Mariano Recalde (en el centro) en el centro de entrenamiento de Aerolíneas. Denunció un perjuicio millonario.
Imagen: DyN.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, denunció que el combustible para aviones, el JP1, “pese a que se produce casi en su totalidad en el país, con costos nacionales, es cobrado a las empresas, en particular a Aerolíneas, a precio internacional”. Señaló que “ésta es una situación que hay que corregir y tomaremos las medidas necesarias para revertirla”. El mismo hecho había sido descripto por la presidenta, Cristina Fernández, en su discurso del miércoles en Casa de Gobierno, en el marco de otros cuestionamientos a las empresas petroleras por falta de inversiones y abusos en los precios. Recalde ratificó lo apuntado por la jefa de Gobierno en cuanto a la magnitud del perjuicio. “Aerolíneas es la principal consumidora del JP1, con 500 millones de dólares al año; habría que hacer lo necesario para que pague un poco más barato”, apuntó.

El gobierno nacional había intentado aliviar la carga del precio de los combustibles para vuelos de cabotaje en junio de 2008, cuando propuso un acuerdo a cinco compañías aéreas (Aerolíneas, Austral, LAN Argentina, Sol y Andes) y a tres petroleras (Repsol YPF, Esso y Shell) para aportar un cupo mensual de JP1 a un precio reducido, que compensaría parcialmente con un subsidio del Estado. Para las compañías aéreas, el acuerdo les posibilitaba acceder al combustible a un precio entre un 40 y un 45 por ciento inferior al que exigían las petroleras anteriormente. Pero el acuerdo no funcionó, por la negativa de Esso y Shell a suscribirlo.

En el abastecimiento de combustibles en aeropuerto para vuelos internacionales, el sistema de precios toma como referencia los valores de mercados externos. Y se hace valer la misma regla para todas las compañías aéreas, incluso Aerolíneas.

A principios de la semana anterior, el gobierno nacional puso sobre el escenario un debate en torno del comportamiento monopólico de las empresas petroleras. Hizo pública la denuncia presentada por cámaras del transporte (de carga y de pasajeros) por tener que pagar el gasoil hasta un 30 por ciento más caro que el valor al que se vende en surtidores. Las autoridades pidieron la apertura de una investigación sobre presuntas conductas monopólicas (“abuso de posición dominante”) en la fijación de precios. Al mismo tiempo, el gobierno advirtió –a través del ministro Julio De Vido– que los recursos gasíferos y petroleros descubiertos recientemente habían servido para inflar los patrimonios de las empresas pero no para aumentar la producción, ya que no se habían hecho las inversiones para extraer las reservas del subsuelo.

Anteayer la Presidenta retomó la cuestión, aportando nuevos datos. “En 2011 tuvimos un importante superávit comercial, pero si las empresas petroleras en nuestro país hubieran mantenido o aumentado la producción, habría sido mucho mejor, porque hemos tenido que importar 9396 millones de dólares en combustible, un 110 por ciento más que en 2010”.

Oscar Aguad, ex candidato a gobernador de Córdoba, fue uno de los primeros de la oposición en reaccionar, pero saliendo a justificar a las empresas por la falta de inversiones y culpar al Gobierno. “No hay petróleo, dice la Presidenta; pero hace diez años que están gobernando. Si las empresas no han explorado, es porque no había tarifas. Todos los problemas los ha provocado el Gobierno”, afirmó el legislador ayer en Radio Continental, tal como lo cita la agencia DyN.

La senadora cobista por Mendoza Laura Montero también hizo oír su voz, pero en su caso para asegurar que ella ya había señalado que las petroleras cobran precios diferenciales más allá de los costos de producción y traslado. Cristina Fernández destacó que en zonas como Mendoza, que cuenta con la refinería de Luján de Cuyo, o Salta, también con producción y refinerías, pagan más caro los combustibles que en la Capital Federal. La ex radical Montero coincidió con la Presidenta en enfocar el problema, pero en vez de cuestionar la política abusiva de las empresas, propuso un proyecto para bajar los montos mínimos y las alícuotas que se pagan por el impuesto a la transferencia de combustibles en las provincias más alejadas de la Capital Federal, Es decir, sostuvo que la diferencia se cubra con una quita de recursos al fisco nacional, sin tocar las ganancias extraordinarias de las empresas.

Hasta anoche, las petroleras aludidas optaron por mantener un significativo silencio, aunque su palabra es esperada en los próximos días, al menos, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en la que está radicada la denuncia y pedido de investigación.