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La telefonía móvil es un “servicio en competencia”. La falla técnica que sufrió Movistar esta semana, por la que 16,7 millones de usuarios quedaron desconectados durante más de diez horas, puso en evidencia la falta de un marco regulatorio que le permita al Estado controlar las inversiones que realizan las empresas en el cuidado de su red como en la calidad de la prestación. “Entendemos que el sistema de seguridad de estas compañías requiere inversiones. Debemos ser muy duros con la empresa para que esto no vuelva a ocurrir”, manifestó Ceferino Namuncurá, interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). El comportamiento de las empresas de telecomunicaciones figura entre los más cuestionados, según los relevamientos de las asociaciones de consumidores, quienes reclaman la sanción de una ley que declare a la telefonía celular como un servicio público.

Este sector es manejado por tres compañías: Movistar, de la española Telefónica; Personal, de la italoargentina Telecom, y Claro, de la mexicana Telmex. Entre las tres concentran aproximadamente el 98 por ciento de los accesos y el 90 de los ingresos del sector. “La telefonía fija tiene un crecimiento vegetativo, los usuarios cada vez se vuelcan más a los celulares. Desde 2010 hay registrados 500.000 usuarios que dejaron el teléfono fijo y se quedaron solamente con el celular. Es decir que pasaron de un servicio regulado a uno en competencia”, explicó Osvaldo Bassano, de la asociación de consumidores Adduc. Este no es sólo un fenómeno local, sino que se da en todo el mundo.

“El incidente en Argentina parece dejar en claro que las redes son endebles y muy precarias las herramientas con las que cuenta la CNC para exigir calidad de servicio”, sostuvo esta semana la publicación especializada Convergencia. En el caso de los servicios públicos, como la provisión de electricidad, agua o gas, el Estado puede controlar y exigir un nivel determinado de inversiones para que el servicio brindado sea de calidad. En la telefonía móvil es el mercado el que fija las propias reglas de juego en detrimento de los usuarios.

Por ejemplo, los servicios prepagos, utilizados en su mayoría por las personas de bajos recursos, resultan más caros que los servicios pospagos. Según un estudio realizado por el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (Dirsi, 2009), la diferencia en el país sería cercana al 25 por ciento. La consecuencia directa es que los sectores sociales más vulnerables pagan mucho más cara su conexión que las capas medias y altas. Según el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra, el tipo de consumo prepago representa más del 70 por ciento del mercado de la telefonía móvil en la Argentina.

El otro mito del mercado es la portabilidad numérica, que en el país comenzó a aplicarse hace una semana. Los especialistas en telecomunicaciones sostienen que como ahora los usuarios podrán migrar de compañía sin cambiar el número, las empresas se esforzarán por mejorar el servicio para retener clientes.

“La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil que, además de regular las tarifas del servicio, permita dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías y dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados tanto con las deficiencias en la prestación del servicio como con problemas de facturación”, puede leerse en el proyecto de ley del senador Rubén Giustiniani, que busca declarar servicio público a la telefonía celular.