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“No es necesario entregar nuestra soberanía para atraer una inversión extranjera. Esos capitales van a seguir viniendo al país porque les es conveniente”, señaló a Página/12 Cecilia María Minaverry, ganadora de la segunda edición de las becas Néstor Kirchner. En “El fracaso de la fórmula TBI+Ciadi ante la crisis argentina de 2001”, Minaverry analiza el proceso de firma de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y la pérdida de soberanía que representan en la medida en que garantizan al inversor foráneo la posibilidad de, ante un eventual conflicto, recurrir directamente al Ciadi, tribunal arbitral que depende del Banco Mundial, sin tener que pasar por la Justicia argentina. “Se les otorgó una serie de beneficios en una situación económica irreal, y esto lo sabían los inversores”, explica en relación con la década del 90.

Minaverry estudió abogacía con especialización en derecho tributario en la Universidad de Buenos Aires. Luego realizó un master en Estudios Internacionales en la Universidad del País Vasco, España, con una beca del gobierno vasco. “Mientras estaba en Bilbao, un profesor me preguntaba, sorprendido, cómo se pudo haber instalado la idea en Argentina de que la convertibilidad podía durar tanto tiempo. Me pidió que hiciera un trabajo para mostrar aspectos salientes de ese modelo, en particular, la herencia en relación al Ciadi y los tratados bilaterales de inversión”, cuenta Minaverry, que actualmente trabaja como abogada en la AFIP, dirección regional Córdoba.

–¿En qué consisten los TBI?

–Argentina planteó la firma de estos tratados en la década de los 90 como una forma de atraer la inversión extranjera. No estaban adaptados a la situación particular de cada inversor según especificidades sectoriales. Todos los tratados son similares y en ellos se garantizaron condiciones favorables a los inversores. Muchos se concentraron en servicios públicos, de modo que están vinculados a las privatizaciones, tanto de empresas que formaban parte de los activos del Estado nacional como de las provincias. Eso les aseguró a las empresas que recibirían una tarifa en dólares, entregándoles la potestad de modificarla y la posibilidad de girar utilidades sin restricción, entre otras condiciones. En cambio, se les exigía una inversión mínima. La firma de estos tratados surgía en la negociación con inversores particulares. Telecom, por ejemplo, analizaba su desembarco al país y a partir de ello se firmaba un tratado entre Argentina y Francia. Otra característica muy relevante es que los tratados tomaban al Ciadi como tribunal internacional, sin la necesidad de agotar la instancia local.

–¿Qué rol jugaron los organismos internacionales de crédito en la promoción de la firma de tratados?

–El Banco Mundial en los 90 cambió su política de otorgar crédito para concentrarse en el impulso a la inversión privada. Con esa lógica, buscó garantizar a las empresas, mediante los TBI, que los países en desarrollo no iban a cambiar las condiciones que aseguraban la ganancia privada, y que ante cualquier problema las firmas podrían recurrir al Ciadi. Los laudos del Ciadi, por ejemplo, no pueden ser revisados por ninguna instancia superior. Esto se promovió desde los organismos internacionales.

–¿Cuál es la hipótesis del trabajo por la cual ganó la beca?

–Allí planteo que en los ’90 no se tuvieron en cuenta todos los problemas que podía traer la firma de los TBI frente a un cambio en las condiciones económicas. En definitiva, se garantizó a las empresas una serie de beneficios en una situación económica irreal, como la convertibilidad. Esto lo sabían muy bien los inversores, por eso buscaron protección en los tratados. Cuando en 2001 cambiaron las condiciones para todos los actores de la economía nacional, los inversores extranjeros recurrieron al Ciadi.

–¿Qué consecuencias trajo para la Argentina esta situación?

–El daño es económico, porque los reclamos de las empresas involucran mucho dinero. No creo que esto afecte a la imagen del país. Los inversores sabían que la fantasía de la convertibilidad no iba durar mucho tiempo. Argentina es uno de los países que más tratados firmó. Incluso hubo muchos otros países que acordaron TBI, pero sin quedar sometidos al Ciadi.

–¿Por qué es tan nocivo tener que dirimir los conflictos en el Ciadi?

–En el Ciadi, por ejemplo, se eligen árbitros para cada caso puntual, y no tiene una jurisprudencia pareja. Es decir que pueden fallar de una forma y, en una situación similar para otro caso, hacerlo en forma inversa. Encima, no hay una instancia superior para recurrir. El Ciadi tiene una lista de árbitros y los estados a donde pertenece el capital de la firma, cuando se plantea la controversia, hacen su propuesta. Argentina también propone árbitros y tiene la posibilidad de impugnar alguno.

–Hubo multiplicidad de resultados en el Ciadi. En algunos casos también se llegó a acuerdos con las empresas para que desistan del juicio.

–Sí, está la posibilidad de desistir del conflicto a partir de un arreglo. El Estado paga y el inversor retira la demanda. También hubo casos en los que Argentina ganó, porque se reconoció que el cambio en las condiciones económicas no fue un capricho. En otras situaciones los mismos inversores retiraron la demanda y desistieron por cuenta propia. En 2009 se planteó acumular las causas y poder definir todo junto, pero no prosperó.

–¿Qué considera que debe hacerse en la actualidad para avanzar en la solución de los conflictos en el Ciadi?

–Hay que tomar el planteo de los casos que se resolvieron a favor de la Argentina, pero no es fácil, por la ausencia de jurisprudencia. La situación que debe soportar nuestro país representa una advertencia para los Estados que están en crisis. No es necesario ofrecer condiciones incumplibles. No era necesario que Argentina firmara esa cantidad de tratados en esas condiciones, entregando la soberanía para atraer a la inversión extranjera.