El directorio de YPF presentó ayer una propuesta para aumentar el capital social de la petrolera con los 5296 millones de pesos que ganó el año pasado y otros 493 millones remanentes de 2010. De ese modo, mantendrá el dinero en la empresa y no pagará dividendos a sus accionistas, tal como le había solicitado el Gobierno. Sin embargo, descartó constituir una reserva voluntaria para destinar a inversiones. Por lo tanto, esos recursos no tendrán una asignación específica. “La capitalización no asegura que la plata se invierta donde tiene que ser invertida”, aseguró el director estatal, Roberto Baratta, quien rechazó la propuesta. La asamblea de YPF tratará el tema el 25 de abril, pero el respaldo de Repsol y la familia Eskenazi hace prever que su aprobación será un mero trámite.

La reunión tuvo lugar cerca del mediodía en la sede central que YPF tiene en Puerto Madero. Al igual que en el último encuentro, Baratta asistió junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron. Tal como había adelantado, el Gobierno se opuso al reparto de dividendos y propuso destinar ese dinero a inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos para incrementar la producción. Los representantes de Repsol y el Grupo Petersen (controlado por la familia Eskenazi), aceptaron no distribuir dividendos, pero sorprendieron con la propuesta de capitalización, que el directorio respaldó por mayoría. “Es una muestra rotunda del firme compromiso de los accionistas hacia la sociedad y sus actividades, y es una clara muestra de su alta sensibilidad ante la situación actual, las necesidades de inversión y los compromisos de la compañía”, afirmó el presidente de YPF, Antonio Brufau, en un comunicado. Para reafirmar esa postura, informó que la previsión de inversiones para este año es de 15.000 millones de pesos, un 12,8 por ciento más que en 2011.

La propuesta no conformó al director estatal. Baratta votó en contra porque aseguró que de ese modo no se garantiza un incremento de las inversiones. El argumento oficial es que, si bien el dinero queda en la empresa, no tiene una asignación específica. Por lo tanto, podría ser usado para incrementar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, como quiere el Gobierno, o quedar congelado en alguna cuenta hasta que una futura asamblea decida distribuirlo como utilidades en un escenario de menor conflictividad política.

Desde ese punto de vista, lo que se hizo ayer es simplemente postergar la definición sobre el uso que se le dará al dinero. De hecho, Baratta remarcó en la reunión que la previsión de inversión de 15.000 millones de pesos que informó la conducción es la misma que tenía antes de que le exigiera un esfuerzo mayor, pese a que este año la producción de YPF sigue cayendo. “Lo que nosotros necesitamos es que las empresas inviertan, extraigan, produzcan y lo pongan al servicio del desarrollo de la Argentina porque si no, nos vamos a encontrar con desabastecimiento petrolero”, afirmó Axel Kicillof a la salida del encuentro.

–¿Estas diferencias dejan más cerca una posible intervención? –le preguntaron a Kicillof en la improvisada conferencia de prensa que se monto en la puerta de YPF.

–Lo que le estamos requiriendo a la empresa es que cumpla con los compromisos asumidos. Hoy no hemos encontrado un plan de inversión que parezca ir en esa dirección y vamos a seguir actuando para que esto se modifique, con todos los instrumentos que tiene a su disposición el Estado nacional.

Ante estos cuestionamientos, fuentes del mercado cercanas a la empresa defendieron la propuesta y la consideraron un gesto para tratar de descomprimir el conflicto con el Gobierno, pues YPF no demandará dólares en el mercado de cambios ni, obviamente, girará esos dólares al exterior. El Grupo Petersen estaba especialmente interesado en la distribución de dividendos porque el 25,46 por ciento de las acciones que posee en la compañía las adquirió endeudándose en más de 3500 millones de dólares y esa deuda, más los intereses, la venía cancelando con las ganancias de la propia empresa. No obstante, las mismas fuentes de mercado le dijeron a este diario que el Grupo Petersen podría intentar refinanciar los próximos vencimientos si esta situación se extiende en el tiempo. En relación con la falta de un fondo específico que garantice la inversión, la respuesta fue que la reunión había sido convocada para decidir el destino de las utilidades y que las decisiones de inversión corresponden a la gestión de la compañía. Esas mismas fuentes consideraron que si el Estado quiere definir el plan de inversiones y monitorear el destino de cada dólar, tendrá que tomar el control de la compañía.

En medio de este conflicto, paradójicamente ayer las acciones de YPF treparon 8,3 por ciento en Wall Street y 9,1 por ciento en la Bolsa de Buenos Aires. En gran parte se debió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien el martes descartó la opción de nacionalizar la petrolera. “No vamos a eso (...) tienen que cumplir con lo comprometido como empresa, que es producir. Nada del otro mundo, nada extraño”, afirmó. Esa frase tuvo repercusión internacional porque Abal Medina es jefe de Gabinete y se creyó que estaba expresando la posición del Gobierno. Sin embargo, el funcionario tuvo que salir ayer a desdecirse. “No afir-mamos ni descartamos ningún curso de acción con respecto a YPF”, agregó.