Desde que dio sus primeros pasos, el proyecto de plan estratégico agroalimentario y agroindustrial recibió tanto gestos de apoyo como de desconfianza. Apoyo de quienes consideraban que abría un debate necesario sobre temas de fondo, cuestiones estructurales que siguen condicionando las posibilidades de un desarrollo inclusivo en el sector agropecuario. Desconfianza de quienes lo consideraron una pantalla para tapar otros reclamos provenientes del sector rural. Pero el debate avanzó, la construcción colectiva del plan superó las instancias programadas y ahora llega el momento de plantear las conclusiones y discutir las políticas a aplicar para cumplir los fines previstos. La tarea más sesuda, la de planificación, le debería dejar paso ahora a la cuestión más caliente, la de combate en el terreno. Porque convertir un modelo sojero en otro modelo productivo que genere arraigo, inclusión y desarrollo local, que asegure la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente en lugar de permitir que el libre juego de los mercados internacionales determinen qué y para quién se va a producir, requiere de políticas que, inevitablemente, provocan disputas de intereses. Como en la ley de medios o la recuperación del sistema público previsional, cuando las transformaciones van a fondo, afectan a grandes beneficiarios que no se resignan tranquilamente a entregar sus privilegios.

Distintos analistas y estudiosos de la realidad social en áreas rurales y el desarrollo económico regional del país en las últimas décadas han coincidido en la condena a un modelo que convirtió la soja en el cultivo estrella, pero excluyente. Entre otros impactos negativos, el modelo sojero conllevó a una integración vertical en la que quien controla el embarque de la soja (seis grandes exportadoras) dominan toda la cadena: la industrialización, el acopio, los insumos y el productor, por los precios que recibe y los productos que debe cultivar, dada la condición monopólica que le impone tener un único comprador.

A estos condicionantes se espera que el plan estratégico le dé respuesta. Así lo expresaron en los distintos encuentros de discusión del plan los sectores que representan a campesinos y agricultores familiares. “El modelo agroexportador, tal como está dado hasta ahora, es excluyente, genera desigualdad, desarraigo y expulsión de las familias campesinas y de las comunidades indígenas. Tenemos que marcar un nuevo modelo productivo, con nuevas matrices industriales. Nuestra producción territorial tiene y debe hacerse fuerte” (Ariel Méndez, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Jornada de Ferias Francas sobre Soberanía Alimentaria y Nueva Ruralidad).

Y lo reafirman, desde una posición académica, “analistas críticos” que, sin embargo, observaron con expectativa el enunciado del Plan sobre bases “humanistas, nacionales y populares”, que hizo la presidenta de la Nación hace justamente un año. Decía al respecto Norma Giarracca (Instituto Gino Germani, UBA): “Se puede construir ese Plan Estratégico desde pensamientos nacionales y populares o, dicho de otra forma, desde opciones ‘decoloniales’. Para ello hay que desactivar los discursos que respaldan los modelos neoliberales agrícolas. No se lo puede construir sosteniendo como política el modelo sojero, paradigma del agronegocio. No se puede generar sin tocar las corporaciones económicas y los actores hegemónicos exportadores, que cumplen con los mandatos de la geopolítica internacional en materia de recursos naturales, o a los monopolios de la semilla y a los capitales financieros al servicio de los pools de siembra...” (Suplemento Cash, 3 de octubre de 2010).

“El modelo económico agrario existente no garantiza la alimentación de las personas, porque busca rentabilidad y ganancia individual. Todavía hay vulnerabilidades en la soberanía alimentaria que hay que saldar”, explicaba Roberto Cittadini, coordinador nacional de Pro-Huerta (INTA) en el encuentro de Ferias Francas ya citado. Superar esas vulnerabilidades implica atacar la actual administración del uso y tenencia de la tierra, regular el uso de patentes de semillas, dictar una ley de arraigo que dé condiciones al productor para permanecer y desarrollarse en su zona. Una serie de condiciones que el mercado no ofrece.

Además de llegar a la producción de 160 millones de toneladas de granos y a los 100 mil millones de dólares exportados, se trata de ver quién tendrá el control de los mismos. Por ahí pasa el debate ahora, por cómo quedará repartido el manejo de este crecimiento.