Un ex presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) es el jubilado mejor pago del país. Tiene un ingreso bruto de 112.000 pesos por mes, muy por encima del haber tope para el régimen general, de 12.359 pesos, y 66 veces más que quien recibe la mínima, de 1687 pesos. El banquero consiguió superar aquella valla gracias a un fallo judicial que ordenó recalcular su haber. Se trata de un caso extremo, pero está lejos de ser el único. Esto se debe a la alta litigiosidad del sistema previsional argentino. Según quien lo mire, esa litigiosidad es el resultado de años de violación de las leyes jubilatorias por parte de los gobiernos o de la consolidación de una industria del juicio que genera sentencias contra el Estado de manera indiscriminada.

El Gobierno considera que el Poder Judicial ampara en términos generales esa industria del juicio, que se concentra en el área metropolitana y se alimenta con los sectores de más altos ingresos. De acuerdo con estadísticas oficiales, cerca del 70 por ciento de las causas por reajustes de haberes son iniciadas en juzgados de la ciudad de Buenos Aires y tienen como demandantes a jubilados que están en el rango del 30 por ciento de quienes más ganan. El 59 por ciento de las sentencias a liquidar corresponde a jubilados que, al momento de iniciar el juicio, percibían un haber de más de 5496 pesos. Es decir, el acceso a la Justicia es para sectores con mayores recursos económicos. Desde Tribunales la respuesta es que el problema existe, pero quien lo provoca es el Gobierno cuando liquida mal una jubilación, perjudicando sobre todo a quienes tienen menos capacidad de defensa.

En línea con ese debate, la Anses cambió el año pasado el sistema interno de liquidación de sentencias. Pasó de uno sin reglas a otro en base a prioridades. Cobran primero los beneficiarios de jubilaciones más bajas y los de mayor edad. De ese modo, se eliminan arbitrariedades que existían en el pasado, cuando estudios jurídicos importantes conseguían “sacar” primero los fallos más abultados. Hubo una fuerte resistencia contra esa modificación, incluso dentro de la Anses, pero desde abril del año pasado se aplica de manera rigurosa. Los pagos de retroactivos vienen creciendo mes a mes desde ese momento, con un record de 3072 en noviembre pasado. En todo 2011, el organismo de la seguridad social liquidó 16.932 sentencias, por 2081 millones de pesos.