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Después de la maratónica jornada de negociaciones de ayer, LAPA aún no tiene garantizada su supervivencia, pero sus esquivos propietarios difícilmente puedan eludir la responsabilidad de haber tomado algunas decisiones desventajosas para la concursada aerolínea. Si finalmente concreta su amenaza, el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, promovería una demanda penal contra los accionistas actuales “y anteriores” –según precisó fuera de las cámaras televisivas un colaborador– por las presuntas irregularidades en el manejo de la aerolínea. El mayor desvelo oficial, sin embargo, consiste en encontrar una fórmula que permita reubicar a parte del personal ante una eventual liquidación, incluida la posibilidad de que parte sea absorbido por el Estado.
La reunión comenzó ayer por la mañana en la sede de Producción durante un encuentro que congregó a sindicalistas, funcionarios y responsables de LAPA, incluido un emisario de Eduardo Eurnekian, propietario de la empresa hasta hace unos meses. En nombre del empresario, Guillermo Francos se abocó a explicar que el operador de los aeropuertos nacionales “tuvo que vender” LAPA por una exigencia de la Comisión de Defensa de la Competencia, que no le permitía explotar las estaciones aéreas y, al mismo tiempo, una línea aérea.
Mario Folchi, presidente de la compañía y actual accionista junto al boliviano siempre ausente Humberto Roca y a Ricardo Arena, aprovechó el cónclave para proponer lisa y llanamente la quiebra de la compañía, en base al siguiente esquema: que deje de operar por un mes y que una comisión gerenciadora la explote luego por seis meses a fin de reunir fondos que permitan pagar la deuda, obligaciones que a la fecha superan cómodamente los 120 millones de pesos. La propuesta, sin embargo, no fue siquiera considerada como una alternativa viable para una compañía famélica de capital, a la que aquella extraña terna de propietarios no habría capitalizado.
Al promediar la tarde, comenzó a barajarse una alternativa de reubicación del personal, sobre el supuesto de que LAPA será indefectiblemente liquidada. La idea considerada por Producción y por la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, consistía en prorratear al menos parte de los 870 empleados entre la reestatizada Intercargo –empresa que presta el servicio de rampas en las estaciones aéreas–, Aerolíneas Argentinas y Southern Winds, quienes heredarían las rutas abandonadas por LAPA. El esquema fue confirmado a este diario por fuentes próximas a la ministra, aunque frente a las cámaras de TV ésta eludió dar precisiones en este sentido.
Muy categórico fue su colega Fernández al asegurar que, a más tardar el martes, presentará una denuncia penal contra los responsables de la empresa. Para justificar la determinación ofreció apenas un ejemplo de lo que podría ser una administración irregular: “No se pueden vender 16 mil tickets si no hay capacidad financiera para garantizar la operación”, sentenció el ministro.