El hallazgo de legajos con fotografías de cuerpos atados y torturados que fueron arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas uruguayas durante la última dictadura se convirtió el año pasado en la primera prueba judicial, documentada, de los “vuelos de la muerte”. El juez federal Sergio Torres intenta ahora dar un paso más y rastrear dónde están esos cuerpos que podrían ser los de 21 desaparecidos, con la expectativa de identificarlos y poder devolver los restos a sus familias. Para eso, la semana pasada firmó un exhorto que será enviado a Uruguay con un pedido de apertura de todos los archivos judiciales, del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad que puedan ayudar a reconstruir lo que sucedió desde el momento en que esas personas sin vida fueron recogidas de las aguas.

En octubre del año pasado, Torres, a cargo de la investigación sobre los crímenes cometidos en la ESMA, viajó a Estados Unidos para consultar documentación del archivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial aquella vinculada con la visita de ese organismo a la Argentina en 1979. Había más de treinta cajas, que parecían haber permanecido sin abrir desde entonces. El juez revisó una por una y fue allí donde encontró una carpeta amarilla con un centenar de fotografías que acompañaban informes sobre cuerpos que aparecieron, al parecer, entre 1976 y 1978, cerca de distintos pueblos de la costa del país vecino: Colonia, Carmelo, José Ignacio, Balizas, Laguna de Rocha, Laguna de Garzón, Piriápolis, Solana del Mar, La Paloma.

Los reportes estaban escritos a máquina, por agentes de inteligencia de la Prefectura uruguaya y algunos por peritos. Incluían descripciones como la siguiente: cuerpo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro, complexión mediana, unos treinta años, tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. “Indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”, añadía. Otro parte hablaba de “fractura de muñecas, como si hubiera estado colgada de ellas; quemaduras en ambas manos; derrame sanguíneo interno provocado por la rotura de vértebras” y “zona pubiana, anal y perianal destrozada con objetos punzantes”.

Las fotos mostraban las manos y los pies atados con sogas, tiras de persianas e incluso cables. Las marcas de la tortura eran visibles. Podía haber varias tomas de diferentes partes de un mismo cuerpo. En el juzgado de Torres entienden que esas imágenes dan cuenta de las condiciones en que se encontraban las víctimas y cómo eran arrojadas al mar desde aviones. Los informes daban casi por hecho que provenían de la Argentina. A veces por la ropa de una determinada marca. O por las corrientes marítimas se consignaba que –según se analizaba en un mapa– Buenos Aires era posible punto de origen.

Había notas al pie de los informes de inteligencia que ofrecían fuertes indicios de que las autoridades uruguayas sabían o presumían el origen de estos casos que en los papeles rotulaban como “hallazgo de un cuerpo sin vida”. También dan pistas de cómo se procedía. Una decía: “Este primer hallazgo no hizo pensar en un primer momento que se estuviera nuevamente ante la presencia de nuevos asesinatos políticos. Sin embargo, la claridad del informe sobre las torturas que había recibido la víctima, junto con el hallazgo del cuerpo, hicieron cambiar de modo de pensar a la jefatura de Inteligencia, haciendo de este procedimiento uno especial”. Otra advertía: “El hallazgo de este cadáver llenó de miedo a los militares uruguayos y argentinos, al pensar que se trataría de una nueva cadena de hallazgos. A tal punto se llegó a esto que se prohibió a la prensa todo acceso al caso, y sólo se hacían comunicados de prensa desde Prefectura”.

