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Tres premisas básicas para mañana y el 18 de mayo:
- En primer lugar, la experiencia indica que, una vez en el poder, ningún candidato cumple, en materia de política económica, con lo prometido durante la campaña. No lo hizo Alfonsín en 1983, pese a intentarlo en la etapa inicial con Bernardo Grinspun. No lo hizo Carlos Menem en 1989, sin siquiera intentarlo. Y tampoco Fernando de la Rúa en 1999. ¿Por qué no habría de repetirse la historia esta vez? De modo que conviene no desesperarse pensando en despidos masivos de empleados estatales, y tampoco gastar a cuenta del nuevo modelo productivo y el final de la desocupación.
- En segundo término, la gran diferencia con aquellos otros momentos históricos estriba en que, en esta oportunidad, el próximo presidente no tendrá por qué debutar con un paquete demoledor, un régimen de excepción, un superajuste. El trabajo sucio fue hecho por De la Rúa (corralito), Adolfo Rodríguez Saá (default) y Eduardo Duhalde (devaluación, pesificación, ajustazo fiscal). La economía no está hoy precipitándose al abismo sino saliendo lentamente de él. Arrastra problemas terribles (deuda, desempleo, miseria, descapitalización de los bancos, desinversión, tarifas públicas), pero ninguno de ellos detona de un día para otro. Son más profundos que explosivos y el país parece haberse habituado o resignado a convivir con ellos. Así que el sucesor de Duhalde tendrá oxígeno.
No hay que descartar, sin embargo, que sobre los vencedores caiga rápidamente el peso de todas las reivindicaciones sociales. Estas acuciaron al gobierno provisional, pero sin tanto acoso por su carácter temporario. Aun así, no hubo día sin manifestaciones y cortes de calles, rutas o puentes. Quizás el nuevo gabinete se beneficie de una breve luna de miel o tregua, pero es previsible que pronto recrudezcan los conflictos, y no sólo de trabajadores o desocupados, sino también de sectores como el rural. Las presiones se descargarán sobre el fisco, que además ha estado barriendo números malos bajo la alfombra, al punto de ni siquiera gastar en imprimir pasaportes.
En sentido opuesto apretará el Fondo Monetario, cuyos amenazadores propósitos pueden deducirse del encargo del caso argentino a John Dodsworth, segundo de Anoop Singh. El FMI no está feliz con la meta de superávit fiscal primario (antes del pago de intereses) que figura en el miniacuerdo alcanzado, en el que, por cierto, ni el ministro Roberto Lavagna ni el secretario Guillermo Nielsen (Finanzas) lograron introducir nada diferente de lo consabido. Se convalida así, por ejemplo, un nivel tan bajo de inversión pública que está lejos de siquiera mantener el capital social. No obstante, es previsible que el Fondo exija más ajuste para ya mismo –es decir, el segundo semestre–, lo cual encendería un fósforo muy cerca del polvorín, aunque quizá logre postergarse todo para el 2004.
- Por último, ninguno de los candidatos con chance, según los demóscopos, de llegar al ballottage permite ilusionarse con una transformación profunda en el viciado funcionamiento institucional del país. Unos porque pertenecen al justicialismo, que, al igual que el radicalismo, contribuyó enormemente a que la corrupción, en sus más diversas formas, lo invadiese todo, desde la toma de decisiones hasta la ejecución de las políticas, pasando por el reparto de cargos y prebendas. El otro porque, durante toda una vida profesional al servicio del establishment, nunca se opuso a sus prácticas depredadoras, enemigas de la competencia, de la ley y de la transparencia. El problema, más allá del plano ético, radica en que con esta pobre calidad institucional la Argentina no puede aspirar a un crecimiento sostenido. A lo sumo puede disfrutar de rachas favorables, como gozó con el Austral y con la Convertibilidad. Pero sin Justicia, sin rendición de cuentas, sin asunción de responsabilidades, sin glasnost, todo plan agotará su parábola en pocos años. Si no hubiera elecciones y Duhalde permaneciera en el poder, terminaría ocurriendo exactamente eso. Lo penoso es que ninguno de sus probables reemplazantes augura algo diferente.
En otro orden, a quienes se plantean cuestiones como la futura evolución del tipo de cambio y otras puede resultarles útil enterarse de las ideas que esboza Daniel Novak, actual subsecretario de Programación Económica, en un reciente análisis de nueve páginas, que no fue dado a publicidad. Conviene tener en cuenta que Novak podría permanecer en el cargo si triunfara Néstor Kirchner y éste confirmara a Roberto Lavagna como ha anunciado. En el referido texto se señala, palabras más o menos, lo siguiente:
- Es previsible esperar en los próximos años un proceso de apreciación del peso. El objetivo es que esa apreciación se produzca por aumentos levemente mayores en los precios internos, a medida que la economía se reactive, que en el valor nominal del dólar. Esto equivale a decir que el poder adquisitivo interno de un dólar será cada vez menor.
- La Argentina seguirá siendo un país fuertemente endeudado, aun después de reestructurar su deuda pública. Esto implica que seguirá soportando una importante carga de servicios de deuda. Lo importante es que esa carga no inhiba las posibilidades de crecimiento a largo plazo. De no ser así, su endeudamiento volverá a ser insustentable.
- La carga de servicios de la deuda pública determinará el superávit fiscal primario estructural con el que se deberá contar para poder afrontarla. En otras palabras, la intensidad de la presión impositiva y de la restricción en el gasto público para generar un excedente o ahorro suficiente. Aquella carga también determinará el superávit comercial externo estructural que se deberá alcanzar en los próximos años (para contar en el país con los dólares necesarios, que el Estado comprará con su superávit para remesárselos a los acreedores). Esto indica –razona Novak– que el tipo de cambio real de equilibrio para la Argentina no puede ser el que nivele su balance comercial externo sino uno mayor. La política económica de los próximos años deberá procurar que la inevitable apreciación del peso no sobrepase esta restricción estructural. Vale decir, que el dólar no baje al punto de descolocar las exportaciones y alentar las importaciones hasta eliminar el superávit comercial.
- El país deberá enfrentar también el costoso proceso de recuperar una profundización financiera local (tamaño del sector bancario y el mercado de capitales en relación al PBI) que permita volcar crédito para el consumo y la producción, teniendo en cuenta la aversión al riesgo argentino de los mercados internacionales voluntarios de deuda.
- Un tipo de cambio real más alto que el que prevaleció durante la Convertibilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para consolidar la recuperación de la competitividad de la producción local en el mercado interno y en los exteriores. Hacen falta ganancias genuinas de productividad.
- La argentina no es una economía de cerca de diez mil dólares anuales per cápita, como simuló ser durante la Convertibilidad, pero tampoco de menos de 3000 dólares, como en 2002 por la sobredevaluación. A mediano plazo se estabilizará en torno de unos 6000 dólares (un Producto de u$s 225 mil millones, aproximadamente). Pero ello no debe ser el resultado de un nuevo proceso de apreciación cambiaria (revaluación del peso). La política económica debe promover el crecimiento real del PBI.
- Tras el derrumbe de la Convertibilidad se duplicó el coeficiente de apertura externa de la economía (el cociente entre la suma de exportaciones e importaciones y el Producto), que este año superará el 40 por ciento. Un objetivo central es mantener un alto grado de apertura a pesar de la inevitable apreciación cambiaria, para estimular la competitividad.
Se supone que estos lineamientos guiarían una nueva gestión del equipo de Lavagna. Y es legítimo preguntarse si, de perder Kirchner, la realidad le permitiría a otro ministro tomar un camino muy diferente y además durar.