La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los clubes de fútbol de Primera División y la B Nacional deben construir un registro con la información de los propietarios reales de los pases de sus jugadores y reportar al organismo cualquier irregularidad que encuentren. La resolución apunta a conocer quiénes son los dueños de los derechos económicos de los futbolistas y la procedencia de esos recursos para transparentar una de las patas más opacas del negocio donde participan inversores anónimos, fideicomisos o fondos de inversión establecidos en paraísos fiscales.

En el marco de la Ley Antiterrorista, la decisión de la UIF busca prevenir operaciones de lavado de dinero encubiertas en la compraventa de jugadores desde y hacia el mercado argentino. En la dependencia que encabeza José Sbatella reconocen que la conformación de los registros será un proceso extenso y dependerá de la voluntad de las 40 instituciones que participan en las dos categorías más importantes del fútbol local y de la AFA para avanzar en la regulación de la industria deportiva. La UIF podrá sancionar a quienes no cumplan con los nuevos requerimientos.

En las últimas cuatro décadas el mercado laboral de los jugadores de fútbol experimentó un profundo proceso de internacionalización. A diferencia de otros deportes como el básquet, donde los jugadores son contratados por los equipos, en el fútbol, además del contrato con el club, existen los derechos económicos: los pases. Junto con la creciente exportación de futbolistas, los pagos por las transferencias alcanzaron valores muy elevados. Según advierte la UIF en la resolución 32/2012, “la afluencia internacional de dinero corre el riesgo de caer fuera del control de organizaciones nacionales y futbolísticas ya que los flujos de fondos circulan dentro y fuera de paraísos fiscales y/o comprenden muchos países”. A su vez, el organismo advierte que el crecimiento del mercado de pases acarreó la multiplicación de los individuos involucrados en el proceso –managers, intermediarios, sponsors y empresas propietarias de jugadores, etc.– que “propicia el ocultamiento de actividades fraudulentas, en particular en la medida en que las operaciones y actividades delictivas se lleven a cabo en el exterior”.

Por esa razón y por otros factores, como la debilidad financiera de muchos clubes, las instituciones de Primera A y B Nacional deberán conocer con detalle quiénes son los propietarios de los jugadores de sus equipos. Ya sean grupos extranjeros o fideicomisos, la UIF dispuso que las instituciones deben requerir a esos inversores todos los datos sobre sus estructuras. “El mercado de transferencias es vulnerable a varias formas de malversación tales como la evasión impositiva, fraude cometido por miembros de la industria y lavado de dinero”, advierten el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su subsidiaria en América del Sur (Gafisud), en un documento publicado en 2009.

Los organismos sostienen que la sobrevaluación de un jugador es una de las técnicas de lavado de dinero más utilizadas en el sector. Ese informe recuerda el caso de un equipo latinoamericano muy endeudado que recibió financiamiento de un fondo colectivo de inversiones constituido en un paraíso fiscal. Cuando ese club adquirió a un jugador de un equipo argentino, los fondos nunca ingresaron al país, sino que fueron depositados en una cuenta en el exterior imposibilitando conocer el origen de esos recursos. “Es necesario reconocer la industria deportiva como una actividad sólida que requiere transparencia financiera, administración financiera adecuada y un marco regulatorio eficaz”, explica el organismo que conduce Sbatella en la resolución.