El jueves arranca un nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en jurisdicción de Campo de Mayo. Un núcleo serán siete casos de militantes mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia puede pensarse como puerta de entrada a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP

en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción. El juicio además acaba de incorporar la caída de dos jóvenes militantes de la UES, asesinados mientras distribuían volantes en la plaza de Martínez. Ese caso es clave para entender la potencia que pueden tener en este momento los testimonios de los viejos colimbas que se acercan a declarar como testigos de los operativos: la declaración de uno de ellos permitió identificar y detener recientemente al teniente Carlos Tomás Macedra, cabeza del operativo, ejecutor de esos crímenes que estará sentado por primera vez en el banquillo. Serán juzgados nuevamente Omar Riveros y Reynaldo Bignone, pero hay otras cinco situaciones como la de Macedra: torturadores, interrogadores o jefes de patotas que quedaron detenidos en el último año y van a ser juzgados por primera vez.

El juicio empieza a las 10 en la nueva sala destinada a los juicios de Campo de Mayo, ubicada en la calle Pueyrredón 3728 de San Martín. Es el séptimo juicio del distrito. En abril del año pasado terminó el juicio a, entre otros, Luis Abelardo Patti. A los graves problemas en la instrucción, con causas que durante años avanzaron a cuenta gotas, se sumó la dificultad de obtener una sala. A fuerza de pedidos y pedidos, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia zona norte logró esta sala gestionada por el Consejo de la Magistratura.

El debate sumará ahora una serie de expedientes de distintos espacios. El primer núcleo son las embarazadas. Pese a que ese núcleo permitió darles alguna unidad a causas que venían completamente atomizadas y fragmentadas por el tipo de instrucción que hizo el juez Alberto Suares Araujo y que además permite leer la sistematicidad de la práctica a través de la sucesión de casos, es posible pensar que a las víctimas les quita la posibilidad de ser leídas en clave de sus inserciones políticas.

Las siete con sus compañeros están desaparecidos. Ellos son Marta Graciela Alvarez y su compañero Francisco Hugo Mena; con ellos cayeron Francisco Tiseira, Julio Visuara y Norma Argentina Benavides, que en este caso son víctimas de este juicio. Luego, se revisará el caso de Ana María Lanzillotto y Domingo Menna. También, María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda; Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez Sesarego; Miryam Ovando y Raúl de Sanctis y el caso de Susana Stritzler pero no el de su compañero Armando Castro, asesinado en su caída. Además, se verá el caso de Beatriz Recchia y Antonio Domingo García, en un tramo que incluirá el secuestro de horas de su hija Juliana que tenía tres años.

“Ana María estaba embarazada de ocho meses cuando la secuestraron”, dice Eduardo Brizuela Lanzillotto, su sobrino. “Por testimonios supimos que la vieron en Campo de Mayo, se sabe que el embarazo llegó a término, que dio a luz y estaba bien, algunos dicen que nació una niña, pero no tenemos seguro si fue niña o niño. Nosotros esperamos que en el juicio se abra la posibilidad de que esta gente diga qué pasó con esa criatura, aparte de saber qué pasó con mis tíos. Nos encantaría mucho llegar a mi prima o primo. Su hermano Ramiro lo sigue buscando incansablemente. Ahora queremos saber qué pasó con sus padres, qué pasó con sus compañeros y que pasó primordialmente con el bebé.”

Otro eje será el caso de Florencia Villagra y Gustavo Cabezas. Militaban en la UES, tenían 18 años y el 10 de mayo de 1976 repartían volantes en Martínez. Un grupo de la Compañía Demostración de la Escuela de Comunicaciones, a cargo del teniente primero Carlos Tomás Macedra, los interceptó. Macedra sacó su 45, le pegó Gustavo en la cabeza y le dijo: “Hijo de puta, vas a cantar todo lo que sabés”. A Gustavo lo subieron sangrando a una camioneta. Florencia logró zafar de quien la sujetaba, pero recibió un tiro por la espalda cuando corría. Daniel Cabezas es el hermano de Gustavo. Encontró en Facebook a José Luis Aguas que en 1976 era conscripto. Aguas declaró ante el juez de instrucción en España y esa declaración permitió en mayo del año pasado detener a Macedra que ni siquiera figuraba en las listas de represores. Gustavo está desaparecido.

“Lo importante de esto es insistir con los colimbas”, dice Daniel Cabezas, querellante de la causa e impulsor con la Comisión de Campo de Mayo de la campaña que estimula los testimonios de los ex conscriptos. “José Luis Aguas era un colimba que participó del operativo y con su aporte logramos reconstruir todo lo que sucedió con detalles muy precisos, no sólo del operativo sino de la personalidad de Macedra, un teniente primero que en otro momento viola a una piba, eso lo cuenta Aguas. Lo destacable es ver cómo a través de ellos logramos reconstruir esto, lo que no sabemos es qué pasó con mi hermano. Después de que se lo llevan de la plaza perdemos el rastro, pero por lo que cuentan los colimbas supimos que lo llevaron al Batallón Esteban de Luca, y de ahí no sabemos a dónde.”

Entre los acusados, además de Riveros y Bignone hay otros de jerarquía, entre ellos algunos serán juzgados por primera vez. Ellos son Luis Sadí Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares en 1977 que llega a juicio por Antonio García y Beatriz Recchia. También, Carlos Eduardo José Somoza, alias “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los torturadores más violentos de El Campito; Eduardo Oscar Corrado, del comando de Institutos Militares; Julio San Román, alias “Cacho”, oficial de Gendarmería, uno de los jefes de la custodia de El Campito y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, también de Gendarmería, el otro jefe de la custodia.

También serán juzgados los apropiadores directos de Laura Catalina de Santis, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, oficial de inteligencia del Batallón 601 y su mujer María Francisca Morillo.

El juicio estará a cargo de los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone. El fiscal será Marcelo García Berro. Actuarán como querellantes los abogados Mariano Gaitán, Florencia Sotelo y Alan Iud de Abuelas de Plaza de Mayo; Ciro Annicchiarico por la secretaria de Derechos Humanos de Nación y Pablo Llonto por el caso Cabezas.