Azul. Policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que vieron cuando lo encapuchaban y que les negaron un recibo de entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio oral cuando le leyeron su testimonio.

Cinco días después, una patota a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le confió a Gladis. Rosa Banegas, madre de Carlos, reconoció entre los secuestradores al joven alto y rubio que se había llevado a su esposo. Cuando ambas mujeres pidieron explicaciones, el jefe del cuartel les dijo que lo habían liberado. Sobrevivientes del centro clandestino de Azul fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

En 1981, Rosa denunció la última visita de su hijo ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por crímenes en Necochea. Contó que incluso increpó a Duret: “¿Qué buscás si ya estuviste?”. En 1985, en un careo frente a frente, Rosa no dudó en identificarlo. Duret respondió “casi con seguridad” que no había vuelto al hogar de Labolita tras el 24 de marzo y ante la firmeza de la mujer concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura, Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y Gladis, en cambio, describieron al oficial que daba las órdenes. Los legajos de oficiales de Azul de 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

En 2009, el juez Carlos Rozanski votó en minoría por la condena. Esmoris y Jarazo, igual que el defensor Gerardo Ibáñez, pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor, desacreditaron el relato de la madre de Labolita, que no podía ratificarlo, y el de los policías que entregaron al detenido por ser posibles imputados, objeción que debieron formular antes de citarlos. El fiscal Horacio Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron ayer las incongruencias de la absolución, la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena de Duret, que prefirió no pisar la sala. Ahora Casación tiene la palabra.