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Opinión

La ideología dominante sostiene que la única tarea legítima para los bancos centrales es controlar la inflación; ese objetivo suele perseguirse a expensas de otras metas más amplias como la creación de empleo, estabilidad financiera y crecimiento económico. Ahora, en lo que representa un cambio muy importante, el gobierno de la Argentina se enfrentó a ese “sentido común” neoliberal y modificó la Carta Orgánica del Banco Central: amplió su mandato para incluir el crecimiento económico y la estabilidad financiera, y le dio la capacidad para utilizar más herramientas para impulsar la colocación de crédito destinado a la promoción de inversiones productivas y a la creación de empleo.

En marzo, el Congreso aprobó la nueva legislación que regula el funcionamiento de su Banco Central y el sistema financiero. Esta nueva legislación marcó el último paso formal en la reorganización de las reglas que gobiernan el funcionamiento de la política monetaria y cambiaria del Banco Central después del desastroso plan de convertibilidad que ató la moneda argentina al dólar en 1991. La ley de convertibilidad exigía que el Banco Central mantuviera fija la cotización del tipo de cambio peso/dólar en lo que fue una versión extrema de la política monetaria neoliberal concentrada en el objetivo excluyente del combate a la inflación a expensas del crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo.

La reforma del Banco Central instituyó un triple mandato que incluye la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con creación de empleo y equidad distributiva. La reforma también crea nuevos instrumentos de política fiscal y monetaria: permite que el BCRA preste al gobierno directamente hasta el 12 por ciento de la base monetaria y que adelante fondos que corresponden a no más del 10 por ciento de los ingresos fiscales en los 12 meses previos. Además habilita el uso de las reservas internacionales para el pago de las obligaciones de deuda externa del gobierno nacional, eliminando algunas restricciones que existían para el uso de esos recursos. Tal vez el aspecto más importante es que la reforma permite que el Banco Central ofrezca fondos a los bancos locales y otras instituciones financieras para el financiamiento de inversión productiva de largo plazo.

La nueva legislación ya está cosechando críticas desde la ortodoxia. La revista británica The Economist, por ejemplo, proclamó que el Banco Central argentino se convirtió en el “chanchito” del gobierno argentino, “perdiendo la última porción de su independencia legal” (3 de marzo de 2012, www.economist.com/node/21551507). Esto, sostienen ellos, conducirá a una inflación desenfrenada y masivo déficit presupuestario.

Sin embargo, el nuevo mandato está en sintonía con las prácticas históricas de los bancos centrales. A lo largo de la historia, los bancos centrales han estado integrados al marco global de la política macroeconómica de los gobiernos. Esto ha sido así no sólo en los países en desarrollo sino también en muchos de los países hoy “desarrollados” en Europa, Japón e incluso en Estados Unidos y en Inglaterra. La coordinación de los banqueros centrales con las autoridades fiscales y el impulso a las políticas de expansión del crédito fueron fundamentales para la recuperación de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en el crecimiento y desarrollo de las experiencias exitosas del Sudeste asiático como Corea del Sur, Taiwán, China e India, y en Estados Unidos e Inglaterra en algunos sectores específicos como el sector inmobiliario después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Recientemente, políticas muy similares han sido propuestas para ayudar en la creación de empleo y lograr una transición hacia una economía verde. Pero que no quede ninguna duda: esas políticas pueden ser y han sido abusadas. Como señaló la economista Alice Amsden en su libro seminal The Rise of the Rest, para lograr el éxito se deben establecer requerimientos de desempeño para el acceso al crédito subsidiado y se debe mantener un monitoreo cercano de las políticas de colocación de préstamos. Lo mismo se debe hacer para las relaciones entre los bancos centrales y los gobiernos. Pero estas tareas no son más complejas que asegurarse que los llamados bancos centrales independientes actúen en nombre del interés de toda la sociedad, antes que impulsar los intereses de un pequeño grupo privilegiado, usualmente el sector financiero. A lo largo de la gran crisis que estamos experimentando, y durante el colapso económico argentino en 2001-2002, hemos visto los altos costos del vínculo íntimo entre los bancos centrales y el sector financiero.

Poco a poco se está construyendo un respaldo internacional para la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Cartas de apoyo a esos cambios fueron enviadas por economistas en distintas partes del mundo (como Estados Unidos e Inglaterra, y ya está lista otra misiva desde Turquía). Esperamos que este apoyo se fortalezca rápidamente, a medida que la presión desde los detractores seguramente se acumule. Esperamos que otros países observen de cerca la experiencia argentina y se inspiren para sumergirse en un camino similar: la transformación de sus bancos centrales, para que actúen menos como agentes de las finanzas y la inestabilidad, y más como agentes de la equidad y el desarrollo económico.

* Co-director del Political Economy Research Institute (PERI) y Safer, Universidad de Massachusetts, Amherst.