El titular de la Anses, Diego Bossio, irá dentro de dos semanas al Congreso a exponer los cuestionamientos del Gobierno a los regímenes jubilatorios especiales, en particular el de los jueces. Como anticipó Página/12 en enero, el objetivo oficial es modificar el funcionamiento de esos sistemas, bajo el argumento principal de que generan fuertes inequidades con el resto de los jubilados. Los magistrados reciben haberes que en promedio rozan los 25.000 pesos mensuales, con máximos que superan los 70.000. El haber medio del régimen general, en tanto, se ubica en 2215 pesos por mes, menos de una décima parte de aquél. El segundo motivo que dará lugar a esta movida del Poder Ejecutivo es que los regímenes especiales y las sentencias judiciales que ordenan reajustes de haberes por arriba de la jubilación máxima –hoy en 12.359 pesos– le ocasionan al Estado un déficit permanente, que este año ascenderá a 7000 millones de pesos. Por lo tanto, el Gobierno explorará caminos legislativos para ponerles tope a esos beneficios y a los fallos de la Justicia.

Los regímenes especiales son seis: involucran a jueces, diplomáticos, científicos, docentes, docentes universitarios y trabajadores eléctricos encuadrados en Luz y Fuerza. El Gobierno lo que objeta son los casos en que las jubilaciones van más allá del ingreso máximo del régimen general, establecido –como se mencionó más arriba– en 12.359 pesos en la actualidad. Eso pone en la mira los haberes de jueces y diplomáticos, en su gran mayoría, los de trabajadores de Luz y Fuerza y científicos, en menor medida, y los de docentes y docentes universitarios, en una proporción baja respecto del total de sus beneficiarios.

En la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anticipado que el jefe de la Anses visitaría a los legisladores para hablar de situaciones de “privilegio” que es necesario eliminar. Según dijeron fuentes oficiales a este diario, el encuentro se concretará dentro de dos semanas. “Hay una decisión política muy firme de darle un corte a este tema”, confirmaron desde el bloque del Frente para la Victoria, que ya lo ubican entre las prioridades de su agenda de trabajo.

El Gobierno se limitaría a exponer de manera conceptual cuáles son los problemas con las jubilaciones especiales y con las sentencias de la Justicia que fijan retroactivos de más de 12.000 pesos, pero no presentaría un proyecto de ley propio con las soluciones posibles. Dejaría que sea el Congreso el que debata qué hacer. Es decir, que el bloque oficialista llegue a un consenso con espacios de la oposición para fijar una “política de Estado”. La razón de esa estrategia es enviar un mensaje contundente desde el Poder Legislativo al Poder Judicial, presumiblemente afectado por los recortes a las jubilaciones de los jueces, en un intento por dificultar fallos contrarios a la ley.

La idea fuerza es que los regímenes especiales y los fallos que determinan haberes elevados le están ocasionando un daño creciente al sistema de la seguridad social. “Acá hay una situación que no es sostenible en el tiempo”, dicen los especialistas del oficialismo. Este año el “costo” para compensar esos sistemas y esas sentencias se estima en 7000 millones de pesos. Las cuentas de la Anses, de todos modos, terminarían en equilibrio, pero año tras año el peso presupuestario irá aumentando.

Cualquier cambio en los mecanismos de liquidación de jubilaciones para los regímenes especiales o para las sentencias siempre será a futuro, ya que hacia atrás existen derechos adquiridos. El problema central que visualiza el Gobierno en todos esos casos es que no hay topes para el pago de los haberes ni de los fallos y lo que busca justamente es establecer por ley algunos límites.

Los trabajadores que aportan al régimen general destinan todos los meses el 11 por ciento de su salario para la jubilación. Pero lo hacen con un tope, que en este momento es de 19.070 pesos por mes. No se les practican descuentos por todo lo que ganen por arriba de esa cifra. La contracara de esa medida es que cuando se jubilan no pueden aspirar a haberes mayores que los establecidos como jubilación máxima, hoy en 12.359 pesos. En cambio, en los regímenes especiales no existe tope para los aportes –que son uno o dos puntos porcentuales mayores que los del resto–, pero al momento de jubilarse también cobran sin tope.

Ese mecanismo reproduce en el retiro las mismas diferencias de ingresos que existían en la etapa activa. El Gobierno asegura que auspicia otra política, de carácter redistributivo, que apuntó en su momento a mejorar la jubilación mínima más que las otras y a integrar a quienes habían quedado fuera de la seguridad social a través de las moratorias. Y sostiene que dejar a la mayoría de los trabajadores con topes de aportes y jubilaciones y a seis sectores sin ningún límite redunda en un perjuicio para los primeros –la inmensa mayoría– y en un privilegio para los últimos. En especial, para aquellos que como los jueces o los diplomáticos cobran salarios muy altos y, por lo tanto, también se jubilan con ingresos muy superiores al resto. El jubilado juez que más gana tiene un haber bruto de 73.390 pesos por mes. El último aumento de marzo por la ley de movilidad le reportó 10.900 pesos.