El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, anunció que no acatará el fallo de la Corte Suprema que fijó la interpretación correcta del derecho a un aborto no punible en casos de violación. Urtubey, conocido por sus posturas conservadoras alineadas con la jerarquía católica y por apoyar el dictado de catecismo como materia obligatoria en las escuelas públicas, afirmó que los hospitales en esa provincia sólo realizarán abortos no punibles “si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez”, en abierto incumplimiento de la reciente sentencia del máximo tribunal que estableció que exigir ese aval resulta “ilegal” y “arbitrario”. Distintas voces salieron a replicarle: “Urtubey procede como si Salta fuera un Estado talibán, porque les impone a las mujeres sus creencias religiosas, por encima del cumplimiento de la ley, independientemente de la creencia que ellas tengan”, denunció la filósofa feminista y ex legisladora Diana Maffía. “Interpretar que el fallo no se puede aplicar en Salta constituye una ilegalidad que genera responsabilidades del Estado a nivel internacional e interno”, advirtió la abogada salteña Mónica Menini, integrante de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, que agrupa a profesionales de distintos puntos del país.

Urtubey sostuvo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia “es sólo para un caso” y no abarca a todos los casos de mujeres embarazadas como consecuencia de una violación. “Cuando los jueces sean legisladores, podrán cambiar la ley”, agregó. Días atrás, el gobernador ya había manifestado que “la provincia no puede tomar ninguna medida porque ése es un fallo de la Justicia sobre un caso determinado vinculado al Código Penal. La provincia no puede avanzar sobre eso porque es competencia federal”.

Tanto Maffía como Menini coincidieron en señalar que las apreciaciones de Urtubey son equivocadas. “El fallo de la Corte pone un marco de interpretación que termina con la mala fe en la lectura del artículo 86 inciso 2 del Código Penal, una mala fe que escondía en realidad restricciones a la mujer que solicitaba un aborto no punible”, precisó Maffía en diálogo con Página/12. “La Corte no avanza sobre el Código Penal, no despenaliza, sino que marca la interpretación correcta de la norma y Salta como provincia debe aceptar el fallo. Los funcionarios que no cumplan con la sentencia incurrirán en responsabilidad, civil, penal y administrativa”, explicó Menini a este diario.

Maffía señaló que desde distintos sectores conservadores se la acusa a esta Corte de tener “una intención despenalizadora” frente al aborto. “Lo que sucede es que durante el menemismo hubo una Corte clerical que puso el derecho natural por sobre el derecho positivo. Por ejemplo, le negó la personería jurídica a la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) con citas de Santo Tomás de Aquino, bulas papales y la Biblia. Cuando la Corte era clerical se sabía que se imponían argumentos religiosos. La Corte cambia y sus sentencias se fundamentan en base a tratados internacionales de derechos humanos”, agregó Maffía. También recordó que el hecho de que una mujer embarazada en una violación tenga derecho a un aborto no significa que será obligada a realizárselo. Las mujeres que por sus convicciones personales no quieran hacerlo, no tendrán que abortar obligatoriamente. “El problema que tiene la Iglesia es que no logra persuadir a las mujeres en el momento de tomar la decisión frente a un embarazo no deseado. Cuando alguien impone sus principios religiosos por sobre sus responsabilidades democráticas, como Urtubey, procede como un Estado talibán”, concluyó la filósofa feminista.

Tal como se ha denunciado en estas páginas, Urtubey rechaza la educación sexual integral, que es política del Ministerio de Educación de la Nación, y elige que se dicte catecismo en forma obligatoria en las escuelas públicas; además, nunca reglamentó la ley de sexualidad responsable, y en consecuencia el programa de salud reproductiva de la provincia no tiene presupuesto propio, no hay consejería en anticoncepción en la mayoría de los centros de salud y hay médicos del sector público que se niegan a colocar DIU o a hacer una ligadura de trompas si las mujeres son jóvenes. Pero Salta no es la primera provincia en donde funcionarios de alto nivel se pronuncian en contra del fallo del máximo tribunal, en el cual se exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos de atención de los abortos no punibles con el más alto nivel normativo y se establece que es ilegal exigir una autorización judicial. También el ministro de Salud de Corrientes, Julián Dindart, el mismo que dijo que algunas adolescentes se embarazan para cobrar un subsidio, expresó que está en contra del pronunciamiento de la Corte. “La Corte dijo que demorar la interrupción legal de un embarazo es ilegal, que constituye un acto ilícito. Los médicos deben saber que con el fallo de la Corte están protegidos”, destacó Menini.