El exhorto

Ciertos datos que en aquellos documentos podrían parecer simples asuntos burocráticos representan mucho más, según analizan en el juzgado de Torres. “Actuación del juez de Paz de la 14ª sección judicial de Colonia”, decía una ficha. Otras asentaban incluso el nombre de los magistrados: “juez letrado de instrucción de 5º turno, Dr. Milton H. Cairoli” o “juez de 1º turno Dr. Daniel Gutiérrez”, son algunos de los mencionados. La identificación de esos y otros jueces que tomaron intervención ante la recuperación de cuerpos muestra que junto con la actuación militar hubo una actuación judicial que en algún momento debió definir hasta dónde investigar, qué hacer con ellos. Ese recorrido –junto con las decisiones que los signaron– es lo que la Justicia argentina se propone desentrañar. El principal objetivo que plantea el exhorto firmado por el juez Torres, al que accedió Página/12, es el de conseguir la colaboración del Estado uruguayo para la desclasificación de todos los archivos administrativos y judiciales que puedan ayudar a determinar dónde fueron enterrados los cadáveres y hacer los estudios (del Equipo Argentino de Antropología Forense) necesarios de los restos para determinar si corresponden a desaparecidos. La petición, que invoca el protocolo de asistencia jurídica mutua del Mercosur y explica que se investigan delitos de lesa humanidad (imprescriptibles), va dirigido al juez de turno en Uruguay. Afirma que en ese país “podrían hallarse importantes elementos de prueba que podrían resultar útiles para la investigación” y requiere:

- Toda la documentación que se encuentre en dependencia del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad que pueda dar cuenta del descubrimiento de cuerpos en las costas uruguayas entre 1976 y 1982.

- Los informes militares que eran elaborados ante la aparición de los cuerpos. Los documentos de inteligencia de la Prefectura.

- Todos los expedientes que se hayan labrado al respecto en la Dirección Nacional de Policía Técnica. Como referencia, se proporciona el listado de los 21 casos que surgen de la carpeta de la CIDH, que incluye la fecha de cada hallazgo.

- Las causas judiciales que se hayan iniciado ante cada aparición de cuerpos sin vida en las costas y las actuaciones que incluyeron.

- Que se informe el lugar exacto donde fueron inhumados o bien la constancia de su cesación, si es que la hay.

- Los ejemplares de los diarios locales que aludieran a la aparición de los cuerpos.

- Registros fílmicos o de audio que pudieran aludir “a la incineración de cinco cadáveres hallados en el Río de la Plata en el año 1976”.

- Determinar si las autoridades argentinas eran notificadas; quiénes y cuándo recibieron (si es que hay constancia) esos avisos.

El juez uruguayo tendrá que abrir una causa para tramitar el exhorto. También intervienen las cancillerías de ambos países.

La reconstrucción

Los originales del material que la CIDH atesoraba desde hacía 32 años fueron entregados a Torres en diciembre último para ser incorporados a la causa.

No se conoce aún a ciencia cierta cómo llegó a manos del organismo internacional, pero todo hace suponer que quien lo entregó o envió a la delegación que vino a evaluar la situación argentina en pleno terrorismo de Estado fue un ex miembro de inteligencia de la Prefectura uruguaya, Daniel Rey Piuma, que desertó y en 1980 se recluyó en Brasil. Piuma se llevó documentos y en un libro que publicó ocho años después, Un marino acusa, reflejó informes con un relato coincidente sobre el descubrimiento de los cuerpos en las aguas, además de referirse a la coordinación entre las dictaduras de la región. Todo hace suponer que él mismo podría ser autor de los informes de Prefectura e incluso quien tomó las fotos. Recientemente, el juzgado de Torres lo contactó y está en plena gestión para que venga a dar su testimonio a la causa ESMA.

En el exhorto, Torres les explica a sus interlocutores uruguayos que los vuelos de la muerte eran “efectuados por personal de la Armada Argentina” y que el procedimiento “comenzaba con el reclutamiento de determinados prisioneros a los que se les inyectaba Pentonaval (pentotal), lo que les ocasionaba un adormecimiento general del cuerpo y la conciencia. Luego de esa inyección eran subidos a un camión que los trasladaba hasta una aeronave desde la cual, según las constancias de la causa, eran arrojadas con o sin vida al Río de la Plata (...) formaba parte de la metodología para deshacerse de los cuerpos de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada”.

La Justicia sigue el rastro de esos cuerpos como apuesta para completar, con el apoyo de Uruguay, la reconstrucción de lo ocurrido y la reparación para los familiares de los desaparecidos.