Pueblos que denuncian fumigaciones en ocho provincias, movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones socioambientales explicitaron los impactos del modelo agropecuario actual, responsabilizaron a los “tres poderes” del Estado por las consecuencias ambientales y sanitarias y lanzaron una campaña nacional contra los agrotóxicos. Sucedió en el Encuentro nacional de Pueblos Fumigados, en paralelo al primer juicio por fumigaciones que se desarrolla en Córdoba, donde explicaron que los agronegocios y la megaminería son parte del mismo modelo (“extractivo”) y denunciaron la “violencia desatada desde el Estado, las empresas y sus grupos armados contra quienes defienden los bienes comunes”.

En Córdoba se desarrolla desde el 11 de junio el primer juicio oral y público por fumigaciones. Se trata de dos denuncias (de 2004 y 2008) por aspersiones en el barrio Ituzaingó Anexo que llegaron a juicio en la Cámara I del Crimen (son acusados dos productores y un piloto de avión fumigador). El fundamento es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051), que prevé penas de prisión de tres a diez años al que “contamine” de un modo peligroso para la salud.

“Hoy todos los pueblos fumigados somos el barrio Ituzaingó Anexo ya que también estamos siendo afectados por los agrotóxicos que nos envenenan, nos enferman y nos matan. Exigimos justicia para Ituzaingó Anexo y para todos los pueblos fumigados del país”, reclama el primer punto de la declaración del Encuentro de Pueblos Fumigados.

Realizado el 15 y 16 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), concurrieron decenas de referentes de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. También participaron asambleas ciudadanas, ONG ambientales, organizaciones sociales, movimientos campesinos y comunidades indígenas.

“Denunciamos la incapacidad del Estado en sus tres poderes para reconocer los impactos del uso de agrotóxicos como problema ambiental y de salud pública”, remarcaron en el documento final, en el que proponen leyes para proteger a las poblaciones cercanas a los campos, solicitan vigilancia epidemiológica para los pueblos que acumulan denuncias y tratamiento médicos urgentes para los afectados.

Recordaron a víctimas de los “agrotóxicos y el modelo de agronegocios”: Nicolás Arevalo y José Rivero, niños “muertos por intoxicación por agrotóxicos” en Puerto Viejo Lavalle (Corrientes); Ezequiel Ferreyra, niño muerto por “manipular agroquímicos en condiciones de explotación infantil en la empresa Nuestra Huella” en Pilar (Buenos Aires) y a Néstor Vargas, trabajador rural muerto por “manipular agrotóxicos como trabajador explotado” en un establecimiento rural de Vera (Santa Fe).

El viernes 15, en Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner detalló en público una reunión con la empresa Monsanto (líder mundial en semillas transgénicas y agroquímicos) y anunció que la compañía confirmó la radicación de una planta en Córdoba. “Es un inversión muy importante en Malvinas Argentinas, Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla de carácter transgénico. También dos centros de investigación y desa-rrollo, uno en Tucumán y otro en Córdoba”, adelantó la Presidenta en la sede del Consejo de las Américas y precisó que, en el encuentro con los ejecutivos de Monsanto, les explicó la posibilidad de “extender la frontera agropecuaria” hacia la Patagonia.

El documento final de los pueblos fumigados explicitó el “repudio al anuncio de Monsanto de radicar su proyecto de producción de semillas transgénicas más grande del mundo precisamente en Córdoba” y recordó que la empresa es “claramente cuestionada en el juicio” por fumigaciones en Ituzaingó Anexo. “En lugar de un modelo productivo basado en la contaminación, envenenamiento y muerte es posible producir sin agrotóxicos. Nuestra lucha es por una producción sana y sustentable en el tiempo, como lo hacen campesinos e indígenas que resisten los desalojos y desmontes en todo el territorio nacional”, explicó Pablo Riveros, uno de los moderadores del encuentro.

El primer Encuentro nacional de Pueblos Fumigados fue en 2010 en Santa Fe. Este segundo encuentro tuvo la particularidad de contar con mayor presencia de pueblos y organizaciones, y sobre todo de explicitar la articulación para el lanzamiento de la “Campaña nacional contra los agrotóxicos y por la vida”, que aborda seis ejes: sistema productivo (monocultivo, transgénicos, agrotóxicos), soberanía alimentaria, legal (presentación de denuncias, creación y reforma de leyes, reclasificación de agrotóxicos), salud, educación (“nunca más escuelas fumigadas”) y difusión.

El eje del encuentro fue el cuestionamiento al modelo agropecuario, pero fue englobado en la situación macro del “modelo extractivo” (petróleo, minería, monocultivo forestal). “La megaminería y los agronegocios destruyen nuestras formas de vida y nuestro entorno en nombre de un supuesto crecimiento económico que sólo es lucro para unos pocos”, alerta el documento final del encuentro, advierte la “violencia desatada” sobre los militantes que cuestionan el modelo extractivo y exige la “derogación de la ley antiterrorista”.