El titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, denunció ayer penalmente al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados, argumentando que pusieron “en riesgo la seguridad aérea”. El lunes pasado el Gobierno dispuso transferir las operaciones de los controladores a la órbita de la Fuerza Aérea, debido a conflictos gremiales que impidieron el normal desarrollo de los vuelos ese fin de semana.

El sindicalista sostuvo que ambos funcionarios “designaron en el Centro de Control Aéreo de Ezeiza personal no idóneo y poco capacitado para dicha tarea e impidieron el ingreso al área de supervisores cuya labor resulta esencial para garantizar la seguridad aérea”. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal número 7, a cargo del juez Norberto Oyarbide. Cirielli imputó a Puricelli y Granados los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según la denuncia, las operaciones quedaron a cargo de “personal militar que estuvo fuera de servicio entre dos y ocho años, sin la práctica laboral y sin las habilidades profesionales indispensables para ocupar dichos cargos”.

“El escaso personal designado (insuficiente para controlar eficazmente un aeropuerto) había ingresado a laborar a las 12 horas y siendo las 20 horas continuaban prestando servicio”, denuncia Cirielli. Sin embargo, el titular de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), Omar Torres, reconoció que ese día los trabajadores había parado en “solidaridad” con los ex militares transferidos al área de Defensa.