La Sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir una investigación sobre el despojo de un costoso departamento en Recoleta donde vivían Dolores, Marcela y Eduardo Mallea cuando un grupo de tareas secuestró a su hermana mayor, Alicia Mallea, una estudiante de derecho de 22 años que estaba a cargo de ellos desde la muerte de sus padres. El inmueble estaba ubicado en el mismo edificio donde vivía el almirante Armando Lambruschini. Era el único lugar que tenían los chicos, que habían quedado desamparados, para rehacer su vida. Pero el juez civil que encabezaba el expediente tutelar, con la venia del asesor de menores, resolvió que no podían vivir más allí y los repartió entre familias de conocidos.

Dolores tenía 14 años cuando, en abril de 1976, un grupo de hombres armados de Coordinación Federal se llevaron a su hermana Alicia en pleno almuerzo del departamento de la calle Pacheco de Melo. Estaban su novio, Roberto Vera Barros, y Esteban Ojea Quintana, quienes, al igual que Alicia, eran empleados de Tribunales y siguen desaparecidos. La patota había ingresado habilitada por la custodia de Lambruschini. Además de la causa en la que se investiga la desaparición de su hermana Alicia, Dolores impulsó otro expediente para que se establezca cómo fue que ella y sus hermanos se quedaron sin vivienda y perdieron los pocos bienes que tenían, además de exigir una reparación. Ahora, el abogado que la representa en la querella, José Luis Fabris, pedirá que se analice la responsabilidad del juez civil Miguel Angel Vilar y del asesor tutelar Silvio Pestalardo.

Las medidas para profundizar la investigación deberán ser tomadas por el juez federal Sergio Torres, quien había cerrado la causa por “inexistencia de delito”. La Sala II de la Cámara Federal, con las firmas de Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah señaló en una resolución de mediados del mes pasado que “restan indagar algunas aristas que podrían arrojar mayor luz sobre la forma en que se desenvolvieron los eventos objeto de este sumario”. Entre ellas, señaló que no se analizaron suficientes documentos sobre la propiedad del departamento ni una serie de personas que estuvieron a cargo de los niños tras la desaparición de Alicia, a lo que luego se sumó el asesinato de otro de los hermanos, mayor de edad, Alejo Mallea, quien estuvo secuestrado en la ESMA.

Cuando en junio último contó su historia ante la Cámara, Dolores dijo que tras el secuestro de Alicia pidió ayuda a un tío, y una mujer ligada a él se quedó viviendo con ella y sus hermanos en el departamento de Recoleta, que tenía un living de diez metros y cuatro dormitorios. Pronto advirtió que carecían de protección real y ayuda económica. No les daban el dinero del alquiler de la cochera ni la pensión de su padre. Entonces recurrió al juez Vilar, quien –enfatizó el abogado Fabris– en lugar de verificar la titularidad del departamento y las deudas dispuso “que los menores fueran retirados” de esa vivienda “sin fundamento jurídico ni real” en octubre de 1976. “El mismo Estado que había cometido los secuestros, en lugar de proteger a los hermanos menores, los despojaba de sus bienes por medio del Poder Judicial”, señaló. Los chicos, separados, peregrinaron de casa en casa. El inmueble a la larga fue entregado a la quiebra de la inmobiliaria Lanusse, donde la había comprado Mallea padre.

Después del atentado en la casa de Lambruschini, en agosto de 1978, Dolores quiso volver a entrar a su departamento a buscar algunas cosas. Había una faja del juzgado de Vilar, que le cerró las puertas para siempre.