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Las petroleras no están dispuestas a absorber el costo de las retenciones decididas tras el regreso de Jorge Remes Lenicov de Estados Unidos. Ayer volvieron a poner sobre la mesa las mismas cartas de negociación que utilizaron para alcanzar el caído impuesto a la producción del 8 por ciento: masivos despidos de operarios, que consiguieron poner del lado de sus reclamos a los gremios del sector, y aumentos en el precio de los combustibles de hasta el 40 por ciento. La llegada de Alieto Guadagni a la Secretaria de Energía por exclusiva decisión del presidente Eduardo Duhalde, sería clave en el proceso que se avecina. En este contexto el gobierno pidió “prudencia” a las petroleras y abrió una impasse hasta el lunes para seguir negociando. El objetivo, según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, es “encontrar una respuesta equitativa”. Sin embargo, adelantó que ve muy difícil que se dé marcha atrás con las retenciones dadas “las enormes restricciones fiscales” existentes.
El impuesto a la producción en boca de pozo había sido consensuado tanto por los representantes del Estado en la secretaría de Energía, como por las petroleras, los gremios del sector y las provincias productoras. Con esta fórmula de consenso, las petroleras se garantizaban una solución intermedia en términos de costo entre el aporte de suma fija y las retenciones y a cambio ofrecían no producir aumentos de precios ni despidos. Las provincias, en tanto, seguirían participando del aumento de ingresos en pesos provocado por la devaluación.
Sin embargo, luego del regreso de Estados Unidos de Remes Lenicov, el presidente Eduardo Duhalde tomó dos decisiones. Establecer las retenciones a las exportaciones petroleras y poner al frente de la Secretaría de Energía no solo a un hombre de su más estrecha confianza sino a un hábil negociador y político. La decisión de borrar con el codo lo que se había escrito con la mano apenas unos días atrás fue interpretada como una imposición del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, quienes tienen experiencia en negociar con el organismo saben que si bien el Fondo pide impuestos para el equilibrio fiscal, no suele decir cuáles deben ser esos impuestos. Por ello, sostienen que la medida fue una decisión del Gobierno para cargar el costo fiscal “en un sector y no en otro”. Los partidarios de esta hipótesis creen que Duhalde decidió estrechar su alianza con una fracción de los “productivos”, la mayoría de los grupos beneficiados con la licuación, excluyendo a las petroleras. Esta explicación se vuelve incluso conspirativa cuando sostiene que, incluso si fracasan las negociaciones y las petroleras aumentan los precios de las naftas, la inflación resultante (por el efecto multiplicador de este insumo en el resto de la economía) puede seguir contribuyendo a la licuación de la deuda de estos mismos grupos y tener “efectos reactivantes” al bajar el salario y mejorar los costos de exportación.
Pero si de alianzas de poder se trata, no faltaron quienes colocaron al nuevo secretario de Energía en la vereda de enfrente. “Es un hombre afín a las petroleras ideal para negociar aumentos de precios”, dijo a Página/12 un legislador que pidió reserva de identidad. “Es el mismo que firmó la multa que se le puso a Repsol YPF por 109 millones de dólares y que se redactó de modo tal que el Estado todavía no pudo cobrarla”, recordó. En rigor se trató de una sanción que se originado en exportaciones de gas licuado a Paraguay a menor precio de la YPF estatal.
Capitanich, en tanto, indicó que en la reunión de los representantes de las petroleras y de las estaciones de servicio con el secretario de Defensa de la Competencia “se ha tratado el eventual aumento del precio del combustible, que por ahora esta descartado”. “Pretendemos que no existan aumentos porque eso puede generar un efecto no deseado”, concluyó.