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Los subsidios al consumo de electricidad, gas, agua y al transporte público tienen un objetivo económico y un componente político ineludible para su análisis. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como han insistido en los últimos años representantes de la corriente ortodoxa, y que, de acuerdo con las reacciones de estos días, han tomado la delantera en esa disputa sobre el sentido común. En ese batallar contra los subsidios han contado de aliados a no pocos heterodoxos, que han adaptado ese discurso con la bandera de la equidad distributiva. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios como una importante herramienta de la gestión económica, para incentivar el consumo masivo, la producción y la competitividad de la economía.

Las medidas de recortes anunciados y por venir apuntan a esos dos componentes (gasto público y altruismo ciudadano), aunque sólo está explicitado el segundo en las declaraciones de los ministros. Esto último se instrumentará con un recurso que apela a la sensibilidad social: la “renuncia voluntaria” del subsidio. El Estado no es una ONG que requiere de comportamientos solidarios de la población, sino que debe definir normas generales con criterios determinados para su cumplimiento. Algunas podrán ser observadas como progresivas y otras como regresivas, sin trasladar su responsabilidad de decisión. En esa línea de solidaridad social se podrían establecer también precios diferenciados para la carga de nafta hasta terminar con un carnet de pobres o de clase media baja para ser acreedor de subsidios al combustible. O proponer a los ahorristas de plazo fijo la opción de pagar el Impuesto a las Ganancias sobre los intereses, hoy injustamente exentos. Se establecería así la implacable ley del mercado: “Quien puede pagar, que pague”. ¿Los padres de familias acomodadas en la pirámide de ingresos, que envían sus hijos a escuelas privadas que reciben subsidio estatal, también deberían hacer un acto de contrición y renunciar a ese aporte? Sólo en el área de la Ciudad de Buenos Aires, de un total de 789 establecimientos educativos de gestión privada que existen, 441 reciben aportes estatales para el pago de los salarios de los docentes, totalizando recursos por más de 800 millones de pesos anuales.

Es notable cómo han calado hondo concepciones de vida neoliberal, individualista, de dádiva del rico al pobre, incluso en analistas que no se reconocen como conservadores. Un mecanismo opuesto al de la “renuncia voluntaria” de subsidios es el sistema de fiscalización de compra de divisas, que el mismo gobierno implementó hace veinte días. Quien quiere adquirir dólares en la ventanilla de un banco no se presenta y dice que tiene una estructura patrimonial aceptable para concretar la operación. Es la AFIP la que determina si es posible efectivizar la transacción al establecer ciertas reglas de aceptabilidad, con criterios que pueden ser criticables, pero la decisión no queda en manos de la persona, sino en las del Estado.

Los subsidios son una potente herramienta de política económica utilizada por diversos países para consolidar su desarrollo. No son malos per se, como deja traslucir el discurso de la ortodoxia, que comienzan con los subsidios y luego lo extiende a todo el gasto público. Desde la perspectiva de la teoría neoclásica, suele atribuirse a este tipo de políticas una excesiva intervención en la economía con efectos “distorsivos”, que inhiben el libre funcionamiento del mercado y el despilfarro de recursos en gastos “superfluos”. Resulta fundamental entonces precisar conceptualmente el carácter de los subsidios para eludir definiciones morales sobre quienes son los beneficiarios, y conservadores sobre el papel del gasto público. Al rescate de ese objetivo, la economista Eugenia Aruguete ofrece una explicación oportuna en “La actual política de promoción económica, subsidios y préstamos del Estado Nacional. Gastos tributarios y directos en el marco de una estrategia fiscal expansiva”. Señala que “varios son los fines que motivan la aplicación de subsidios. Los principales son mantener estable el precio y las tarifas de ciertos bienes y servicios”. Apunta que ésta es, predominantemente, la razón de los subsidios al transporte, al sector energético y a la industria agroalimentaria. También, la de atender el funcionamiento de empresas públicas, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Otro objetivo es el de impulsar el desarrollo de determinados sectores productivos. “Estos subsidios han tenido como una de sus principales finalidades contener el alza de precios y tarifas”, indica. Aruguete destaca que esa estrategia tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo. Y un efecto indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada.

En el sector productivo, los subsidios a empresas pueden mejorar las condiciones de producción, estimulando una mayor inversión y favoreciendo el desarrollo de actividades que no se hubieran realizado sin incentivos. La concesión de subsidios, especialmente si se destinan a financiar actividades proveedoras de bienes y/o servicios industriales, como la energía, puede disminuir los costos empresarios y mejorar la competitividad de las firmas, promoviendo inversiones industriales y generando empleo. Esto implica que una empresa puede ganar mucho dinero y a la vez recibir subsidios, porque sería una decisión del Estado fomentar esa actividad en función de un objetivo de desarrollo. Es lo que hacen otros países estableciendo compromisos de inversiones, creación de puestos de trabajo, metas de exportación de las compañías beneficiadas. Esto significa que los subsidios no son un gasto público indiscriminado y que debe ser eliminado totalmente porque genera distorsiones, sino que es una herramienta de política económica a la que el Estado no debe renunciar en el altar de la ortodoxia.

Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminarlos o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de la expansión. Además, se presenta el riesgo de sumar tensiones inflacionarias. Si el Gobierno eligió ese camino porque prevé un 2012 apretado por la crisis internacional, puede terminar por confirmarlo debido a que se trata de una medida procíclica: para los usuarios, un menor consumo; para las empresas, una merma de competitividad.

Se sabe que las medidas económicas no están escindidas de la política y, por lo tanto, ese componente debe considerarse para un análisis abarcador, aunque incorporando una base conceptual de los subsidios en términos económicos lejos de las ideas de la ortodoxia. Por eso es una pregunta que no contempla las etapas históricas de un proceso ni los componentes políticos la pregunta “¿por qué no lo hicieron antes?”. La decisión del Gobierno de impulsar la “renuncia voluntaria” al subsidio tiene su explicación en el objetivo de evitar en forma inmediata el costo social de modificar el sistema de distribución de recursos luego del intento fallido de 2008, por resistencia de organizaciones de consumidores y de la oposición política con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación. Habrá que esperar el momento de la recepción de las facturas para evaluar si la nueva estrategia logra superar ese costo. Además, resulta obvio que ahora existe un escenario político amigable para el Gobierno luego de las elecciones presidenciales.

Por otro lado, el frente fiscal de esta medida apunta a consolidar la recuperación de los superávit gemelos (cuenta corriente y fiscal). Esto no es una decisión económica, sino fundamentalmente política. Se sabe que una economía puede mantener su estabilidad con los actuales saldos de esas dos variables, que incluso registran mejores resultados que varios países. Pero por las características políticas y del poder económico de Argentina, desde un comienzo la administración kirchnerista estableció como norma para gobernar una sobreexigencia del saldo de esas cuentas para que la legitimidad política en las urnas pueda ser ejercida con cierta autonomía frente a diversas corporaciones, que ante algún signo de debilidad arremeten, como se observó en los últimos años en diferentes frentes, y más reciente en el mercado cambiario.

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