Lorena Martins viajaría la semana próxima a México para declarar ante la Procuración Nacional, reiterando las denuncias por trata de personas y coimas contra su padre, el ex agente de la SIDE Raúl Martins, dueño de prostíbulos en Buenos Aires y Cancún. Los dichos de Lorena, que fueron un adelanto exclusivo de Página/12, provocaron una auténtica conmoción en México, lo que motivó que la diputada Rosi Orozco, titular de la Comisión contra la Trata del congreso mexicano, y 47 Organizaciones No Gubernamentales se comunicaran con Lorena para pedirle que radique la denuncia en México. En forma paralela, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, entregó al procurador de la Nación, Esteban Ri-ghi, el resultado de diez horas de declaraciones de Lorena y las pruebas que aportó –documentos, teléfonos, agendas– ante su ministerio, con el fin de encaminar el caso, que en los tribunales argentinos está en una disputa de competencias que no se termina de resolver.

Como se sabe, a fines de diciembre Lorena Martins se presentó a la Justicia argentina para denunciar a su padre, propietario de siete prostíbulos en Buenos Aires y, en la actualidad, el más importante de Cancún, Mix Sky Lounge, aunque también tiene The One y manejó a muchísimas chicas en otros boliches-prostíbulos de esa ciudad balnearia, en Playa del Carmen y, antes, en Tijuana.

Toda la denuncia de la hija contra el padre –publicada por este diario– incluía planillas, mails, detalles sobre la forma en la que se lleva la contabilidad, puertas secretas en los locales y metodologías para quebrar a las chicas y llevarlas a la prostitución. Lorena, además, dio datos sobre los sostenes que los funcionarios mexicanos le dan a su padre, tanto en niveles políticos, como en Migraciones y, sobre todo, los que están más vinculados a la administración local y estadual. Raúl Martins ya tiene orden de expulsión de México, pero sus abogados presentaron amparos que tienen suspendida su salida de ese país.

Martins ya había estado en la tapa de los diarios mexicanos cuando Claudio Lifschitz, su abogado durante siete años, rompió con él y también lo denunció. Lifschitz después trabó relación con Lorena, aunque esa relación no continúa en la actualidad. De todas maneras, ha sido su abogado. El caso Martins también fue reflejado en toda su crueldad por el libro Esclavas del Poder, de la periodista mexicana Lydia Cacho, pero con un impacto distinto que la denuncia formulada por la hija contra el padre, además de los detalles que la joven conoce de la organización.

Ahora, los diarios mexicanos reflejaron lo dicho por Lorena en Página/12 y todos los elementos que este diario fue agregando: el relato de Carla (nombre de fantasía de una víctima de trata) sobre el martirio al que fue sometida en México, y el aporte de la travesti Alejandra Deraux, quien bailó en el boliche Mix, donde se encontró con una joven argentina a la que le habían quitado el pasaporte, la habían quebrado para que ejerciera la prostitución y la mantenían endeudada para que no pudiera abandonar la actividad. Todos coincidieron en el vínculo de Martins con Los Zetas, el cartel de narcos. Estos lo protegen a cambio de la entrega de chicas.

La diputada Orozco se comunicó con Lorena y, en principio, la Procuración, los diputados y 47 ONGs garantizarían su seguridad. La joven llevará copia de las pruebas entregadas a lo largo de dos días completos de declaraciones en el Ministerio de Seguridad argentino. Precisamente ayer, la titular de esa cartera, Nilda Garré, le entregó al procurador Esteban Ri-ghi esas declaraciones y evidencias. Es que, pese a que Lorena hizo su denuncia el 26 de diciembre, el expediente avanzó poco y nada. La causa fue a sorteo, cayó justo en el juzgado de Norberto Oyarbide, amigo de Raúl Martins, por lo que Lorena pidió su apartamiento. También la joven recusó al fiscal y, encima, hay una pelea por la competencia ya que hay otro expediente que debe ser resuelto por la Cámara del Crimen, en el que un juez de instrucción penal y un juez federal se declararon incompetentes. Como Oyarbide está de licencia, lo subroga el juez federal Sergio Torres, que tiene que decidir el futuro de semejante laberinto. Lorena sugirió en diciembre allanamientos y escuchas telefónicas y una larga serie de medidas, pero nada se hizo hasta al momento.